Los conservadores proponen que los jueces elijan a sus 12 vocales del Poder Judicial

Este jueves concluyen los seis meses que tenía el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para presentar una propuesta de reforma del sistema de elección de los 12 vocales jueces, y tanto los vocales progresistas como los conservadores dan por hecho que ese plazo no se va a poder cumplir. La presidenta del órgano, Isabel Perelló, ha convocado un pleno extraordinario este miércoles con la intención de lograr un acuerdo in extremis para que, aunque sea fuera de plazo, se cumpla con el mandato de presentar una propuesta refrendada por una mayoría de tres quintos del pleno (13 de los 21 miembros del órgano). La única vía que ven posible los progresistas es consensuar un documento que recoja los planteamientos opuestos de cada grupo, pero los conservadores, por ahora, rechazan esta opción y han registrado su propio documento, una propuesta de máximos para que los 12 vocales jueces sean elegidos por la carrera sin ninguna participación del Congreso y el Senado. Ambos grupos apurarán las conversaciones hasta el último momento para tratar de encontrar una salida.

El acuerdo alcanzado en junio pasado por el PSOE y el PP para renovar el CGPJ incluyó una ley orgánica que obligaba a los nuevos vocales a elaborar un informe que analizara los sistemas europeos de elección de los Consejos análogos al español y a formular una propuesta de reforma del sistema de elección de los 12 vocales jueces (la designación parlamentaria de los otros ocho, juristas de prestigio, está blindada en la Constitución). La ley imponía cuatro condiciones: que la propuesta fuera aprobada por tres quintos del pleno; que contemplara “la participación directa de jueces y magistrados”; que pudiera ser “evaluada positivamente por el informe del Estado de derecho de la Comisión Europea”; y que establezca “un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos”.

Un grupo de trabajo coordinado por cuatro vocales (dos progresistas y dos conservadores) ha trabajado desde octubre para lograr un texto común, pero, a 48 horas de que expire el plazo, el acuerdo se ve inalcanzable. Las discrepancias, según fuentes del órgano, no se limitan a la decisión final de quién elige a los vocales —los progresistas insisten en que debe hacerlo el Parlamento y los conservadores, los jueces— sino que tampoco hay consenso sobre cómo plasmar el desacuerdo. Los progresistas, según fuentes de este grupo, consideran que lo que el pleno del CGPJ encomendó al grupo de trabajo es llevar una propuesta conjunta y que, si eso no ha sido posible, hay que esperar a que el pleno decida el siguiente paso. Los conservadores, sin embargo, sostienen que si no ha sido posible consensuar un único texto, ellos están habilitados para hacer el suyo y llevarlo a la votación del pleno.

Siguiendo este criterio, el grupo de vocales propuestos por el PP presentó el pasado viernes su propia propuesta, para que fuera incluida en el orden del día del pleno. El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, incluye un articulado de lo que, según estos vocales, debería ser la futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El artículo 1º de esa norma sienta las bases del modelo de elección por el que apuesta este grupo, en la línea de lo defendido por lo defendido por el PP en los últimos años: “Los doce vocales judiciales que, de acuerdo con el artículo 122.3 de la Constitución española, integran (junto con ocho vocales juristas y la persona titular de la Presidencia del Tribunal Supremo) el Consejo General del Poder Judicial, serán elegidos por sus pares, sin participación del Parlamento o del Ejecutivo en ninguna fase del proceso de selección”.

La propuesta contempla que todos los jueces o magistrados puedan presentar su candidatura con 25 avales o con el aval de una asociación judicial. Además, cada asociación podrá presentar una candidatura completa de 12 miembros. El Supremo, en un informe enviado al CGPJ a petición de este, advirtió de que si se optaba por la elección directa por parte de los jueces habría que introducir mecanismos para garantizar el pluralismo y mitigar el riesgo de “la obtención de mayorías absolutas por parte de algunas candidaturas”. De los mecanismos sugeridos por el alto tribunal, la propuesta conservadora incorpora dos: que la elección se haga por listas abiertas y de forma que cada elector pueda marcar “hasta un máximo” de 8 candidatos de los 12 a elegir, pero descarta que, como planteó la Sala de Gobierno, se garantice la presencia de todas las asociaciones y de jueces no asociados.

El documento presentado por los conservadores sí establece cupos para cada categoría de la carrera para asegurar que todas estén representadas: tres de los 12 jueces que entren en el CGPJ deben ser magistrados del Tribunal Supremo, otros tres magistrados con una antigüedad mayor de 25 años y seis, jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad. Además, dentro de cada una de las categorías, se aplicarán “criterios de paridad hombre y mujer entre los más votados”. “Cuando el número sea impar, la elección se otorgará al candidato restante más votado con independencia de su sexo”, recoge el texto, que establece que la elección se lleve a cabo “mediante voto libre, igual, directo y secreto” de forma presencial o por correo postal, dejando fuera la posibilidad de voto telemático y limitando el voto presencial a las sedes de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos. Este modelo es similar al que se usa en la elección de las salas de gobierno y del que se quejan las asociaciones minoritarias porque consideran que dificulta el voto.

Fuentes del grupo conservador aseguran que esta es una propuesta de “máximos”, y que quienes la suscriben (los vocales 10 vocales de este bloque) están abiertos a hacer cambios si los progresistas se avienen a que, en vez de 12, sean 10 los vocales directamente elegidos por la carrera. “Que aceptemos que sean menos de 10 es difícil”, señala un vocal de este sector.

Los consejeros progresistas descartan esta posibilidad. Este grupo ha estado trabajando en las líneas generales de su propuesta, pero ha decidido no presentar su propio informe, a la espera de lo que acuerde el pleno. Fuentes de este bloque explican que defenderán que el CGPJ no tiene que hacer una “iniciativa de ley” como han hecho los conservadores porque eso, entienden, escapa a la competencia del CGPJ. Lo que propone este sector es que se apruebe un informe que, respetando los extremos de la ley aprobada por el PSOE y el PP, “ayude a mejorar el sistema de elección, haya o no acuerdo”.

Este grupo defenderá que el encargo que le hicieron los partidos pasa por proponer una mejora del sistema de elección de vocales judiciales y no judiciales, “sin renunciar a la participación parlamentaria, pero sí mejorando el proceso de selección entre jueces y en sede parlamentaria”. Los progresistas rechazan que, como sostienen los conservadores, la UE imponga que los vocales jueces tienen que ser elegidos exclusivamente por los jueces. “No existe un modelo europeo de organización judicial”, señalan fuentes de este sector, que defenderá en el pleno que ninguna norma jurídicamente vinculante de la UE impone un modelo de Consejo, y tampoco lo hace la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. La ley acordada por PSOE y PP insta a buscar una fórmula que garantice “la participación directa de jueces y magistrados”, pero eso, según los progresistas, no significa que estos 12 vocales deban elegirse directamente por sus compañeros de carrera, sino solo que se debe garantizar la participación de los jueces en el proceso (en el sistema actual, las Cortes ya eligen a partir de una lista de candidatos enviada por el CGPJ).