Medidas tardías para Cuba

Es común que los presidentes de Estados Unidos tomen medidas, a fines de su mandato, que perfilen un legado y aspiren a una continuidad bajo el Gobierno sucesor. Ese podría ser el sentido de dos importantes decisiones anunciadas por Joe Biden, en relación con Cuba, a unos días de abandonar la Casa Blanca: la salida de La Habana de la lista de patrocinadores del terrorismo y la suspensión del título III de la Ley Helms-Burton.

Lo que hace dudar de ese propósito es la evidencia de que la Administración demócrata no revirtió la política de Donald Trump hacia Cuba, entre 2016 y 2020, basada en el incremento de las sanciones y la profundización del embargo comercial. Al no hacerlo, Biden se mostró más alineado con Trump que con Barack Obama en su estrategia hacia la isla caribeña.

El anuncio de Biden parece ser, más bien, un gesto testimonial, en la última hora de su presidencia, que simula una aproximación a la apertura obamista, dando por hecho que Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, darán marcha atrás en los próximos meses. En la práctica, las medidas de Biden facilitan las cosas a Trump y a Rubio, quienes para fijar una posición sobre Cuba, sólo tendrían que revocarlas.

Otra explicación más de fondo podría estar vinculada con la negociación entre la Iglesia católica y el Gobierno cubano con el fin de liberar 553 de los más de mil presos políticos que existen en la isla. Aunque haya pocas evidencias, no habría que descartar que esa negociación esté en curso desde hace tiempo. De hecho, la Iglesia católica ha estado detrás de todas las excarcelaciones cubanas, en las últimas décadas, por lo que podría hablarse de una negociación permanente.

El hermetismo tradicional del régimen cubano impide especular, siquiera, qué presos serían excarcelados. Algunos líderes opositores y activistas cívicos, como José Daniel Ferrer, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Castillo, son nombres conocidos, pero cientos y cientos de cubanos humildes han permanecido recluidos, por casi cuatro años, sin derechos básicos ni procesos judiciales regulares, desde las protestas del verano de 2021.

Tanto el anuncio de Washington como el de La Habana llegan tarde y de manera limitada, pero se producen al unísono. No se presentan, como el de Barack Obama y Raúl Castro el 17 de diciembre de 2014, cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países, como resultado de una negociación, pero el quid pro quo es evidente.

Es difícil no advertir una mal disimulada transacción detrás de esta simultaneidad. Más difícil si se recuerda que Biden es un presidente católico, con una excelente relación con el papa Francisco y la Santa Sede. Entre 2013 y 2014, el cardenal habanero Jaime Ortega Alamino estuvo muy involucrado en aquella negociación. Sería extraño que hoy el clero de la isla esté al margen de la nueva apuesta.

La diferencia entre aquel proceso y el actual es que el toma y daca tuvo lugar a mediados del segundo término de Obama y este se produce en la víspera de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Dados los tiempos apretados, tocaría al Gobierno cubano hacer los mayores gestos, a partir de ahora, si es que está interesado en que este tanteo de resultados tangibles.

Una posibilidad estrecha, pero posibilidad al fin, de que las medidas funcionen o no se estanquen con la llegada de la nueva administración republicana, sería que el Gobierno cubano proceda con celeridad y, acaso, mayor amplitud, a una amnistía de presos políticos. Que se liberasen no 553 sino mil o más de mil ciudadanos privados de su libertad injustamente.

Una operación así probablemente disuada a Trump y a Rubio de arrancar con una reversión de las medidas de Biden. La presión de las redes políticas cubanoamericanas será enorme, pero ante las escenas de las excarcelaciones podría verse contenida. No parece haber otra manera de que estas iniciativas se traduzcan en acciones concretas que alivien, en algo, la terrible situación económica y política de Cuba.

Cualquiera que sea el desenlace de esta precaria e inestable negociación, sus limitaciones y ambivalencias están a la vista. Lo que hoy anuncian los Gobiernos de Joe Biden y Miguel Díaz-Canel son correcciones deliberadamente postergadas de decisiones que nunca debieron ser tomadas. Ni los opositores y manifestantes cubanos debieron ser encarcelados, ni el embargo comercial debe ser reforzado.

Detrás de ambos errores se encuentran las verdaderas causas de la permanente crisis cubana: la persistencia de un sistema económico y político ineficiente e injusto y la reproducción de una estrategia de Estados Unidos hacia la isla, basada en la hostilidad y el aislamiento internacional. Ninguna de esas dos causas hace parte de la negociación.