La ultraderecha es tendencia en América Latina. En Chile la lidera José Antonio Kast; en Brasil, lo hizo Jair Bolsonaro; en Argentina, Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA), arrasó en las elecciones presidenciales del pasado domingo; y el reciente auge de movimientos de ultraderecha en Perú, ejemplificado por Rafael López-Aliaga, de Renovación Popular (RP), muestra el auge de este fenómeno.

La Fundación Friedrich Ebert (FES), del Partido Socialdemócrata de Alemania, ha elaborado un estudio a cargo del politólogo chileno Cristóbal Rovira con los principales aspectos individuales y comunes de la ultraderecha en ocho países latinoamericanos. El documento describe caso a caso algunos elementos como autoritarismo, nativismo y populismo —además de una tensión con los componentes pluralistas de la democracia—, propios de los partidos de derecha radical. Las principales características de este fenómeno son la fragmentación de un sector político, en una derecha convencional y una ultraderecha, y la aparición de nuevos líderes y formaciones hasta hace poco marginales en la región. Estos actores han desafiado al sistema de partidos establecido, obteniendo en algunos casos buenos resultados electorales.

Rovira, profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, destaca que no existe un aumento de posiciones conservadoras en los latinoamericanos, según la evidencia, por lo que el ascenso de la ultraderecha no guarda relación directa con un giro conservador del electorado. ¿Cómo se explica entonces esta paradoja? “La respuesta se debe centrar en el estudio de la oferta política”, apunta el politólogo, “es decir, en el papel que los actores políticos ostentan al momento de levantar determinados temas, activando demandas al interior de la ciudadanía que pueden estar en un estado de latencia”. “Tal como en Europa las políticas de acomodación a favor de la población migrante han despertado ansiedades y sensaciones de pérdida de estatus en determinados segmentos de la ciudadanía, es posible especular que en América Latina las políticas de acomodación en los derechos de las mujeres y la estructura de la familia han abierto oportunidades políticas para que líderes y partidos activen sentimientos de temor frente a estos cambios culturales”, plantea Rovira.

Hasta 2023, la competencia electoral en Argentina estaba dominada por dos coaliciones con alcance nacional: la peronista, en su versión de centroizquierda, liderada por la facción conducida por Néstor Kirchner y luego por su viuda, Cristina Fernández de Kirchner; y por otro, la alianza de centroderecha, encabezada por el partido Propuesta Republicana (PRO). Era una estructura organizativa y una diferenciación programática relativamente novedosa para el país, frente al tradicional clivaje peronismo-antiperonismo, basado en factores predominantemente socioculturales.

Esta estructura de dos coaliciones se asentó sobre pies de barro, advierte el sociólogo argentino Gabriel Vommaro. El desempeño económico de los gobiernos fue deficiente, en particular, tras el fin del boom de las materias primas. El Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), a pesar de su promesa de racionalidad económica pro-mercado, no hizo sino agravar la mayor parte de los problemas heredados. Su sucesor, el peronista Alberto Fernández (2019-2023), tuvo un desempeño aún más deficiente, agravado por los condicionamientos del endeudamiento externo, los efectos de la pandemia y el deterioro del contexto internacional. Argentina llegó a las presidenciales de 2023 con una economía en crisis y una sociedad desorganizada por la alta inflación. Además, las dos principales coaliciones se encontraban en una fuerte disputa interna: el peronismo, por su incapacidad para encontrar entre las diferentes facciones reunificadas en 2019, y la coalición de centroderecha, por sus dificultades para tramitar la interna entre los candidatos a la sucesión de Macri.

En ese contexto se produjo el ascenso sorprendente de Javier Milei. Desde 2016, Milei, economista, fue un asiduo participante de programas de televisión de debate político en los que al principio hablaba en un lenguaje eminentemente técnico. La radicalidad de sus posiciones en materia económica, su histrionismo y agresividad, y su conexión con públicos masivos constituye una “performance populista”, describe Vommaro, “capaz de trasladar el discurso antiestablishment al nivel de una verdad corporal”. Con ese estilo, logró trascender al público de las élites y convertirse en el principal depositario del descontento de buena parte de los votantes hacia las coaliciones principales. A partir de 2018, Milei comenzó a despotricar sobre los temas de la “guerra cultural”.

Su performance populista se basa en dos elementos: un discurso libertario con un fuerte sesgo anti-Estado y un rechazo a las élites políticas por ser las principales responsables de los problemas del país, proponiendo su eliminación como llave de todas las soluciones. Los políticos y el Estado se encuentran amalgamados en el discurso de Milei, lo que le permite presentar ideas no muy populares sobre la economía como parte de un proyecto de regeneración moral basado en la depuración de la clase política, señala Vommaro, quien agrega que el argentino exhibe “un manejo oportunista de posiciones conservadoras” en materia cultural, específicamente en contra del aborto y del feminismo, y la promoción de una línea dura en materia de seguridad, con eje en la promoción de la autodefensa y el libre porte de armas.

En la pandemia nació el logo del “león” Milei. Simbolizaba la furia, pero también la fiereza en un contexto donde la crisis volvía particularmente vulnerables a los ciudadanos, señala Vommaro. Tras su participación en las legislativas de 2021, en las que obtuvo el 17% de los votos en Buenos Aires, logró imponerse en las primarias presidenciales de agosto de 2023 (30%). Su vehículo electoral, La Libertad Avanza (LLA), sin embargo, es una coalición débil en términos organizativos, formada por pequeños partidos y grupos de activistas conservadores. “Las razones de su crecimiento hay que buscarlas en otro lado”, apunta Vommaro, “concretamente, en el contexto histórico y en el contenido y la forma de su estrategia conceptual”.

El descontento y la indignación que encumbraron a Milei, concluye el sociólogo, es tan grande que una parte importante de los votantes lo apoya aún a sabiendas de que su llegada al poder implica una paradoja cuyas consecuencias son difíciles de predecir: Milei será el presidente con el programa de reformas con más rupturas en el actual ciclo democrático, al mismo tiempo que cuenta con la menor cantidad de recursos para llevarlas a cabo. Sin posibilidad de lograr mayoría en el Congreso —al menos en sus inicios—, sin gobernadores que respondan directamente a su liderazgo ni corporaciones alineadas con su plataforma, y con un partido débil y desarticulado, la perspectiva de una presidencia de Milei tiene el tamaño del drama que vive buena parte de la sociedad argentina en estos años de desorganización económica.

El politólogo salvadoreño Manuel Meléndez-Sánchez arranca su análisis recordando que en 2012 Nayib Bukele, entonces alcalde de un pequeño municipio de El Salvador, aseguró: “Soy de izquierda radical”. Los últimos años, sin embargo, el presidente de El Salvador se ha ganado la admiración de los líderes más conservadores. Meléndez-Sánchez define a Bukele como un populista sin compromisos ideológicos firmes, aunque aclara que es un hecho que ha adoptado posiciones propias de la ultraderecha en su mandato.

Durante casi tres décadas, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de derecha, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de izquierda, funcionaron como dos polos opuestos que definieron la política electoral del país (1994 y 2018). En sus veinte años en el poder, ARENA defendió políticas propias de la derecha, particularmente económicas y de seguridad. Una vez en la oposición, experimentó un proceso que ayudaría a sentar las bases para la llegada de Bukele, alerta el politólogo. El partido de derecha se encontró “en la extraña e inesperada situación” de hacer oposición a un gobierno que afirmaba ser de izquierda pero que, en lo medular, actuaba más bien como uno de centroderecha. Como resultado, ARENA dejó de ser el estandarte indiscutible de la derecha, al menos en la mente de los votantes. “En vísperas de la elección presidencial de 2019, la mayoría de los salvadoreños no apreciaba ninguna diferencia importante entre los dos partidos”, sostiene Meléndez-Sánchez.

Bukele inició su carrera política dentro del FMLN. En 2012, fue electo alcalde de Nuevo Cuscatlán y, tres años más tarde, se convirtió en el alcalde de San Salvador, posiblemente, el cargo político más visible después de la presidencia. Se hizo popular tanto por su buena gestión como por su estilo político iconoclasta. Fue entonces cuando comenzó la tensión con el FMLN, al que Bukele acusaba de gobernar como si fuese ARENA. El partido de izquierda lo expulsó de sus filas en 2017 y Bukele logró trascender la tradicional lógica derecha-izquierda de la política salvadoreña, según Meléndez-Sánchez.

En su candidatura presidencial de 2019 defendió un discurso populista con el que describía a los dos principales partidos como vehículos políticos corruptos y oportunistas que respondían a una misma élite “oligárquica”. Ganó por una amplísima mayoría. Desde que llegó a la presidencia, Bukele ha profundizado o adoptado posiciones que, en su conjunto, son propias de la ultraderecha, particularmente en cuanto al desmantelamiento de contrapesos democráticos, el impulso de un agresivo punitivismo penal y la defensa del conservadurismo social. Estos giros corresponden a una lógica política pragmática y no a compromisos ideológicos firmes, según el estudio.

A pesar de que varias organizaciones domésticas e internacionales han denunciado violaciones sistemáticas contra de los derechos humanos en su guerra contra la delincuencia, el régimen de excepción impuesto por el mandatario ha sido extremadamente popular entre los salvadoreños y parece, al menos por el momento, haber desarticulado a las pandillas.

Algunas de las estrategias que Bukele ha utilizado para promover dos reformas importantes de su gobierno —la adopción del bitcoin como moneda de curso legal y la reforma de pensiones—, dejan en evidencia la maleabilidad ideológica del mandatario salvadoreño: es un presidente que ha utilizado argumentos más afines a la centroizquierda cuando hacerlo resulta conveniente políticamente, apunta Meléndez-Sánchez. No se pueden descartar más giros —ya sea hacia la derecha o la izquierda— según evolucionen las necesidades políticas del mandatario. A su vez, esos futuros giros podrían definir cómo evoluciona el naciente régimen autoritario de El Salvador.

El surgimiento de la ultraderecha en Chile, según el análisis de la investigadora y politóloga italiana Lisa Zanotti, puede verse como una respuesta a la gradual convergencia programática de las coaliciones que gobernaron el país después de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990): la centroizquierda y la centroderecha. Una de las primeras manifestaciones de este fenómeno está representada por José Antonio Kast, un exmiembro del partido de derecha tradicional Unión Demócrata Independiente (UDI) que, siendo diputado en 2016, abandonó su militancia argumentando que “el gran error” de la derecha en los últimos años había sido renunciar a sus principios y ajustar sus valores para ganarse la simpatía de ciertos sectores. Un año después, como independiente, se presentó a la elección presidencial y rozó el 8% de los votos.

Durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), de la derecha tradicional, Kast intensificó sus críticas a la Administración en el manejo del crimen y por la adopción de políticas que contradecían los valores conservadores, señala el estudio. A mediados de 2019 fundó el Partido Republicano, de ultraderecha. Meses después, cuando se produjo el estallido social, abogó por una intervención militar para detener las protestas. También se resistió al acuerdo político que dio paso al proceso constitucional.

En las parlamentarias de 2021, el Partido Republicano logró 15 escaños en la Cámara de Diputados y uno en el Senado. Y en las presidenciales de ese año, Kast lideró la primera vuelta (28%). En el balotaje, sin embargo, perdió contra el izquierdista Gabriel Boric. Kast reconoció prontamente su derrota, mostrando su adhesión a las normas democráticas.

Tras el rotundo rechazo a la primera propuesta constitucional en septiembre de 2022, el partido de Kast tomó un nuevo impulso. Las principales fuerzas políticas decidieron continuar con el proyecto de reemplazar la Constitución, nacida en 1980 en la dictadura pero reformada más de 60 veces en democracia. Esta vez fue a través de un Consejo Constitucional. En la elección de sus integrantes, en mayo, el Partido Republicano fue el más votado: logró 23 de los 50 escaños y se convirtió en la principal fuerza política de Chile.

En el caso de Kast y el Partido Republicano, apunta Zanotti, el autoritarismo social se aplica en las dos esferas del concepto: tanto en la defensa de las políticas de mano dura como de la sociedad tradicional. “La ultraderecha en países como Australia, Brasil y Chile aboga por una identidad nacional unificada, oponiéndose al reconocimiento de naciones separadas aborígenes”, sostiene la politóloga. Los republicanos, añade, han construido discursivamente un grupo externo, formado por inmigrantes indocumentados que intentan ingresar al país. En la primera vuelta de su campaña presidencial, Kast propuso la construcción de una zanja para evitar su entrada.

Zanotti dice que el populismo también es característico del discurso de la ultraderecha chilena. La “élite corrupta”, retratada como una serie de entidades influyentes acusadas de socavar el “sentido común”, es parte de su retórica. Aunque se percibe que el establishment incluye diversos actores, “son especialmente vehementes en su crítica hacia la esfera política más amplia, con un enfoque particular en facciones de izquierda”. La ultraderecha, agrega, también se caracteriza por su compromiso con los principios neoliberales, distinguiéndose de los partidos europeos de esta corriente.

La politóloga afirma que no sorprende que algunos elementos radicales dentro de la UDI, de la derecha convencional, resuenen ideológicamente con la ultraderecha. Ambas facciones encuentran resonancia en el anticomunismo y en su apoyo histórico al golpe militar de 1973. Esta alineación se ha vuelto particularmente relevante a medida que algunas facciones dentro de la UDI se han radicalizado, “aparentemente para emular o contrarrestar la creciente influencia de Kast y el Partido Republicano”.

El futuro de la ultraderecha en Chile dependerá, entre otros factores, dice Zanotti, de las estrategias que adopte la derecha convencional, que se enfrenta a una disyuntiva crítica: optar por una postura de moderación y apego a los principios democráticos o radicalizarse. Otro aspecto que remarca es la presencia de figuras más radicales dentro o cerca del Partido Republicano, que podrían desafiar el liderazgo de Kast y cambiar los equilibrios al interior de la formación. Un ejemplo de ello es que dentro del partido hay un grupo que ha desoído la postura de Kast y ha llamado a votar en contra en el plebiscito constitucional del 17 de diciembre.

En la política colombiana contemporánea existen dos fuerzas que ejemplifican los dos extremos opuestos del espectro ideológico: a la izquierda, el Pacto Histórico, una joven coalición de partidos y movimientos populares liderada por el presidente Gustavo Petro, y a la derecha, el Centro Democrático (CD), un partido político ya consolidado, liderado por el expresidente Álvaro Uribe. El longevo conflicto armado incluyó varias guerrillas armadas de izquierda, lo que impidió la consolidación de una izquierda democrática —hasta hace poco—, y contribuyó a moldear fuerzas de derecha cuyo principal rasgo distintivo del centro fue su oposición a cualquier negociación con los actores armados. Este enfoque en la guerrilla y no la desigualdad socioeconómica o cultural, hace que la derecha colombiana tenga una particularidad respecto a las de sus vecinos.

La ausencia de gobiernos abiertamente de izquierda en la historia reciente supuso que la derecha no haya tenido que recurrir al rechazo de reformas gubernamentales progresistas. Pero el contexto ha cambiado y el sector conservador está atravesando una crisis de la “mediana edad”, señalan los analistas políticos colombianos Sandra Botero y José Miguel Jaimes Prada, ya que tanto el uribismo como el CD —su músculo organizativo—, se han debilitado. El antiguo enfoque militarizado del conflicto interno, que solía articular el programa del CD, ya no es suficiente para atraer a los votantes. Además, durante el Gobierno de Iván Duque (2018-2022), heredero de Uribe, aumentó la violencia organizada. Ante estos cambios profundos de las prioridades del electorado, las fuerzas de derecha deben reacomodar su discurso y su estrategia. Dependiendo de cómo lo hagan, las ideas de extrema derecha podrían jugar un rol importante.

En las presidenciales de 2022, en las que triunfó el izquierdista Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, un exitoso empresario sin partido político, pasó a la segunda vuelta tras atraer a los votantes de la derecha y a un amplio sector de centristas e indecisos en contra del sistema político y listos para patear el tablero. “A menudo se percibe a Hernández como un candidato de derecha, lo cual es un error. Cuando se convirtió en el único oponente de Petro en la carrera presidencial, Hernández también se convirtió, por descarte, en la opción preferida de la derecha, lo que es muy diferente”, reza el análisis, que descarta que las ideas ultras hayan estado presentes en la campaña electoral.

Botero y Jaimes Prada remarcan que la ultraderecha contemporánea no cuenta con un partido propio de alcance nacional en Colombia, pero sí hay figuras políticas que defienden las ideas del movimiento, como el conservadurismo moral y el punitivismo penal. Una es María Fernanda Cabal, senadora por el partido Centro Democrático: “Es la representante más nítida y con mayor proyección nacional de la ultraderecha en Colombia”. Trabajó en la Fiscalía General como directora de asuntos internacionales durante el Gobierno de Uribe y tras dejar el cargo creó la Fundación Colombia Ganadera (Fundagán), el brazo social del gremio ganadero dirigido por su esposo. En 2014 llegó a la Cámara de Representantes por Bogotá, y desde entonces ha sido una de las figuras más radicales del CD. Se ha presentado como una heredera del uribismo, enfatizando el punitivismo, el apoyo a las Fuerzas Armadas, y los discursos de “mano dura” del expresidente. También ha sido la principal defensora del porte legal de armas y, desde el inicio de su carrera política, ha manifestado una hostilidad a todo lo que considera de izquierda.

Cabal criticó duramente el proceso de paz con las FARC por considerar que conducía a una reescritura de la historia por parte de la guerrilla. Es contraria a las instituciones de memoria y justicia transicional que surgieron fruto del Acuerdo de La Habana y, a diferencia de Uribe, sí ha posicionado en su discurso la politización de la sexualidad y ha atacado avances en derechos y garantías a la población LGTB. Sin ser negacionista, considera que el cambio climático es un problema secundario y las posturas antiinmigración no han sido hasta ahora centrales en su discurso. Desde 2020 está vinculada al Foro Madrid, alianza internacional de representantes y partidos de la ultraderecha hispanoamericana. El pasado mayo, Santiago Abascal, líder de Vox, la invitó a dar un discurso en Guadalajara (España). Esta articulación con la ultraderecha iberoamericana y la consistencia de su discurso hacen de Cabal la líder natural de la ultraderecha en Colombia.

El campo de la derecha en Perú no se limita al fujimorismo, advierte al arrancar su análisis el sociólogo e investigador peruano Carlos Meléndez. El relativamente reciente proceso de hiperfragmentación de la oferta partidaria ha dispuesto una amplia gama de organizaciones derechistas. Simultáneamente, la polarización política ha hecho que los extremos se hayan vuelto atractivos para un creciente número de peruanos. Renovación Popular (RP), una organización refundada por el empresario y miembro del Opus Dei, Rafael López Aliaga, ha capturado la atención por combinar un conservadurismo radical y un estilo antiestablishment. Esto ocurre en medio de una crisis política provocada por casos de corrupción que ha generado una inestabilidad crónica desde 2016: seis presidentes en siete años y dos intentos de disolución congresal (uno exitoso).

Entre 2001 y 2021, la derecha solía estar controlada por dos fuerzas: Fuerza Popular (FP) —partido de la exprimera dama, Keiko Fujimori, como el legado de su padre—, y Peruanos por el Cambio (PPK) —una organización personalista de Pedro Pablo Kuczynski—. Meléndez apunta que el FP aparecía como más popular y conservador, mientras que el PPK, más liberal y tecnocrático. Ambos defendían el modelo de mercado establecido en la década de 1990. “Eran, se podía decir, dos caras de una misma moneda”, señala el investigador.

Las presidenciales del 2021 supusieron una oportunidad para debutantes de derecha que aspiraban a compartir el electorado al entonces duopolio del fujimorismo, en su mayor crisis de desprestigio desde el 2000. Una gran parte de los votantes del FP abandonó la formación después del encarcelamiento de Keiko Fujimori en el marco de investigaciones por corrupción. La salida de la facción más conservadora es clave para comprender el crecimiento de una nueva y más radical alternativa de derecha, encarnada en el partido Renovación Popular.

Ninguna de las tres alternativas de derecha (FP, RP y Avanza País) consiguió la presidencia en 2021. Las derrotó Pedro Castillo, radical de extrema izquierda que se postuló como invitado por el partido marxista-leninista, Perú Libre. Su ascenso también resulta crucial para entender las estrategias ideológicas de los tres proyectos de derecha en cuestión. Inusualmente en esos comicios, un candidato presidencial ultraconservador se erigió como la tercera fuerza política: López Aliaga, de RP. Hoy es el alcalde de Lima.

El voto a los partidos de derechas

en Perú

Primera vuelta de elecciones presidenciales,

en %

100%

80

60,8

60

Total

48,3

PKK

21,0

42,0

G. Forsyth

5,6

40

6,0

C. Acuña

18,5

11,6

H. De Soto

20

39,8

K. Fujimori

11,7

R. L.-Aliaga

23,5

13,4

Fujimori

0

2011

2016

2021

Fuente: Onpe (Oficina Nacional de Procesos

Electorales de Perú)

El voto a los partidos de derechas

en Perú

Primera vuelta de elecciones presidenciales,

en %

100%

80

60,8

60

Total

48,3

PKK

21,0

42,0

G. Forsyth

5,6

40

6,0

C. Acuña

18,5

11,6

H. De Soto

20

39,8

K. Fujimori

11,7

R. L.-Aliaga

23,5

13,4

Fujimori

0

2011

2016

2021

Fuente: Onpe (Oficina Nacional de Procesos

Electorales de Perú)

El voto a los partidos de derechas en Perú

Primera vuelta de elecciones presidenciales, en %

100%

80

60,8

60

Total

48,3

PKK

21,0

42,0

G. Forsyth

5,6

40

6,0

C. Acuña

18,5

11,6

H. De Soto

20

39,8

K. Fujimori

11,7

R. López-Aliaga

23,5

13,4

Fujimori

0

2011

2016

2021

Fuente: Onpe (Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú)

Renovación Popular no es un nuevo partido político. Luis Castañeda lo creó en 1999 con el nombre de Solidaridad Nacional, para competir contra Alberto Fujimori en las presidenciales del 2000. Si bien nunca logró acceder al Ejecutivo, sí gobernó decenas de municipalidades (incluyendo la capital, Lima), y ocupó escaños en el Congreso. Durante la gestión de Castañeda en Lima (2003-2010, 2015-2018), articuló un grupo de operadores políticos alineados a su estilo pragmático y popular de gobernar, como López Aliaga.

Cuando Castañeda se retiró de la política en el 2020, López Aliaga tomó el control del partido, al que rebautizó como Renovación Popular, pretendiendo convertirse en una “alternativa política cristiana”. En lo económico, se identifica con una “economía social de mercado” basada en la propiedad privada de los medios de producción y, según sus postulados, las libertades personales son superiores a las del Estado o de cualquier otra organización social. Este pilar ideológico también aplica para la dimensión sociocultural, donde consideran que existe un orden moral objetivo en la sociedad, fundado en el cristianismo. “Fue así como nació un nuevo —aunque aún pequeño—, partido de ultraderecha en las presidenciales de 2021, dejando a Fuerza Popular como una organización desacreditada, pero a su vez detenida en la posición de la derecha convencional”, escribe Meléndez.

Tras el triunfo de Castillo en las presidenciales, las tres agrupaciones de derecha reclamaron fraude electoral en la segunda vuelta de junio del 2021 por un margen algo menor a los 50.000 votos respecto a Keiko Fujimori. Sus esfuerzos resultaron infructuosos, pero hasta el día de hoy, López Aliaga expresa dudas sobre la legitimidad del proceso.

Los casos de corrupción en los que se vio envuelto Castillo durante su presidencia, permitió a la derecha, en general, y a RP, en particular, apropiarse del discurso anticorrupción y vincularlo con la estigmatización ideológica en contra de la izquierda. El intento de cierre del Congreso por parte de Castillo, que gatilló su destitución en diciembre del 2022, terminó por fortalecer la narrativa de “recuperación de la democracia” que hasta entonces toda la derecha había invocado sin mayor justificación que la antipatía ideológica, señala Meléndez.

En una sociedad que se ha ido polarizando en la última década, quienes propusieron narrativas extremas en medio de la fragmentación se vieron favorecidos. Es así como López Aliaga, después de su fallida candidatura presidencial, lograría la alcaldía de Lima un año después. Meléndez puntualiza que aún es temprano para hacer una evaluación apropiada de su administración. Pero aclara que, después de varios meses, se pueden identificar algunas señales de ultraderecha. A nivel metropolitano, López Aliaga ha continuado su confrontación con actores del negocio de la infraestructura vial y, en cuanto asumió, derogó la ordenanza que establecía el enfoque de género en la gestión y políticas públicas. También cambió el nombre y las funciones de algunas dependencias como, por ejemplo, la Subdirección de “Mujer y Equidad”, por “Mujer y Familia”, eliminando de sus tareas la de defender los derechos de la población LGTB+.

El investigador sostiene que el nacionalismo xenofóbico característico de la ultraderecha europea es raramente practicado por cualquiera de las corrientes de las derechas en Perú. Las medidas de “mano dura” como respuesta a los crímenes con participación de bandas venezolanas no se hacen en términos nativistas. La narrativa populista de López Aliaga postula que el establishment está compuesto por “empresas corruptas” y “los caviares y comunistas”. Paradójicamente, esta estrategia ha dejado al fujimorismo como el defensor del establishment económico, cuya su principal plataforma política es la defensa de la Constitución de 1993, alejándolo de su tradicional retórica populista, ahora dominada por RP.

Mientras se mantenga la dinámica de polarización en el electorado, Renovación Popular, como partido populista de ultraderecha, mantendrá su vigencia, apunta Meléndez. Si bien sus posibilidades de crecimiento electoral son limitadas —especialmente, por el fujimorismo—, la continuidad de la hiperfragmentación le otorga protagonismo en el debate público. Rafael López Aliaga, como alcalde de Lima, goza de una exposición mediática que le permite, por un lado, asentar su narrativa antiestablishment, que sintoniza con los atractivos populistas, pero, por otra parte, advierte el investigador, corre el riesgo de un desgaste anticipado.

Desde la transición a la democracia en 2000, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), constituyeron los principales contendientes en cada elección en México. El sistema de partidos experimentó un verdadero shock electoral en 2018 cuando el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ganó las presidenciales. En dichos comicios también compitió el ejemplo más cercano de un candidato de derecha populista radical: Jaime Rodríguez, más conocido como El Bronco, exgobernandor de Nuevo León, independiente. Se presentó con una retórica contraria a los partidos tradicionales y una agenda de “ley y orden”. Al final, solo consiguió el 5,4% de los votos.

Ningún partido de derecha populista radical relevante, sin embargo, ha surgido como reacción al giro a la izquierda de esas presidenciales que le dieron el triunfo a López Obrador. El intento más reciente es el del actor y productor de cine Eduardo Verástegui, fundador del movimiento ultracatólico Viva México, quien cuenta con un apoyo popular muy bajo. El investigador mexicano Rodrigo Castro Cornejo apunta que, si bien López Obrador ha mantenido una retórica de izquierda, particularmente en temas económicos, poniéndose a favor del “pueblo” y en contra de la “élite corrupta” —el PAN y el PRI—, su Gobierno no se ha caracterizado por adoptar una postura decididamente progresista en temas socioculturales, como el derecho al aborto o la agenda LGBT. Incluso, cuando lo ha hecho, ha manifestado una actitud más bien conservadora, como por ejemplo en temas de la moral pública, la legalización de drogas, las tareas del Ejército y la inmigración. “En otras palabras, el Gobierno de López Obrador, el primer Gobierno emanado de un partido de izquierda desde la transición a la democracia, paradójicamente no sólo no ha generado agravios entre votantes ultraconservadores, sino que incluso ha logrado satisfacer parcialmente a los que podrían sentirse atraídos por una oferta de derecha radical populista”, señala Castro.

La reacción política más relevante al mandatario mexicano en el espectro de la extrema derecha es un movimiento de corta duración llamado FRENA (Frente Nacional Anti-AMLO) que, según el investigador, pretendía parecerse a Vox de España o a los chalecos amarillos de Francia. En septiembre de 2020, los seguidores de FRENA montaron tiendas de campaña en la plaza principal de la Ciudad de México, frente de la oficina de López Obrador, exigiendo su renuncia. Su retórica, similar a la de otros movimientos de ultraderecha en América Latina, denunciaba una amenaza “comunista” en México. Pero nunca tuvo una agenda política clara, comenta Castro, y cuando comenzó la pandemia retiraron las tiendas de campaña: “Después de eso, la relevancia política del movimiento de ultraderecha se desvaneció”.

López Obrador no competirá en la elección presidencial del próximo año y está por verse si su seguidora, Claudia Sheinbaum, podrá continuar su proyecto de manera exitosa. Parte del desafío viene de la misma izquierda, ya que no pocos votantes y actores políticos se muestran críticos con el poco avance en materias culturales. En la medida en que un nuevo Gobierno de Morena se muestre más sensible a estas temáticas, es posible que se abra un espacio para la irrupción de fuerzas de ultraderecha.

La llegada de la ultraderecha a Uruguay es un indicio importante de la recepción de estas ideas y discursos en la región, teniendo en cuenta que Uruguay es el país que más tiempo ha vivido bajo regímenes democráticos en América Latina y cuenta con los partidos más antiguos de la región. Los dos partidos que actualmente representan a la derecha convencional, el Partido Nacional (blancos) y el Partido Colorado (colorados), dominaron la competición política en un modelo bipartidista que llegó a su fin en las elecciones de 1994, cuando irrumpió el partido de la izquierda Frente Amplio y Uruguay se convirtió en “el país de los tres tercios”.

Lo que se denominó “partidocracia de consenso” fue desafiado en las elecciones de 2019 con la aparición de la ultraderecha como cuarta fuerza política en el país, representada por su líder Guido Manini Ríos y el partido Cabildo Abierto. En los comicios, la derecha dura se centró en la seguridad pública y el conservadurismo moral, como la defensa de la “familia uruguaya” en oposición a la “ideología de género”.

Las elecciones de 2019 se desarrollaron en un inusual contexto de crisis para los estándares políticos del país. Entre 2015 y 2018 hubo una caída lenta, pero sostenida de los indicadores de satisfacción con la democracia, y de confianza en los partidos y las instituciones representativas. Además, recuerda la politóloga Talita São Thiago Tanscheit, había un desgaste de 15 años de gobiernos del Frente Amplio, con una situación económica desfavorable, y en un momento de reacción de sectores conservadores a los avances de los gobiernos de centroizquierda en torno a la “nueva” agenda de derechos.

El surgimiento de Cabildo Abierto en 2019 se vincula con las reacciones entre los militares activos y de reserva ante la apertura de procesos judiciales contra los responsables por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura uruguaya. La formación enfatiza la dimensión sociocultural de la desigualdad, con un fuerte discurso de restauración y recuperación del pasado, tras los mandatos del Frente Amplio, caracterizados por la progresiva convergencia ideológica entre los partidos de la derecha y la izquierda centrada en políticas de igualdad de género y derechos LGBT, como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (2012), la Ley de Matrimonio Igualitario (2013), y la Ley Integral para Personas Trans (2018).

En las legislativas de 2019, Cabildo Abierto logró tres senadores y 11 diputados, solo un senador y dos diputados menos que los colorados. São Thiago Tanscheit afirma que los buenos resultados electorales de la ultraderecha —comparativamente hablando— sorprendieron a un país acostumbrado a la hegemonía de los partidos tradicionales: “Cabildo Abierto fue indispensable para el estrecho triunfo electoral del campo político de la derecha en la segunda vuelta. El partido formó parte de la ganadora Coalición Multicolor, liderada por el candidato de la derecha convencional, Luis Alberto Lacalle Pou, que puso fin a 15 años de gobierno del Frente Amplio”.

Cabildo Abierto se clasifica como de ultraderecha principalmente por la dimensión sociocultural, pero aún no está claro cómo se comporta en la dimensión socioeconómica, apunta el estudio. Es el primer caso en América Latina en que la ultraderecha participa oficialmente en un gobierno liderado por la derecha tradicional. Actualmente ocupa los ministerios de Salud Pública y Vivienda y otros puestos gubernamentales y ha sido importante para garantizar la gobernabilidad de Lacalle Pou. “Cabildo Abierto también es responsable del realineamiento del sistema de partidos, que aún no se sabe si es provisional o no, en dos grandes bloques: uno que reúne a la derecha convencional y a la ultraderecha y otro que reúne a la izquierda convencional”, apunta la investigadora.

Las elecciones de 2024 serán claves para el futuro de la ultraderecha, en un contexto de baja puntuación del partido en las encuestas de opinión pública. ¿Se consolidará el Cabildo Abierto como partido autónomo de derecha? ¿Desaparecerá Cabildo Abierto?, se pregunta São Thiago Tanscheit, quien sostiene que el futuro de la derecha radical es aún incierto en un país poco acostumbrado a grandes cambios en su sistema político.

Brasil ha sufrido episodios consecutivos e implacables de crisis económica y turbulencias políticas desde 2013. La población sufrió, se decepcionó y se frustró después de un período de prosperidad e importante movilidad social ascendente en la primera década del siglo XXI. Además, la inestabilidad política se volvió endémica. En este contexto, la población salió a las calles. Las condiciones para la tormenta perfecta estaban servidas. El vacío político instalado fue una invitación para el surgimiento de un outsider político —con una retórica de “nosotros” contra “ellos”—, plantea en su análisis el politólogo brasileño Lucio Rennó. El fracaso de la derecha convencional a la hora de atenuar los problemas económicos que condujeron parcialmente a la destitución de Dilma Rousseff y su participación en escándalos de corrupción constituyeron fuertes determinantes del alza de la ultraderecha.

Considerado un político excéntrico, Jair Bolsonaro, un militar retirado, se aferró a su candidatura presidencial en 2017 y fue ganando apoyo popular de forma lenta, pero constante. A mediados de ese año, figuraba muy bien posicionado en las encuestas, pero no era tomado en serio por sus competidores. Sin un partido político que lo respaldara, con poco presupuesto y escaso tiempo de televisión en la campaña, Bolsonaro ganó las elecciones de 2018 con una retórica conservadora sólida y habilidad en las redes sociales.

En campaña hizo gala de sus posiciones ideológicas duras y aprovechó la antipatía a los principales partidos, especialmente el Partido de los Trabajadores (PT) y la izquierda. Bolsonaro rechaza las posiciones culturales progresistas —que incluye el aborto y los derechos homosexuales— y aboga por una agenda económica liberal favorable a la reducción de la intervención del Estado, además de una tolerancia cero al crimen y la corrupción. “Son posiciones políticas con las que la mayoría de la población tiende a estar de acuerdo, por lo tanto, es bastante cómodo y natural para Bolsonaro defenderlas abiertamente en su campaña; algo que otros candidatos, especialmente de la derecha y la izquierda convencionales, no pueden hacer”, apunta Rennó, profesor de ciencia política de la Universidad de Brasilia.

Durante su Gobierno, Bolsonaro mutó de una posición de derecha populista radical —dentro de los límites de la democracia antiliberal—, a una posición de extrema derecha, especialmente después de 2020, según el politólogo. Incorporó a su discurso ultra un fuerte negacionismo de la ciencia y la ola mortal producto del covid dañó significativamente su imagen. Con una posible derrota en el horizonte en las presidenciales de 2022, se volvió cada vez más propenso a promover soluciones autoritarias. También alegó que el sistema de recuento de votos era susceptible al fraude, creando un ambiente propenso a cuestionar los resultados en caso de ser desfavorables.

“Al final, fue este sentimiento de amenaza a la democracia, de crisis democrática, lo que marcó las elecciones brasileñas de 2022, cuando la defensa y el ataque al régimen se convirtieron en una cuestión electoral”, señala Rennó, quien añade que el elemento autoritario de la retórica de extrema derecha y el correspondiente apoyo popular a un golpe militar es algo a lo que el país “tendrá que permanecer atento en los próximos años”.

A comienzos de enero de 2023, una semana después de que asumiera la presidencia Luiz Inácio Lula da Silva, miles de radicales seguidores de Bolsonaro asaltaron las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo, en Brasilia, exigiendo una intervención militar para echar al mandatario de izquierda.

Bolsonaro tiene sucesores dentro de la ultraderecha y existen buenas razones para pensar que el “bolsonarismo” perdurará, a pesar de que el expresidente no pueda presentarse a las elecciones hasta 2030. En los comicios de 2022 se produjeron importantes victorias para su movimiento y el hecho de que Bolsonaro obtuviera un 49,1% en el balotaje —la votación más alta de cualquier candidato a la presidencia derrotado—, demuestra lo fuerte y popular que es su programa y los límites del atractivo popular de los moderados. En resumen, plantea el politólogo, tanto a nivel de las élites como de las masas, la ultraderecha recién alineada estará en Brasil por mucho tiempo. A su vez, no hay indicios de recomposición de la derecha convencional.