La valentía en tiempos de fósiles
Países productores de petróleo y gas, o sedes de grandes empresas petroleras, se reunirán en Santa Marta porque saben que el costo de no dejar atrás los combustibles fósiles empieza a ser políticamente insostenible

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Pensando en lo que está por ocurrir en la ciudad caribeña de Santa Marta, Colombia, me remonto a esa canción de Silvio Rodríguez que dice: “La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes”. Porque cuando se está verdaderamente comprometido con algo, toca dar el primer paso, saltar al vacío, arriesgarse.
Eso es, en el fondo, lo que está en juego esta semana. Alrededor de 60 países y cientos de organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros de investigación, gobiernos subnacionales y representantes de pueblos indígenas y campesinos de diferentes continentes se reúnen en la Primera Conferencia Internacional de Transición más allá de los Combustibles Fósiles. Aunque esta convocatoria de Colombia y Países Bajos tiene un nombre técnicamente complejo y mínimamente atractivo, podría marcar un punto de inflexión para el futuro de la humanidad.
¿Por qué hablar de valentía en el contexto de una reunión tan especializada? Porque uno de los resultados posibles —el más esperado— de esta conferencia es la conformación de una coalición de gobiernos dispuestos a hacer algo que, hasta ahora, ha sido más consigna que política pública: eliminar los combustibles fósiles de sus respectivas matrices energéticas. A pesar de que esta directriz ya fue aprobada en acuerdos internacionales recientes, el mundo sigue atrapado en una discusión estéril donde abundan las palabras y escasean las acciones.
Ahí es donde aparece la valentía.
Hoy debemos confrontar una realidad que el sistema multilateral no ha podido manejar por décadas: la influencia persistente de la industria fósil, la dependencia estructural a estos combustibles de muchas de nuestras economías y un marco internacional que no está diseñado para implementar.
Por eso, importa que esta reunión ocurra fuera de los formalismos de Naciones Unidas. No porque sustituya a esos espacios tradicionales, sino porque reconoce sus límites. Cuando el consenso se vuelve veto, avanzar exige moverse con quienes están dispuestos. La conferencia en sí misma es un atrevimiento en un momento de la historia moderna en el que estamos plagados de discursos nacionalistas y negacionistas del cambio climático, y de intentos reiterados por seguir ampliando la infraestructura fósil, todo lo que va en contravía de la urgencia de actuar.
La paradoja es evidente: los gobiernos que participarán de la conferencia incluyen a la mitad de los países del G20, suman cerca de un 20 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y son, al mismo tiempo, grandes productores de petróleo, gas o carbón (léase Brasil, México, Colombia, Australia, Canadá y Noruega). También son sedes centrales de grandes empresas petroleras y de gas fósil: Totalenergies (Francia), Petrobras (Brasil), BP (Reino Unido), Equinor (Noruega), Enbridge (Canadá) y Shell (Reino Unido/Países Bajos). Y, sin embargo, ahí están. No porque el costo de cambiar no sea significativo, sino porque el costo de no hacerlo empieza a ser políticamente insostenible.
Las guerras e invasiones recientes —y las tensiones que atraviesan regiones clave para el suministro energético basado en fósiles— nos recuerdan algo que durante años se quiso normalizar: la dependencia de los combustibles fósiles no es solo un problema climático, es también una vulnerabilidad geopolítica.
Hablar de transición energética, entonces, no es hablar únicamente de emisiones o de incremento de temperatura que, reconozcámoslo, son argumentos lejanos al ciudadano de a pie. En realidad, estamos hablando de seguridad y soberanía energética: de quién controla la energía que usamos y a qué costo. Hoy, más del 80 % de la energía primaria global sigue dependiendo de combustibles fósiles, una dependencia que no es neutra: concentra riesgos geopolíticos y expone a países enteros a la volatilidad de mercados que no controlan.
Entonces, la transición energética deja de ser una aspiración ambiental abstracta y se convierte en una estrategia concreta de estabilidad. Es, en última instancia, hablar de poder. Del poder de decidir sobre la electricidad que llega a nuestros hogares, sobre el combustible que mueve el transporte público, los autos particulares y los camiones que trasladan nuestros alimentos. Es personal, porque cada uno de nosotros depende de bienes y servicios aún atados a esa industria. Es político, porque transformar esas tecnologías pasa, en gran medida, por decisiones públicas. Y es ético, porque estamos empujando los límites de los sistemas que sostienen la vida.
Y, sin embargo, avanzar sigue siendo difícil.
Muchos de los cambios profundos que han ocurrido a lo largo de la historia han comenzado con coaliciones improbables: actores que, en contextos adversos, decidieron hacer algo que todavía no estaba garantizado que funcionara. Aquellos que entendieron que seguir haciendo lo mismo ya no era una opción.
Eso es lo que esta semana se pone a prueba en Santa Marta. No si el mundo sabe que tiene que dejar atrás los combustibles fósiles, eso ya lo sabemos, sino si está dispuesto a actuar como si lo supiera. Porque, al final, la transición energética es, en este momento, un acto de valentía.







































