El reto de Uruguay con la población atrapada bajo la línea de la pobreza (la mayoría, mujeres y niños)

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Casi 350.000 personas caben en el 10% de la población de Uruguay que se encuentra atrapada bajo la línea de la pobreza. Viven sobre todo en los departamentos del norte del país y también en el sur, en los márgenes de Montevideo, la capital. Según un informe de la ONU, el 44% de esas personas son niños y adolescentes. Este dato genera alarma, pero no sorpresa, ya que el Instituto Nacional de Estadística (INE) así lo ha reflejado, con leves variaciones, en el transcurso de la última década. Ganarle el pulso a ese 10% de la pobreza con tan marcado carácter infantil es un mandato ético, al menos eso se escucha estos días de campaña electoral en Uruguay. Aunque, teniendo en cuenta la bajísima tasa de natalidad del país, parece una cuestión de sensatez. Los analistas sacan cuentas y arriesgan que es posible corregirlo. No lo es tanto para aquellos que con más o menos bonanza económica o intervención del Estado, siguen estando afectados por ese porcentaje que reiteran las cifras presentadas recientemente por el INE.

En el asentamiento Nueva Esperanza, hay motivos de sobra para no creer en grandes cambios. Situado al oeste de Montevideo, fue creado en 2015 por cinco familias, a las que se sumaron otras hasta alcanzar las 45 que se cuentan hoy, explica Luis Acosta, referente comunitario del lugar. “No tenemos trabajo fijo, hacemos podas y limpieza de terrenos, reciclamos basura”, le dice a América Futura.

Salvo pocas excepciones, la mayoría de sus 200 habitantes –entre ellos, 100 niños– pasa los ventosos y húmedos inviernos montevideanos entre viejas chapas de zinc, madera y nailon, sin ventanas, debajo de techos que aguantan temporales con tan solo el peso de piedras y neumáticos. Pero más que al frío, en Nueva Esperanza temen a la lluvia. Cuando cae, el agua se cuela en las viviendas, desborda los pozos negros y convierte el camino de acceso al barrio en un lodazal por el que es casi imposible transitar. “Quedan muchas cosas para seguir haciendo”, agrega Acosta, que durante la charla destaca la solidaridad de los vecinos. Juntos mantienen una olla popular, asegura, también un merendero, que funcionan en el centro comunal.

En Uruguay hay unos 607 asentamientos irregulares en los que viven alrededor de 165.000 personas, según los datos oficiales disponibles. Desde el actual Gobierno, una coalición de centroderecha, apenas 21 de ellos han sido completamente intervenidos en cuatro años de administración, mediante su regularización o la relocalización de las familias, entre otras acciones, como informó en febrero el periódico local El País. Las condiciones materiales de estos asentamientos son diversas, así como las historias de quienes los habitan.

“Dentro de la categoría pobreza, ¿qué hay? No es solo la capacidad de consumo [de una canasta básica], que es lo que marca la línea del INE. ¿Qué situaciones se viven?”, plantea la socióloga Verónica Filardo en conversación con América Futura. Filardo es coautora de Detrás de la línea de la pobreza, una investigación hecha en los barrios populares de Montevideo que describe la vida de sus habitantes y su relación con las políticas sociales implementadas entre 2005 y 2019, durante los Gobiernos del Frente Amplio (centroizquierda). En ese periodo, hubo un marcado descenso de la pobreza, observa Filardo, pero la presencia del Estado no se tradujo en una reducción significativa de personas en asentamientos. “Por más mejoras que haya habido, incluso en las condiciones materiales de muchos, siguen estando en el mismo lugar”, apunta.

Entre 2004 y 2014, Uruguay logró reducir la pobreza del 40% al 9%, de acuerdo con la medición por ingresos hecha por el INE. “Más allá de que continuó bajando muy levemente entre 2014 y 2017, ya desde mitad de la década pasada se observa un estancamiento”, señala Gustavo De Armas, asesor en Planificación Estratégica de Naciones Unidas en Uruguay. Desde 2014, con leves variaciones, la pobreza permanece en una meseta del 10%. ¿Por qué ese núcleo duro, como lo llama este experto, no ha podido ser abatido?

Parte de la respuesta, explica De Armas, reside en las características sociodemográficas de esa población: el 44% de las 350.000 personas pobres son niños y adolescentes, que no generan ingresos. Asimismo, las mediciones muestran que casi el 70% de los 90.000 hogares pobres tiene jefatura femenina. “Los datos permiten advertir, además de la infantilización, la feminización de la pobreza en Uruguay”, subraya. Estas mujeres dedican en promedio 43 horas por semana al trabajo no remunerado, según un informe elaborado por De Armas, que implica cuidar de sus hijos, cocinar, limpiar, también encargarse de otros adultos. Además de resolver cómo cubrir las necesidades básicas del hogar.

“Todas tenemos niños a cargo, adultos mayores a cargo, personas con discapacidad a cargo...”, sostiene Carina Zeballos, lideresa de la Coordinadora Nacional de Asentamientos, durante una visita al barrio Nueva Esperanza. En 2018, Zeballos propuso sacar a flote esta agrupación que se había creado en los años 90 y está integrada por 80 mujeres de 60 asentamientos de ocho departamentos de Uruguay, para compartir dificultades y buscar formas de salir adelante.

Ellas intentan reunirse virtualmente una vez por semana, aunque resulta complicado que todas participen. Según relata a Zeballos a América Futura, a menudo deben lidiar con que la casa se inunda de materia fecal, con que aparece un niño mordido por una rata, con que los colchones se echaron a perder por la lluvia… “La impotencia es tremenda”, asegura. Desde la Coordinadora abogan por la creación de una Renta Básica Universal e Incondicional, que les permita garantizar los derechos básicos de sus familias y dedicar parte del tiempo a su formación. “Tenemos muy bajo nivel educativo”, agrega Zeballos en referencia a las mujeres de esta agrupación. Este es un común denominador en los hogares más pobres.

Por lo pronto, los analistas coinciden en que el Estado uruguayo tendría que incrementar el monto del PIB que destina a las transferencias monetarias que llegan a los hogares más pobres y representan, en promedio, el 20% de los gastos de esas familias vulnerables. “Uruguay puede revertir esta situación”, afirma el economista Mauricio De Rosa. Eso implicaría, según sus estimaciones, incrementar el presupuesto en aproximadamente 500 millones dólares anuales para ampliar la cobertura de las políticas públicas específicas. “¿Qué pasa si no lo hacemos? El costo social es altísimo. Son inversiones inteligentes, además de justas”, asegura De Rosa.

Para el economista, eso sería factible a través de modificaciones tributarias que apunten a una mayor progresividad del sistema. De Rosa recuerda que Uruguay es el país con los índices de pobreza y desigualdad más bajos de América Latina, pero no sale bien parado si se compara con los países que integran el grupo de ingresos altos, del que forma parte: “En Uruguay, el 1% de mayores ingresos tiene el mismo ingreso mensual que el 50% más pobre combinado”. En ese contexto, remarca: “Por su calidad democrática, el país merece un debate más serio sobre el tema impositivo en campaña electoral”.

Un sistema de cuidados más potente

Además de coincidir en la necesidad de reforzar económicamente los programas sociales que se ejecutan actualmente, como el Plan Equidad, la Tarjeta Uruguay Social o el Bono Crianza, el asesor de la ONU en Uruguay, De Armas, sostiene que el país requiere un sistema de cuidados más potente. “Se necesitan niveles de cobertura universal en la población de entre cero, dos y tres años de edad, que contribuya al desarrollo infantil y tenga un impacto positivo en la participación de las mujeres en el mercado laboral”, señala.

Por otro lado, continúa, tiene que haber un fuerte componente educativo de capacitación para el mercado laboral dirigido a los adultos de los hogares más pobres, pero en particular en aquellos con mujeres a cargo. “No parece una meta inalcanzable”, apunta De Armas, teniendo en cuenta que Uruguay es uno de los países de la región con el Estado de bienestar más antiguo y robusto. De concretarse, estas medidas implicarían reducir la pobreza medida por ingresos, pero no superarla en todas sus dimensiones, que incluye la vivienda decorosa, el acceso a los servicios básicos como saneamiento, electricidad y agua potable, entre otros.

“Las circunstancias son colectivas, no son individuales”, reflexiona la socióloga Filardo, a propósito del enfoque que han mantenido las políticas sociales durante los sucesivos Gobiernos. Estas han apuntado a la responsabilidad del individuo más que a la del grupo: “Yo te doy la capacitación, ahora vos conseguí el empleo”, ejemplifica.

El desarrollo de proyectos que involucren a la comunidad podrían favorecer el cambio, observa Filardo, porque los logros serían del barrio y no solo del individuo. “Independientemente de los esfuerzos que se están haciendo, no hay síntomas de mejora y esto va a peor, porque se suman nuevas precariedades producto del narcotráfico, que se ha metido en esos barrios, y de las nuevas relaciones que genera”, advierte la socióloga. Ante este panorama y con la mira puesta en las elecciones de octubre, la sociedad espera que sus principales referentes políticos arriesguen propuestas viables para hacer frente a dos de los problemas más acuciantes que tiene Uruguay: pobreza infantil y seguridad.