María Bautista, una maestra de primaria de 39 años de San Mateo Ixtatán, una remota comunidad de Huehuetenango, en el norte de Guatemala, recuerda el momento en el que su vida dio un giro: la muerte de su vecino y compañero de lucha Sebastián Alonzo, un campesino de 68 años que en 2017 fue herido de bala en una protesta contra la implantación de un proyecto hidroeléctrico en el valle Ixquisis, un oasis de ríos y plantaciones a 45 kilómetros al norte de su ciudad.

“Cuando mataron a Sebastián Alonzo fue una intimidación. Fue como decirnos: ‘No se manifiesten más’. Pero, al contrario, nos empujó a continuar la lucha y a organizarnos más”, dice Bautista desde una terraza que da a su restaurante, mientras portea a su nieto. Después de ver cómo la oposición a la hidroeléctrica se convirtió en violencia contra su comunidad, esta mujer que viste un huipil bordado típico del pueblo maya chuj, decidió ponerse en primera línea de la lucha por la defensa de su tierra.

Aunque vive en San Mateo Ixtatán, Bautista, posee un modesto terreno con una casa de láminas en el valle Ixquisis, en el pueblo de Yulchén Frontera, al lado del río que amenazaba con desviar la hidroeléctrica. Seis años después de la muerte del agricultor, la necesidad de defender el agua ha colocado a mujeres como ella en el centro de una batalla por la supervivencia. “Al principio, sí costaba un poco la participación de las mujeres”, confiesa Bautista. “A veces teníamos que quedarnos en casa, pero ya después fuimos perdiendo el miedo. Y también demostramos el apoyo a los compañeros, que también nosotras podemos luchar y podemos participar. Ha sido un poco lento, pero no imposible”.

Todo empezó en 2010 con la llegada de la empresa hidroeléctrica guatemalteca PDH (ahora Energía y Renovación), que marcó el principio del conflicto por los recursos naturales en el valle. “Vinieron a engañar a la gente viendo las necesidades que tenemos”, recuerda amargamente.

Frijoles rojos, maíz, trigo, café, cardamomo: todo crece en el valle de Ixquisis, generosamente regado por el Río Negro, con sus aguas oscuras, el Río Pojom, que aprecian especialmente los niños por su tranquilidad, y el Río Yalowitz, ancho, orgulloso y seguro de su fuerza. Peces, algas y cangrejos pueblan los ríos de esta tierra fértil. A pesar de toda la riqueza natural de la región, el acceso a la red eléctrica no está bien desarrollado y sus habitantes, en su mayoría indígenas chuj y kanjobal, tienen muy poco y emigran en masa a Estados Unidos.

Por eso, cuando llegó la empresa hidroeléctrica y convocó a los ocho pueblos del valle de Ixquisis a una reunión prometiendo la construcción de escuelas, el acceso al agua potable, centros de salud y, sobre todo, la tan anhelada electricidad, la mayoría de los habitantes se entusiasmaron.

María Bautista conoce la ley: tiene estudios superiores —estudió para ser maestra de primaria— y domina el español, algo poco frecuente en esta región. Después de que llegara la empresa en 2010, identificó incoherencias en su propuesta. Según la legislación guatemalteca, la generación y la distribución de electricidad son dos actividades separadas. Ella sabía que el Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala es la única entidad autorizada para desarrollar la red eléctrica y distribuir la electricidad. Por lo tanto, sabía que esta compañía no estaba facultada para ofrecer garantías sobre su distribución a nivel local.

“Ellos ya llevaban un acta donde hacían firmar a la gente. Me di cuenta de que los compañeros no entendían mucho lo que leían y que nos mentían. Entonces yo opiné y, gracias a mi opinión, la gente no firmó”, cuenta Bautista. Ella fue la primera persona que se opuso al proyecto hidroeléctrico. Después se le sumaron otras madres y, más tarde, más vecinos se dieron cuenta de que habían sido manipulados: la electricidad producida por el proyecto no abastecería al valle, sino que iría a la red central de electricidad.

A pesar de la oposición de parte de la población, en 2013 la empresa obtuvo financiación de BID Invest para la construcción de dos centrales. Este organismo privado, filial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que tiene entre sus objetivos contribuir al desarrollo sostenible de la región y que recibe fondos de 48 países, decidió financiar el proyecto por valor de 13 millones de euros.

Con el liderazgo de vecinos como María Bautista, Yulchén Frontera se transformó rápidamente en el corazón de la oposición al proyecto hidroeléctrico. Y el lugar donde ahora nadie olvida la muerte violenta del patriarca de la comunidad.

Sebastián Alonzo era un hombre de pocas palabras. Como todos los ancianos, era respetado por su comunidad. Su voz contaba doble en las reuniones comunitarias, en las que se tomaban las decisiones importantes. El informe policial elaborado tras su muerte lo define como un hombre soltero, sin estudios, de tez morena, ojos castaños, cejas ligeramente pobladas, nariz aguileña, labios finos, pelo sal y pimienta, bigote afeitado y de aproximadamente 1,65 metros.

Su hijo Juan, de 28 años, tartamudea desde el día en que fue testigo de su muerte. Dos de sus cuatro hijas se sientan en sus rodillas mientras lo recuerda. “Siempre estábamos trabajando en el campo con mi padre. Él estaba muy involucrado en la comunidad en la lucha por los recursos naturales. Decía que era una lucha por nuestros hijos y nuestros nietos más después. Fue por eso que asesinaron a mi papá“.

Cuando el padre vivía, ambos salían de casa antes de que amaneciera, machete en mano, a limpiar sus campos. Regresaban después de largas horas de trabajo, bajo un sol abrasador, cargando en sus espaldas el café y el cardamomo recién cortado. Sus cultivos necesitan mucha agua y la vida de las familias del valle depende de los ríos. Cuando se dieron cuenta de que el río que riega sus tierras estaba amenazado por el proyecto hidroeléctrico de Energía y Renovación, decidieron oponerse. Su hijo cuenta que, una vez, su padre se encontró con un trabajador de la empresa que le confesó que estaban construyendo un túnel para desviar el río Pojom. “Pero ,¿nos van a dejar sin nada?”, le interpeló entonces. Su oposición fue firme hasta el día de su muerte.

En 2017 ya se había ejecutado el 30% del proyecto final. El monte Yal Witz, considerado sagrado por la población, fue dinamitado para desviar el río Pojom. La empresa tenía previsto modificar otros cuatro cursos de agua: los ríos Primavera, Varsovia, Palmira y Negro. Las manifestaciones contra el proyecto se hicieron cada vez más fuertes y convocaron a más gente. El 17 de enero de 2017, entre 600 y 1.000 personas de diferentes municipios de los alrededores de San Mateo Ixtatán se manifestaron en Ixquisis contra Energía y Renovación.

Allí estaba Sebastián Alonzo como de costumbre con los que él llamaba sus compañeros de lucha. Drones de la empresa sobrevolaban el recorrido de la marcha. Un poblador utilizó un tirachinas para derribar un dron, que cayó al suelo antes de ser pisoteado por la multitud. Justo cuando la protesta llegaba a un prado, individuos armados comenzaron a disparar. Los manifestantes intentaron huir.

Los disparos dispersaron a la multitud. Todos salieron corriendo, salvo Sebastián Alonzo. Su cuerpo yacía inmóvil en el suelo y su camiseta verde estaba empapada de sangre. “Cuando miré para atrás, ya estaba tirado y tenía un golpe en su ojo y un machetazo en la mejilla”, recuerda su hijo Juan. El hombre permaneció allí cuatro horas sin asistencia médica. Cuando sus amigos regresaron, seguía en el suelo. Tenía dos heridas de bala, una en la nuca y otra en el pecho, pero aún estaba vivo. Alonzo murió unas horas después, mientras era trasladado al hospital más cercano, a tres horas de Ixquisis.

Como Sebastián Alonzo, 1.910 defensores del medio ambiente asesinados en el mundo desde 2012, la mayoría de ellos en América Latina, la región más peligrosa para ser ambientalista del mundo. Como en el 95% de los asesinatos de ecologistas en todo el mundo, el crimen sigue impune hasta la fecha.

Cristian Otzin, abogado especializado en la defensa de los derechos indígenas, a quien la familia Alonzo encargó la investigación del asesinato, sostiene que fueron guardias de seguridad privada de Energía y Renovación quienes dispararon contra los manifestantes e hirieron de muerte a Sebastián Alonzo en 2017. “Es la hipótesis más probable”, dice. Cinco años después, los documentos de la investigación sobre la muerte del agricultor, se reducen a un lacónico: “Investigación en curso”.

Entrevistado en su despacho en una exclusiva zona de Ciudad de Guatemala, Alfonso de León, director de Obras de Energía y Renovación, asegura que los guardias de seguridad no fueron responsables de los disparos que acabaron con su vida. “Para ellos [los manifestantes], todo es responsabilidad de la empresa. Si llueve o no llueve, es culpa de la empresa”, se lamenta De León, quien dijo haber estado en la zona el día del asesinato de Alonzo. “Corresponde a las autoridades determinar qué pasó ese día”, dice. Hasta la fecha, aparte de algunos interrogatorios a testigos, la policía no ha realizado ninguna investigación en profundidad sobre estos hechos.

Además del asesinato de Sebastián Alonzo, entre 2014 y 2022, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) ha registrado casi un centenar de agresiones como intimidaciones, mascotas envenenadas o palizas en contra de opositores al proyecto hidroeléctrico del valle de Ixquisis. Durante meses, María Bautista también recibió amenazas de muerte anónimas todos los días. “Me decían que no me meta en este problema y que no llorara cuando me iba a pasar algo porque ya me habían avisado”.

A medida que se iban sumando al movimiento, las mujeres como ella se convirtieron en blanco de amenazas. “Unos que estaban a favor de la empresa, porque estaban pagados, nos trataban muy mal por ser mujeres. A las que nos manifestábamos nos trataban de putas, nos prohibían el tránsito y nos amenazaban de que nos iban a violentar. Nos daba miedo caminar solas de noche”, recuerda. Pero a pesar del temor, eso no la detuvo. “Al principio, mi familia no estaba tan de acuerdo en esta lucha y hasta ahora siempre me dicen mis padres: ‘Bueno, ten cuidado, cuídate mucho. No nos gusta que estés metida en esto, no nos gusta, ya no vayas’. Pero yo digo es que siento que es un trabajo que empecé y tengo que terminar”. Las mujeres lideradas por Bautista se organizaron y comenzaron a documentar cómo les afectaba la presencia de la empresa y la modificación de los ríos.

Después de una queja interpuesta por la comunidad ante el Mecanismo Independiente de Control e Investigación del BID (MICI), el BID decidió retirar los fondos de apoyo al proyecto. Era la primera vez que algo así pasaba en su historia. El banco de desarrollo alegó que la empresa no había revelado que había pueblos indígenas en el lugar, cuando en realidad estos constituían el 86% de la población. También aseguró que les habían dicho que la electricidad del proyecto iría a la red central sin pasar por el pueblo, a pesar de lo que habían prometido a los lugareños. Tras la pérdida de su mayor financiador, el proyecto se encuentra paralizado. Pero el abogado Alfonso de León sigue confiando en su desarrollo: “Tiene viabilidad técnica y social y debe continuar”, defiende.

El papel de las mujeres también fue clave para el retiro de los fondos al proyecto: el MICI reconoció que el proyecto no cumplía con su política de género, ya que las mujeres estaban particularmente perjudicadas, al ser las que más dependían del agua de los ríos. “¡Sin agua, estamos acabadas! Yo, desde las 5 de la mañana, uso el agua del río para calentar el café, y luego para cocinar y beber y para limpiar la ropa, como todas las mujeres de aquí”, dice Catalina, una campesina de Bella Linda, uno de los pueblos del valle, que está embarazada de su quinto hijo. “El mejor futuro que podemos dar a nuestros hijos es proteger el agua…Se lo debemos a Sebastián”, añade.

“El río es un lugar de convivencia para las mujeres, por eso también somos protagonistas en esta lucha”, coincide María Bautista. Las mujeres, ahora formadas en derecho con el apoyo de asociaciones internacionales, asisten y toman la palabra en las asambleas en las que se decide el futuro del pueblo. Al salir de una reunión en Ixquisis, un grupo de cinco mujeres conversa. “Ahora sentimos que somos parte de las decisiones y que nuestra opinión sirve”, dice la más joven de ellas. Al concluir la asamblea, María Bautista se emociona: “Me ha conmovido porque hay pocas oportunidades de que las compañeras mujeres puedan expresarse, que puedan defenderse”.