El sueño del 5G mete a Costa Rica en el “pleito de elefantes” entre EE UU y China
Un polémico decreto emitido por el Gobierno de Chaves provocó el enojo de la embajada china y pone en el terreno de la geopolítica el anhelo costarricense de desarrollar su red de telecomunicaciones
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El sector tecnológico, los empresarios y la academia de Costa Rica llevan tiempo soñando con avanzar en el desarrollo de la tecnología de telecomunicaciones 5G para no quitar velocidad al empuje actual de industrias sofisticadas, innovar en áreas como la salud o ciudades inteligentes y ayudar a reducir la brecha digital que afecta a zonas rurales. El Gobierno anterior, de Carlos Alvarado, tuvo el tema en remojo, pero en 2022, al comenzar la administración de Rodrigo Chaves, se aceleraron los trámites y la promesa empezó a tomar forma en medio de discusiones de tipo técnico o administrativo. Pero el tema no tardó en convertirse en un caso geopolítico y ahora este anhelo está condicionado por la pugna económica entre Estados Unidos y China.
“El pleito de elefantes”, como lo ha llamado el presidente Chaves, tiene como escenario al pequeño país que en 2007 se convirtió en la primera nación centroamericana con relaciones diplomáticas con China y que, al mismo tiempo, depende del mercado estadounidense para las crecientes exportaciones, sobre todo las del dinámico sector de implementos médicos y otros productos ligados a la tecnología.
La situación se tensó después agosto cuando el Gobierno emitió un decreto sobre el desarrollo de la red 5G que afecta a empresas de capital chino, al excluirlas de un proyecto con un posible impacto de 1.550 millones de dólares sobre la pequeña economía local en un periodo de 5 años, casi 1,3% del PIB, según investigadores del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la estatal Universidad Nacional (UNA).
El proceso para desarrollar la red de telecomunicaciones de quinta generación continúa, pero ahora es un asunto de política internacional y quizás de disputas legales internas porque China ha acusado a las autoridades costarricenses de discriminar a las empresas de su país, en especial la gigante Huawei, que incluso ha acudido al Tribunal Constitucional. La potencia asiática repudia las justificaciones que han dado en San José las autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) al señalar a China como un factor de riesgo para la ciberseguridad y advertir que, por tener un sistema político totalitario, no tiene capacidad de sancionar a las empresas que participen en espionaje.
“La presunta acusación de que China es un país con mayor riesgo en materia de ciberseguridad es totalmente absurda e infundada”, expresó a mediados de octubre la embajada de China en un comunicado emitido sólo horas después de las declaraciones de la ministra del Micitt, Paula Bogantes. La reacción diplomática llegaba a un nivel que no se conocía antes entre Costa Rica y China: “Estos comentarios afectan gravemente la confianza y las expectativas de las empresas chinas para realizar actividades económico-comerciales en Costa Rica y socavan el buen ímpetu de desarrollo de las relaciones bilaterales. Lamentamos mucho por sus comentarios y expresamos nuestra enérgica y vehemente oposición a sus acusaciones irresponsables e infundadas”, señaló la legación diplomática.
No es el primer comunicado oficial de la diplomacia china en este caso. En otro pronunciamiento, repudió la “discriminación” de la firma Huawei, proveedor de servicios actuales en Costa Rica y en 169 países más. “La parte china está a la expectativa de que la parte costarricense pueda adoptar una actitud objetiva y justa, evitar la generalización del concepto de seguridad nacional y la politización de las cuestiones técnicas”, dijo el 5 de septiembre, con un mensaje que no ha calado en las autoridades costarricenses.
Una semana antes, Rodrigo Chaves estaba sentado en el despacho del presidente Joe Biden, en una visita oficial que se anunció sólo unos días antes para hablar de migración, seguridad e inversiones, mientras en el diario oficial se publicaba el decreto que Chaves dejó firmado para prohibir la participación en los proyectos de 5G a las empresas de países que no hayan suscrito el Convenio de Budapest (2001) sobre ciberseguridad. Así quedaban fuera del juego las empresas chinas, pero también de Corea, Brasil o Singapur, sin que el mandatario tenga intenciones de modificar el decreto, según dijo el pasado miércoles.
“Es probable que esto se vaya a tribunales, pero eso no quita que hay una presión geopolítica”, analiza Constantino Urcuyo, profesor emérito de política internacional en la Universidad de Costa Rica (UCR) y autor del libro China y Estados Unidos: geopolítica y estrategia en el siglo XXI. Aunque no es el primer caso en el mundo de obstáculos a empresas chinas por asuntos de ciberseguridad, Costa Rica se sitúa en condiciones particulares por estar en el área de influencia de Estados Unidos y por la alta dependencia ante la economía del norte, advierte Urcuyo a EL PAÍS.
Ese es uno de los puntos de conflicto, como lo advirtió la embajada de China en un comunicado de agosto: “Los países latinoamericanos y caribeños son Estados independientes y soberanos, no son el patio trasero de los Estados Unidos”, país al que acusó de privar a China de condiciones igualitarias de mercado. “Estados Unidos viene politizando, instrumentalizando e ideologizando las cuestiones comerciales y tecnológicas para difamar, desprestigiar y atacar China sin ningún fundamento fáctico”, añadió el documento.
Esas afirmaciones no venían de la nada. Fueron la reacción a palabras que dio en San José la jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, tras una reunión con Rodrigo Chaves con ocasión de una donación de 10 millones de dólares para reforzamiento de la ciberseguridad en Costa Rica. La general criticó las intenciones de China en participar en países de la región en el desarrollo de “infraestructura crítica” como puertos en aguas profundas, cibertecnología, inversiones aeroespaciales y redes 5G, con el argumento de que esas inversiones podrían utilizarse en eventuales operaciones militares.
Semanas antes, en julio, el Departamento de Estado había anunciado que colaborará con Costa Rica para impulsar la actual industria local de semiconductores. Washington ve al país centroamericano como un socio particular para garantizarse el suministro de los microprocesadores, objeto de la ‘Ley Chips’ que Biden emitió en agosto de 2022, el mismo día en que autoridades costarricenses participaron en la inauguración de las operaciones de manufactura de la trasnacional Intel en la planta en suelo costarricense donde se instaló en 1997.
“Es clarísima la enorme importancia de Estados Unidos para la economía nacional, pero también es claro que EE UU está presionando. Costa Rica debió contestar que analizaría el caso según el marco legal para no exponerse a demandas legales que probablemente vendrán; eso es algo que comprenderían bien en Washington”, opinó Marco Vinicio Ruiz, quien fue ministro de Comercio Exterior, embajador en China y empresario importador de productos de la marca estadounidense Apple. Ahora, en cambio, considera que se usa la ciberseguridad como pretexto para dejar el espacio abierto a ciertas compañías, pues el Convenio de Budapest se refiere a asuntos de cooperación internacional en ciberseguridad, pero no es un parámetro suficiente para discriminar por factores de riesgo, como hace el Gobierno costarricense.
Un obstáculo para el desarrollo del 5G
El instituto CINPE advierte que el polémico decreto plantea un obstáculo para el desarrollo de la red 5G en Costa Rica por potenciales disputas legales y por el posible aumento de hasta 40% en la tarifas de servicios de telecomunicaciones, debido a la necesidad de mayor inversión de compañías que no tienen la infraestructura instalada como sí tiene Huawei, proveedor actual del Estado. Esto, además, implica atrasos en el desarrollo de la tecnología que ya operan en otros países de América Latina y una reducción del aporte al PIB nacional, a sólo una séptima parte de lo proyectado en un escenario abierto, según los investigadores académicos.
Chaves, por el momento, no da el brazo a torcer. Consultado por un periodista después de las declaraciones de su ministra Bogantes y de la protesta de China, volvió a aludir a factores de peligro cibernético y del temor repetir los problemas que provocó un ataque informático sobre instituciones públicas a mediados del 2022. El mandatario culpa a otros sectores de hacer ver un conflicto con China o de prestarse para el cabildeo de empresas chinas y rechaza que haya componentes geopolíticos de por medio, a pesar de los comunicados de la embajada asiática, los “más duros desde que hay relaciones bilaterales”, según Ruiz.
El presidente asegura que Costa Rica no quiere meterse en el “pleito de elefantes, aunque el deterioro diplomático ya está hecho, indica Urcuyo, quien reconoce la dificultad del Gobierno de Chaves de comportarse de manera equidistante, debido el peso enorme de Estados Unidos, su importancia para la economía local y para la posible cooperación en materia de lucha contra el crimen ante la ola de violencia que se desató en este año.
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