El territorio indígena en América Latina aumenta a pequeños pasos

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Aunque América Latina ha sido una región pionera en reconocer los derechos territoriales de comunidades afrodescendientes, indígenas y locales, en los últimos años se ha ido quedando atrás. Así lo señala el segundo informe ¿A quién pertenece la tierra del mundo? publicado este jueves por la organización Rights and Resource Initiative (RRI), en el que se exploró en 73 países que cubren el 85% de superficie terrestre qué porcentaje pertenece a estas comunidades o, en dado caso, ha sido designado a ellas.

Mientras que nivel global entre 2015 y 2020 —periodo que evaluó el informe— el área total de tierra reconocida bajo figuras comunitarias aumentó en 102,8 millones de hectáreas, en América Latina la cifra apenas sumó 21 millones de hectáreas. Específicamente, en la región, las áreas designadas a comunidades indígenas o afro (es decir, que las utilizan, pero no son sus dueñas), aumentó en 4 millones de hectáreas (del 3% en 2015 al 3,2% en 2020), y las tierras de las que sí son dueñas estas comunidades crecieron en 17 millones de hectáreas (del 16,7% al 17,6%).

“Latinoamérica avanzó mucho en este tema en los años 80 y 90″, comenta Omaira Bolaños, directora de los programas de América Latina y Justicia de Género de RRI. “Pero, desde entonces, en lo que queda pendiente, la asignación de nuevos territorios indígenas ha sido muy lenta” Incluso, explica que, aunque la cifra global es una buena noticia, ya que hubo un aumento, también recuerda que ese incremento se debe solo a lo que sucedió en 38 de los 73 países analizados. Muchos de ellos ubicados en África.

Ante esto, Levi Sucre, líder indigena y representante de la Alianza Global de Comunidades Territoriales, cree también que se trata de un panorama algo desalentador. “Nos alarma que el reconocimiento de tierras indígenas y de comunidades locales esté estancado porque significa que nuestros bosques están vulnerables ante el extractivismo; que nuestras vidas y culturas están en riesgo y que toda la humanidad está perdiendo el chance de pelear la crisis climática. Los gobiernos continúan haciendo promesas para mitigar el cambio climático hasta el 2030, pero no titulan tierras, siendo que es la manera más efectiva y eficiente para proteger los bosques”, señala.

Con estas nuevas cifras, y según el informe de WWI, en los 16 países de América Latina analizados, alrededor del 79% de la tierra está en manos del Estado o de privados, un 18% es propiedad de comunidades afro o indígenas, y el 3% ha sido apenas designada para un uso colectivo de estas poblaciones.

¿Qué está pasando en América Latina?

Según el informe, uno de los países que ayudó a mejorar el panorama de la región en estos años fue Panamá. Allí, tras el cierre de un caso que llegó a la Corte, se permitió que las comunidades indígenas Naso Tjër se convirtieran en dueñas de 160.000 hectáreas de tierra, lo que se convirtió en un precedente. “Siempre existió una limitación porque se consideraba en Panamá que en las áreas protegidas no se podía demarcar territorio para pueblo indígena”, agrega Bolaños. Pero tras esta acción del Gobierno, que hace este reconocimiento emblemático, se deja claro que conservación y la presencia de indígenas son coherentes. No se limitan y, de hecho, como han demostrado otras investigaciones, donde viven indígenas es donde hay menos deforestación y mayor biodiversidad”, dice la experta.

En otros países, como Guyana, también se avanzó. El país reconoció el Área Protegida Amerindia de Kanashen, la primera de este tipo, que cubre el 3% de la superficie de Guyana.

El problema, recalca el informe, es que además de que América Latina empezó a retrasarse en demarcar nuevas áreas para pueblos afro e indígenas, los que ya están en pie, por lo menos sobre el papel, viven fuertes amenazas. Uno de los casos más sonados fue el de Brasil, cuando el expresidente Jair Bolsonaro recortó la financiación a la agencia de asuntos indígenas del país y emitió una orden que otorgaba al Ministerio de Agricultura de Brasil un mayor poder sobre las tierras indígenas. En Perú, también apunta el informe, a las comunidades de la Amazonia y los Andes les ha tocado poner demandas para proteger su territorio ante la presión de compañías petoleras y mineras a quienes se les ha dado concesiones a nivel central sin preguntarles nada a las comunidades que habitan el territorio. Un ejemplo que se podría citar casi que en cualquier país de Latinoamérica.

Y es que, como lo dice Bolaños, mientras la región siga manteniendo un modelo económico basado en el extractivismo de los recursos naturales, siempre habrá presión no solo para reconocer nuevos territorios afro e indígenas, sino para infliltrar aquellos que ya están protegidos bajo esta figura.