Las distintas formas de quedarse con tierras de pueblos indígenas en Perú

La pugna por el control de la tierra, el acaparamiento, es un gran problema para la conservación de valiosos ecosistemas y para la supervivencia de comunidades locales en muchas partes del mundo: esto a veces sucede de forma legal, cuando una compañía compra grandes superficies de terreno, pero también ocurre directamente por la invasión del territorio o la obtención de concesiones de manera irregular. En Perú cada vez son más los casos de comunidades indígenas que denuncian que sus tierras les son arrebatadas de esta segunda forma, según líderes comunitarios, abogados y la Defensoría del Pueblo de este país latinoamericano, que aseguran que esto ocurre por la unión de tres elementos: empresas privadas, mafias y funcionarios corruptos.

En la última década, la mayoría de gobernadores regionales peruanos ha terminado preso por corrupción y en la actualidad la Fiscalía investiga al gobernador regional de Madre de Dios por su presunta participación en una organización criminal dedicada a la extracción ilegal de madera. Las tierras más afectadas pertenecen a pueblos indígenas amazónicos o son concesiones de bosque para conservación a las cuales las autoridades cambian el uso para cederlas a terceros que las explotan. A menudo, este acaparamiento de tierras se produce para el cultivo de palma o de coca destinada al narco, pero también puede estar relacionado con la minería ilegal o el tráfico de terrenos con fines inmobiliarios. Los testimonios de los afectados parecen sacados del viejo oeste norteamericano: tierras invadidas, amenazas y, por lo general, comunidades dejadas a su suerte por las autoridades.

Según la ONG Paz y Esperanza, una primera modalidad de acaparamiento ocurre en San Martín, donde asegura que el gobierno regional ha autorizado el cambio de uso de concesiones de bosque dedicadas a conservación y luego las ha cedido para extracción de madera, cultivo de palma, producción de biodiésel o minería no metálica. “De 126 comunidades indígenas y campesinas solo 36 están tituladas [cuentan con títulos de sus tierras comunales], y el gobierno regional ha asignado derechos sobre algunas de estas tierras que generan conflictos”, explica el abogado Rubén Ninahuanca, de Paz y Esperanza.

En áreas contiguas al parque Cordillera Azul —llamadas zonas de amortiguamiento— hay cultivos de coca destinados al narco desde la década pasada y la presencia de invasores amenaza a los pueblos indígenas. Como ocurre a menudo, estas poblaciones no disponen de títulos de propiedad a pesar de tener una fuerte vinculación con la tierra. En este caso, como incide Melvin Mestanza, también de la ONG Paz y Esperanza, el parque nacional Cordillera Azul se superpone con los terrenos de las comunidades nativas de Ricardo Palma y de Callanayacu (en la región San Martín), aunque fue creado de forma posterior a la presencia allí de estas comunidades. Estas reclaman el derecho a su territorio, pero las autoridades no expiden títulos en áreas naturales protegidas.

Como destaca Ninahuanca, otra forma de acaparar tierras es con la compra de predios a precios bajos a colonos, en referencia a los caseríos cercanos a las comunidades indígenas o que invaden sus terrenos. La comunidad nativa de Reformallacta es una de las afectadas por ese problema, refiere el abogado.

Un informe de 2017 de la Defensoría del Pueblo de Perú indicó que la deforestación por los cultivos extensivos agroindustriales de palma y cacao en San Martín, Loreto y Madre de Dios era consecuencia de la ilegalidad y de la ineficacia estatal. El Instituto de Defensa Legal también ha denunciado que Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín, ha perdido parte de su territorio debido a terceros que se dedican al tráfico de tierras, la tala ilegal y el cultivo para el narcotráfico. Es una de las comunidades indígenas que al no tener título de propiedad no puede defenderse legalmente. El 45% de su territorio está superpuesto a predios (concesiones) de la maderera Timberland.

Litigios y denuncias

Uno de los casos de mayor concentración de tierras que ha llegado al Tribunal Constitucional de Perú es el de la comunidad Santa Clara de Uchunya, territorio del pueblo shipibo, con más de 200 hectáreas tituladas desde 1986. La década pasada, la Dirección Regional Agraria de Ucayali entregó cientos de títulos de propiedad de este territorio a terceros que luego los vendieron a empresas agroindustriales de palma. “La comunidad hizo denuncias en 2012 y 2013, y luego de siete años de investigación y un paquete de acciones legales, tuvimos que acudir al Tribunal Constitucional”, explica Álvaro Másquez de la ONG Instituto de Defensa Legal. “La comunidad espera la restitución de 7.000 hectáreas de territorio ancestral que está en posesión de la empresa Ocho Sur”, precisa.

La empresa que se benefició con las acciones irregulares del gobierno regional fue Plantaciones Pucallpa, que formaba parte de la mesa redonda sobre aceite de palma sostenible (RSPO, por su sigla en inglés). La ONG Lands Right Now señala que tras las denuncias, fue expulsada de la organización y los terrenos fueron subastados. La nueva compradora, Ocho Sur P, es una compañía ligada a Peruvian Palm Holding Ltd, “una red compleja de firmas extranjeras que ha sido usada para evitar el debido proceso local”, indica Lands Right Now. El Constitucional realizó la vista de la causa en 2019 y desde entonces la comunidad aguarda el fallo. “Lamentablemente, falleció Carlos Ramos, el magistrado ponente y nos preocupa quién será el nuevo: a las taras que ya existen en el sistema de justicia se suman estas fatalidades”, se lamenta el abogado Másquez.

Igualmente, la comunidad indígena huitoto-murui, llamada Centro Arenal en la región Loreto, ha denunciado a la Dirección General Agraria de esa jurisdicción porque desde 1997 entrega títulos irregularmente a terceros, mediante “mecanismos de simulación de adjudicación de predios” pertenecientes a la comunidad. Los beneficiados por dicho tráfico de tierras conforman un caserío llamado Picuro Yacu, del que más de 400 hectáreas se superponen con el territorio de Centro Arenal.

En un vídeo grabado por el abogado Marcos Chung, el apu (jefe indígena) de Centro Arenal, informa que desde que el Ministerio de Transportes anunció la construcción de una carretera que atraviesa la comunidad, invasores han abierto una trocha para extraer madera ilegalmente. “Esto que ven —dice mostrando el bosque comunal— la próxima semana ya no va a estar”, denuncia Arthur Cruz, mientras se escucha el ruido de fondo de las máquinas taladoras.

“El ministerio nunca consultó previamente al pueblo indígena acerca del proyecto de la carretera”, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, añade el dirigente. En otro punto de la Amazonia, una organización indígena de la región Ucayali ha denunciado hace dos meses a depredadores de bosques comunales: unos siembran coca con tractores, otros lavan oro ilegalmente en las riberas del río Ucayali. “No tengo exactamente la dimensión, pero son 13 comunidades indígenas y cuatro caseríos (de colonos) los más afectados por los cocaleros y los taladores ilegales”, comenta Misael Vásquez, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Nativas del Distrito de Tahuania (Ordeconadit). “Hemos visto a las madereras, los tronqueros, los narcotraficantes invadiendo territorios. Tenemos mucho miedo, porque somos indígenas no nos hacen caso. Cuando vamos a denunciar nos dicen que no entregamos evidencias: no tenemos justicia porque no tenemos plata”, añade por teléfono Lourdes Urquía, dirigente de Ordeconadit.

Tronqueros llaman a los grandes camiones sin identificación que trasladan la madera extraída ilegalmente. Vásquez reporta que aún no hay resultados de las denuncias que han presentado a la policía por la invasión de territorios de Tahuanía con decenas de hectáreas sembradas de coca. Los indígenas están entre los primeros colaboradores de la Fiscalía Ambiental, recientemente interceptaron 243 piezas de madera taladas ilegalmente en el distrito. Indica que los invasores y las empresas “están invirtiendo en pequeños tractores, incentivan las pequeñas actividades. Es una corrupción muy inmensa”, comenta. Aunque tiene esperanza en que la amenaza no vaya a más, dado que el gobernador regional de Ucayali, Francisco Pezo, fue detenido la semana pasada a raíz de una investigación fiscal sobre corrupción en contrataciones estatales durante el primer año de la pandemia.

Un caso sobre pueblos en aislamiento

El acaparamiento de tierras ocurre también en una zona donde viven pueblos indígenas en aislamiento voluntario en una región fronteriza con Bolivia y Brasil. La Federación Nativa de Madre de Dios (Fenamad) ha cuestionado públicamente a la maderera Canales Tahuamanu, que valiéndose de un limbo legal —sobre las actividades permitidas en reservas indígenas— extrae madera de una zona donde está documentada la presencia de población mashco piro. Incluso durante la pandemia, según critica Daniel Rodríguez, antropólogo y asesor de Fenamad, el Ministerio de Salud aprobó en 2020, durante la cuarentena de la covid-19, que la maderera pudiera seguir operando concesiones forestales en la Reserva Territorial Madre de Dios en la que ancestralmente está asentado el pueblo mashco piro.

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