El plan de demarcación de tierras indígenas de Lula no es suficiente para las cacicas

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Con sus tocados de plumas y maracas moradas, danzan descalzas sobre la tierra roja ante la blancura de los edificios de Oscar Niemeyer en Brasilia. Estos monumentos de cemento, el Congreso, el Tribunal Supremo Federal y el Palacio de Planalto, fueron alzados en 1960; sus pueblos están en estas tierras desde tiempos inmemoriales. Han viajado miles de kilómetros para llegar a la capital de Brasil, donde acampan en la explanada de los ministerios para exigir garantías para la salud y la educación indígenas y la demarcación oficial de sus tierras originarias. A la vez han peleado mucho para llegar a los espacios de representación política dentro de sus comunidades. Son mujeres cacicas de los pueblos indígenas de Brasil, las más golpeadas por las violencias que la minería ilegal, la deforestación y la especulación, sumadas al patriarcado, ejercen sobre sus comunidades.

El Campamento Tierra Libre (ATL), organizado por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), es la movilización indígena más grande del país que se repite anualmente desde 2004 en Brasilia. En esta edición, celebrada a finales de abril, se reunieron 7.000 personas de 180 de los 305 pueblos que habitan el gran país amazónico. Y es ahí, en lo que muchos ya llaman “universidad indígena” por la cantidad de saberes, contactos e información que se intercambia en pocos días, que se han encontrado, en sus espacios propios, miles de lideresas para articularse y tomar fuerza juntas. De hecho, uno de los lemas del encuentro fue “mujerizar e indigenizar el Brasil”.

“Estoy en el ATL por cuarta vez y todos los años hemos hablado de derechos de las mujeres, de nuestro derecho al territorio, pero este año es muy importante, porque las mujeres indígenas ya estamos ocupando los espacios de poder”, asegura firme Valdenira Kariany del pueblo Huni Kuní, del Estado de Acre, fronterizo con Bolivia. No solo se refiere a ella, que se ha convertido en lideresa de su aldea, sino también a Sonia Guajajara, designada responsable del nuevo Ministerio de los Pueblos Indígenas, o a Joenia Wapixana, quien se ha convertido en la primera persona indígena en ocupar la presidencia de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), órgano público encargado de proteger las comunidades autóctonas. “Es una maravilla tener a esas mujeres allá, la representación es muy importante”, asegura la cacica Ginjiba del pueblo Tupinambá de Bahia, con su tocado de plumas del halcón llamado carcarà en sus cálidas tierras.

Durante los últimos cinco años, la FUNAI había estado dirigida por aliados del agronegocio, un pujante sector económico, cuya expansión amenaza tierras indígenas. La vuelta al poder del Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva ha sido recibida por los pueblos indígenas con esperanza tras cinco años de retroceso en derechos y libertades y políticas en contra de estos grupos por parte de los expresidentes Michel Temer y Jair Bolsonaro, que prometió no dar ni un centímetro de tierra más a los pueblos indígenas y cumplió.

Cientos de tierras esperan ser demarcadas

El 28 de abril pasado, coincidiendo con el último día de la gran movilización indígena, el presidente Lula se presentó ante una audiencia colorida y eufórica de tenerlo delante para firmar la homologación de seis tierras indígenas. Pero seis son pocas: el movimiento indígena tiene 680 proyectos de reserva esperando a ser homologados, y como afirma la carta que el ATL le entregó al presidente progresista, “sin demarcación de tierras, no hay democracia”.

“Hemos venido aquí a exigir la demarcación de nuestras tierras, la policía ya ha matado a varios jóvenes que luchan por nuestro pueblo Pataxò en total impunidad”, asegura la cacica Arian del territorio Curumuxativá del pueblo indígena Pataxò de Bahía, uno de los que aún no ha logrado la demarcación. “Estamos rodeados de fazendeiros (latifundistas) acistas que han comprado tierras alrededor de nuestra aldea, que siembran con agrotóxicos, contaminan nuestra agua”, denuncia la lideresa. Aprovechando el largo viaje a la capital, su comitiva se reunió con distintos órganos del Gobierno que han prometido avanzar en los trámites de la demarcación, un proceso que, como el mismo presidente aseguró en el ATL, a modo de excusa, “es largo y complejo”.

La mayoría de las seis tierras indígenas homologadas por el Gobierno cargan en la espalda décadas de lucha, burocracia, visitas de técnicos y antropólogos y reiterados y costosos viajes a Brasilia para lograr este reconocimiento. La Tierra Indígena Kariri-Xokó, por ejemplo, en el Estado nordestino de Alagoas, inició su proceso de lucha en 1940 y solo 700 hectáreas de sus iniciales 7.000 han sido oficialmente reconocidas. Otro de los territorios finalmente reconocidos es el de un pueblo que cuenta actualmente con solo dos familias vivas, los Avá-Canoeiro, de Goiás. Marcada por una historia de masacres y suicidio, esta tribu con escaso contacto con la sociedad occidental, esperaba desde 1996 el reconocimiento de su tierra. El Estado ha esperado a que su población esté en un grave peligro de extinción para concedérselo.

El clima del encuentro entre ministros y presidente y la plenaria con representación de 180 pueblos fue festivo, pero no faltaron los gritos y cánticos con exigencias. Quienes ya llevan décadas en la lucha por sus derechos recuerdan que, en sus dos mandatos pasados, entre 2003 y 2010, Lula tuvo la oportunidad de demarcar más tierras. Según el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), en sus ocho años al frente del Estado brasileño, Lula demarcó 81 tierras indígenas con un total de 14 millones de hectáreas mientras que sus Gobiernos predecesores, conservadores, homologaron más de 30 millones de hectáreas cada uno.

De hecho, en la continuidad del PT en el Gobierno, en manos de la presidenta Dilma Rousseff, el movimiento indígena protestó reiteradas veces en la misma explanada de los ministerios de Brasilia contra lo que llamaron una “Dilmasacre” por la violencia ejercida en los territorios durante la instalación de proyectos extractivistas teóricamente basados energías “limpias” como la megahidroeléctrica Belo Monte.

En la carta entregada ahora al presidente por parte del movimiento indígena, también se hace referencia a lo que llaman racismo ambiental: “Somos las poblaciones que protegemos y defendemos el medio ambiente las que pagamos el precio más alto de la crisis climática”, se lee en el documento. “Decretamos en este campamento la emergencia climática, pues somos nosotros, los pueblos y las tierras indígenas, la reserva para la vida en el planeta”.

Hoy por hoy, las 680 tierras indígenas habitadas por las comunidades y ya documentadas por la FUNAI, van muy lentamente pasando todas las fases de identificación, análisis y delimitación física hasta poder ser demarcadas oficialmente. “Nosotros no deberíamos tener ninguna obligación de entender lo que los portugueses trajeron aquí, las leyes, que además están todas en su lengua. Lo que venimos a reclamar aquí es algo sencillo, que nosotros sí entendemos, y es nuestro derecho a vivir en nuestra tierra”, exclama la cacica del pueblo Pataxò, con vehemencia. La cacica Ginjiba Tupinambá manda un último mensaje: “Yo tengo el deseo en el corazón, como líder, como madre, como abuela, como hija de la tierra, como heredera de la identidad tupinambá que me llega de los abuelos de mis abuelos, de ver mi tierra demarcada para que mis bisnietos puedan habitarla con más libertad”.