Brasil, líder en la prevención de abusos a menores solo sobre el papel

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Cuando se habla de abusos a menores en Brasil, se despliegan dos realidades antagónicas. Por una parte está el país de los grandes logros como la legislación para la prevención y la criminalización de estos delitos, que le colocan en el primer lugar a nivel regional en cuanto a normativas y como el único de América Latina con un presupuesto definido para sustentar este plan nacional. Pero luego está el Brasil de las víctimas, en el que cada hora cuatro niñas son violadas, generalmente por un familiar. Una tendencia que apenas ha variado en la última década. “Entre la ley aprobada y la ley ejecutada hay un mundo”, explica por teléfono la directora del Instituto Liberta, Luciana Temer.

La experta comenta así el informe regional de Out of the Shadows (Fuera de las sombras), elaborado por la unidad de análisis de The Economist para la fundación Ignite Philanthropy y coordinado por Child Rights International Network (CRIN). El estudio, que analizó las políticas públicas en esta materia de 60 países (nueve de ellos latinoamericanos: Argentina, Venezuela, Colombia, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Perú y Brasil) concluyó que este último estaba en el onceavo puesto a nivel mundial, con 65,7 puntos sobre 100.

Esta investigación destacó la criminalización de estos delitos sexuales, los procesos judiciales que “evitan la revictimización” de los pequeños al contar lo sucedido y el programa de formación a jueces y procuradores. Si bien Itamar Gonçalves, director de incidencia en Childhood Brasil, celebra algunas de las iniciativas, tiene la sensación de que “casi nada” de ello es palpable en el día a día, sobre todo en cuanto a la atención de supervivientes de abusos. Desde que en 2017 Brasil aprobó la ley federal de escucha protegida para atender en un espacio seguro a jóvenes que denuncien acoso o abuso sexual, la organización ha estado monitoreando cuántos municipios del país han implementado el plan. “Aún no hay casi ninguno que haya hecho efectivos estos servicios. Estamos trabajando en un plan nacional para implementar lo que recoge esa ley, que en sí es muy positiva. Solo que aún no es una realidad”.

En Brasil, más de 66.000 personas sufrieron violencia sexual en 2021, de los cuales el 61,3% corresponde a menores de 14 años, según datos del Anuario Brasileño de Seguridad Pública. Este porcentaje aumentó un 4,2% respecto a 2020. La violencia sexual contra menores es una realidad extendida y silenciada en todo el mundo. Según datos de la OMS, una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres adultos declararon haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Además, como señalan ambos expertos, estas cifras suelen dar cuenta apenas de la “punta del iceberg”. Se registran solo los casos que fueron denunciados o atendidos en un hospital.

Pero denunciar en Brasil es, según Gonçalves, un vía crucis. “Un niño que tome el valor de denunciar va saltando de una administración a otra, tiene que contar varias veces lo que le pasó… Es muy común que acabe desistiendo por eso o por la presión familiar o social”, dice. “Tenemos un puñado de recomendaciones internacionales, normas públicas e incluso privadas… pero no hemos sabido sacarlas del papel”.

El informe, que constituye la primera evaluación global de cómo los países de todo el mundo abordan la violencia sexual contra menores, muestra también los enormes contrastes entre países. Brasil, México, Guatemala y Colombia son las únicas naciones latinoamericanas entre los primeros puestos. Perú, Venezuela y Argentina, son de los 15 peor puntuados. Las principales críticas a la legislación argentina son la falta de un organismo policial especializado en casos de explotación y abuso sexuales, la carencia de unidades especializadas para responder a los casos perpetrados virtualmente y una tipificación penal ambigua que da lugar a interpretaciones muy abiertas.

Argentina, al igual que Brasil, no ha abolido la prescripción del delito de explotación y abuso a menores. Así, en Argentina, una violación a un menor prescribe 15 años después de que el joven cumpla 18. Y en Brasil, 20 años después. “Esta medida es muy cuestionable”, explica Temer. “Para una persona es muy difícil denunciar. Muchos de los adultos con los que hablamos nos cuentan que hasta que no pasan décadas no deciden hacerlo. La Justicia no les puede cerrar la puerta cuando ellos se animen”.

Educación sexual, otra asignatura pendiente

Si hay un punto en el que coinciden organismos, Estados y víctimas es en que la educación sexual es clave para la prevención. Los abusos sexuales suelen ocurrir mediante la persuasión de los adultos y suelen confundir al menor que, en ocasiones duda de si es una práctica normal o le invade la vergüenza para denunciar. La escuela puede ser un espacio seguro para detectar comportamientos extraños, dar herramientas al pequeño y faciltar redes de apoyo. Sin embargo, los sectores más conservadores critican la inclusión de estos conocimientos en el plan educativo. “En Brasil siguen llamándole ideología de género y los mitos que tienen están basadas en distorsiones absurdas”, cuenta Temer.

Gonçalves tiene muchas expectativas con el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien tomó la presidencia hace cuatro meses. “Tuvimos muchísimos proyectos interrumpidos por esa mentalidad ultraconservadora de Jair Bolsonaro [expresidente de Brasil]. Confiamos en que sea prioritario para Lula, porque es urgente. Las cifras de víctimas son espantosas y sabemos que son muchas, muchas más”.