Los pescadores siguen en tierra un año después del derrame de Repsol en Perú

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

El 15 de enero de 2022 fue el último día en el que Germán Melchor, un pescador peruano de 57 años, utilizó su pequeña embarcación a remo para salir a faenar como hacía cada día desde hace 40 años. Ese día, quedará marcado por un desastre en el mar peruano, luego que 11.900 barriles de petróleo fueran vertidos en el litoral de La Pampilla, refinería operada por la empresa española Repsol en el Callao, al sur de la capital peruana.

“Ha pasado un año desde el derrame y todavía no puedo volver al mar a ganarme el pan dignamente con mi oficio de toda la vida”, explica impotente Germán, quien hoy es presidente de la Asociación de Pescadores de Pasamayo y el encargado de representar las demandas de 45 pescadores artesanales.

Para Germán y sus colegas, los sucesos de hace un año cambiaron sus vidas de forma dramática. Y, aunque todavía llegan cada mañana a las orillas del mar de Pasamayo, hoy lo hacen para registrar pruebas fotográficas y en video de cómo la contaminación se mantiene en las riberas del mar de la Ventanilla, a 40 kilómetros al norte de Lima.

Lo que viven son las consecuencias de un derrame en la refinería de La Pampilla hace un año cuando, durante el proceso de descarga de crudo de un barco procedente de Brasil, se rompieron las mangueras submarinas de la estructura de transporte. Durante días, no supieron cabalmente la magnitud de la emergencia. Repsol, la empresa administradora, dijo inicialmente que el petróleo derramado era de apenas 7 u 8 litros. Pocos días después, rectificó al decir que habían sido 6.000 los barriles vertidos en las aguas.

Los informes finales concluyeron que en realidad eran 11.900 barriles de petróleo que afectaron a 10.000 hectáreas que se extendían por más de 200 kilómetros hacia el norte del punto original del derrame. El impacto del desastre no tenía precedentes: miles de animales fueron afectados por el crudo, entre mamíferos, aves, peces y crustáceos. Además, más de 48 playas resultaron contaminadas, entre ellas dos áreas protegidas, y al menos 2.500 pescadores y cientos de trabajadores de las zonas costeras perdieron de la noche a la mañana su sustento.

Playas cerradas

Según Repsol, los resultados de sus estudios de análisis físico-químicos para contenido de hidrocarburos, realizados en octubre pasado, confirman que las playas afectadas por el derrame están limpias y aptas, tanto para la pesca como para el ingreso de veraneantes. En su única aparición en un medio de comunicación, Luis Vásquez, director de Comunicaciones de la compañía, explicó en Canal N que “toda la evidencia” a la que ha tenido acceso la firma indica que sí es seguro ir a la playa. “No hay contenido de hidrocarburo y, si lo hay, está por debajo de los estándares de calidad ambiental que signifiquen un riesgo para la salud de las personas o el ecosistema”, explicó en esa entrevista.

Sin embargo, en su último reporte, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ente adscrito al Ministerio del Ambiente del Perú, registró 71 sitios que continúan afectados, entre playas, islas y áreas naturales protegidas, por lo que la gran mayoría de las playas perjudicadas por el derrame continúan cerradas preventivamente, tanto para los pescadores como para los bañistas. América Futura ha contactado a la compañía para contrastar esta información, pero no ha obtenido respuesta.

Al ser consultado sobre los estudios encargados de Repsol que afirman que las playas están limpias, Germán Melchor engruesa la voz y dice con impotencia que las aguas siguen contaminadas. “Es mentira. El petróleo sigue aquí, y no sabemos cuánto tiempo tardará la naturaleza en limpiar todo. El Gobierno tampoco nos brinda apoyo ni nos da una respuesta respecto a cuánto tiempo más seguirán contaminadas las aguas”, afirma con frustración, mientras muestra fotografías en su teléfono que ha tomado esta misma mañana, donde se pueden ver piedras cubiertas de restos de crudo.

Para Juan Carlos Riveros, director científico de la organización Oceana Perú, no solo hubo una reacción tardía de parte de Repsol ante el derrame, sino también incompleta, por falta de medios para atender una emergencia de esta magnitud. “Desgraciadamente el proceso de limpieza no fue lo suficientemente rápido o eficiente. En la práctica, hasta octubre de 2022, de los 97 lugares que estuvieron siendo monitoreados, más de 60 tenían restos de petróleo en la orilla”, explica Riveros, quien entiende que la mayor negligencia por parte de Repsol fue el no contar con los equipos requeridos para atender una contingencia como esta.

“Aun en el caso de que Repsol hubiera querido o intentado contener el derrame de forma oportuna, no tenía con qué. De acuerdo a los registros aduaneros, los productos, materiales y equipos requeridos para atender la emergencia, llegaron recién entre el 28 y 30 de enero, dos semanas después de ocurrido el derrame”, apunta. El biólogo también señala como responsable de las consecuencias del desastre al Estado por no fiscalizar que las empresas que operan en el mar peruano cuenten con los equipos necesarios para una contingencia.

Ni reparación ni remediación

En principio, OEFA impuso cinco multas coercitivas a Repsol por un total de 23 millones de soles (algo más de 6 millones de dólares), que fueron pagadas entre marzo y abril. Además, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) le multó con 9,8 millones de soles adicionales (2,5 millones) por no sustentar adecuadamente las medidas que tomaría en caso de un nuevo derrame. Sin embargo, la empresa judicializó la multa, lo que evitó el pago.

Por otro lado, de acuerdo con la web de Repsol Perú, la empresa ha abonado adelantos de compensación a 9.800 personas, mientras que 6.000 afectados han firmado acuerdos de compensación final.

Germán Melchor, sin embargo, asegura que la empresa no ha cumplido con la promesa de abonar adelantos de compensación de 3.000 soles mensuales (unos 787 dólares), e incluso dice que en un año solo les han dado ocho bonos (en lugar de 12), tras la presión de varias asociaciones de pescadores. De cualquier modo, para Germán y sus colegas, el monto no cubre lo que ganaban antes del desastre. “Sin la pesca, la vida se trata de sobrevivir con los 3.000 soles que Repsol entrega cuando se le da la gana o cuando se siente muy presionado por los medios”, explica Melchor.

Pero quizá donde más oscurantismo hay es con los acuerdos de compensación que la empresa ha suscrito con casi 6.000 pescadores. Riveros cree que el proceso ha sido lesivo para los intereses de los afectados, que deben tratar de forma individual con la empresa, y sin ningún apoyo de parte del Estado.

“Los acuerdos de compensación deberían ser transparentes y de libre acceso para dar a entender de que existe una voluntad positiva de parte de la empresa para que esto se solucione. Lamentablemente no ha sido así, y hoy los acuerdos le quitan muchas capacidades a los afectados para participar de otros procesos legales para poder continuar con sus reclamos y asegurarse que la compensación que han recibido es justa. No se conocen los parámetros sobre los cuales la empresa estimó estas compensaciones, al punto que los montos no han sido revelados, e incluso las personas que han firmado estos acuerdos han sido advertidos de que no pueden revelar los detalles del documento. Ni siquiera les han facilitado una copia del acuerdo”, revela Riveros. Consultado sobre el tema, Melchor confirma lo dicho por el científico de Oceana.

Además, tanto la organización como Melchor coinciden en que la empresa parece no querer asumir los planes de remediación, que ya deberían estar siendo ejecutados por la empresa, pero que hasta hoy no han sido presentados ante las instancias del Gobierno correspondiente. “Desde Repsol nos dicen que salgamos a trabajar, a hacer nuestra faena. Pero ¿qué vamos a pescar si no hay especies? ¿Para regresar a tu casa con las manos vacías? Nosotros estamos exigiendo que, primero, remedien la playa. Luego, tocará traer alevines de diversas especies para que crezcan, se reproduzcan y con el tiempo podamos salir a trabajar”, explica Melchor, quien sospecha un contubernio entre funcionarios del Gobierno y Repsol.

Pero, ¿qué tan posible es que un desastre similar ocurra en las peruanas? Riveros es tajante. “El desastre podría ocurrir pasado mañana y todo sería igual. El marco legal y administrativo no ha cambiado prácticamente en nada, por lo que de volver a repetirse un suceso así, seguiríamos teniendo las mismas fallas en los sistemas de fiscalización y control”.

Melchor tampoco es optimista. “El poder económico de Repsol es muy grande, y nosotros nos vemos en la incapacidad de luchar contra este monstruo. Pero lo que sí tenemos es dignidad para seguir al frente y luchar por nuestros derechos”.