El racismo también es ambiental

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En las Américas viven alrededor de 200 millones de personas afrodescendientes. Una población que padece la discriminación racial anclada en las estructuras sociales y que tiene sus raíces en las prácticas históricas de un pasado colonialista y esclavista. Un trato desigual que vulnera los derechos humanos.

Las históricas formas de discriminación se ven agravadas en el presente como consecuencia del impacto diferenciado que tiene los llamados desastres naturales en función de la pertenencia a un determinado grupo étnico-racial. El daño a la salud que padecen aquellas comunidades que viven en lugares sometidos a una grave y persistente contaminación ambiental sería un ejemplo de ello. Vulnerabilidades añadidas que producen emergencias sanitarias y crisis graves de tipo humanitario.

Las dificultades que tienen las comunidades afrodescendientes para acceder a los derechos humanos se han visto agravadas por el impacto del cambio climático y sus consecuentes desastres en las poblaciones afectadas. Hemos visto como empeora, de forma alarmante, su derecho a la salud y a los bienes básicos como la alimentación, el acceso al agua y a la vivienda. El impacto ambiental tiene una dimensión racial cuando fomenta el desplazamiento, las desigualdades y la pobreza entre determinados grupos sociales. La discriminación racial en las políticas ambientales lleva a un racismo ambiental que se añade al viejo racismo histórico y estructural.

Entre los factores que limitan los derechos de las personas afrodescendientes hay que destacar las actividades empresariales que llevan a la deforestación de amplias zonas selváticas y la explotación desmedida de los recursos naturales. Hechos que afectan a los recursos tradicionales y a la soberanía alimentaria de dichas comunidades.

En el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes es urgente que se visibilice el deber y la responsabilidad que tienen los Estados en la tarea de implementar políticas ambientales con un enfoque étnico-racial. Acciones que, sin olvidar las necesidades históricas de las personas afrodescendientes, deben ir encaminadas a garantizar la seguridad alimentaria y el acceso a los recursos naturales.

Frente a los proyectos que las industrias extractivas llevan a cabo en territorios ancestrales, los Estados deben escuchar a las comunidades afrodescendientes y tribales, y garantizar el derecho a la consulta previa. Asegurar que se lleve a cabo un consentimiento libre e informado ante cualquier acción del Estado, como también ante los acuerdos que se adopten con las industrias extractivas de recursos naturales.

Como establece la Resolución 3/2021 de la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH, los Estados deben asegurar la disponibilidad de apoyos económicos y financieros —tales como subsidios, préstamos y donaciones— cuando las comunidades afrodescendientes rurales pierdan sus cultivos o viviendas por inundaciones o sequías, así como brindar toda la asistencia técnica y legal para acceder a tales derechos.

Erradicar la desigualdad racial es la mejor forma de conseguir la justicia climática.