Papá Pitufo recuerda cómo la ilegalidad hace metástasis
El caso contra el llamado ‘zar del contrabando’ de Colombia revela las múltiples ramificaciones de la corrupción, el lavado de activos o la compra de conciencias
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Papá Pitufo se ha en convertido en un nombre cotidiano en Colombia, y no por algún fenómeno de la televisión infantil, sino por ser el alias con el que se conoce a Diego Marín Buitrago, el llamado ‘zar del contrabando’. Su aparición en la crisis del Gabinete de Gustavo Petro, debido a su intento de donar dinero a la campaña presidencial, lo ha catapultado a la fama. El presidente, además, ha aceptado este domingo que durante la campaña tomó en una ocasión una avioneta de Marín, sin saber que era de él. Las grabaciones de las audiencias de un proceso penal contra Pitufo, realizadas a inicios de 2024, han alimentado los titulares a lo largo de la semana. Detrás de cada noticia se va revelando un entramado que no solo evidencia las acusaciones contra una persona, sino las ramificaciones de la ilegalidad en diferentes instancias del Estado y la sociedad colombiana, y también en las agencias antidrogas de otros países.
El nombre de Marín no es nuevo en los medios, aunque hasta ahora se había limitado a las páginas judiciales. Uno de los oficiales de policía más reconocidos en Colombia, el general Óscar Naranjo, se refirió a él en 2020. Dijo que era un contrabandista, que usaba las importaciones ilegales para lavar dinero del narcotráfico. Se trataba de una “persona vinculada históricamente al cartel del norte del Valle, que figura simplemente como un próspero importador de mercancías”. Palabras mayores, y más en boca de quien no solo había sido comandante de la Policía, sino que fungía como vicepresidente de la República.
Marín estaba en la agenda por cuenta del arresto de un agente de la Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, llamado José Irizarry. El caso contra el agente, señalado de desviar millones de dólares de ganancias de narcotraficantes para evitar ser incautados, no se limitaba a él. Según la información de la Associated Press de la época, tenía dos cómplices fundamentales, que los fiscales del caso no señalaban por su nombre. “Uno era funcionario público de Colombia, mientras que el otro es descrito como el líder de una organización de narcotráfico y lavado de dinero que se convirtió en el padrino de los hijos de la pareja Irizarry en 2015, cuando el exagente laboraba en la ciudad turística colombiana de Cartagena”, se lee en el informe de esa agencia de noticias. Se trataba de Diego Marín, explicaba la misma fuente.
El caso tuvo cierto eco en los medios colombianos. “En 1993, un informe de la DEA lo vinculó con el blanqueo de capitales del cartel de Cali”, escribía El Tiempo. “En 2004 le quitaron la visa y hace unos meses, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) les pidió a sus pares de Colombia que revisen sus antecedentes, movimientos financieros, bienes y hasta registros de migración”. Se trata, pues, de una persona señalada de lavado de activos por agencias de inteligencia desde hace más de tres décadas. Acusaciones que él siempre ha desmentido, pero que han regresado una y otra vez, y que hoy lo tienen pidiendo asilo en Portugal, donde fue capturado afines de 2024. Allí ha solicitado protección como vía para evitar una extradición a Colombia.
Dos procesos, que lo tienen sin libertad, revelan la extensión de sus tentáculos. Por un lado, la fiscal Paola Londoño trabajó con la DEA estadounidense y la Policía y logró infiltrar a cuatro policías, incluyendo al jefe de la policía fiscal y aduanera (Polfa) de Cartagena, al entorno de Pitufo. Recogieron información, obtuvieron pruebas. Con ello, en febrero de 2004 Londoño consiguió de un juez las órdenes de captura contra Marín, su socio Juan Francisco Solano, y tres policías. Desde entonces, Marín está prófugo de la justicia colombiana, aprovechando su condición de ciudadano español.
En paralelo, una investigación abierta en 2017 contra una red de contrabando llevó a otro fiscal a pedir de nuevo su captura en abril de 2004. Pero no solo a él. También a un mayor que era jefe de la policía fiscal y aduanera en Cartagena de Indias, uno de los principales puertos de Colombia, y dos policías más. El fiscal Andrés Marín (no es familiar de Pitufo) había logrado infiltrar un agente en la organización criminal, y gracias a ello tenía las pruebas suficientes para procesarlo, incluyendo 50 millones de pesos (unos 13.000 dólares) de un soborno incluso con videos de otros funcionarios públicos, incluyendo otro oficial de la Policía, un juez y un fiscal. Extractos de las audiencias muestran testimonios de potenciales vínculos de la red de Marín con políticos de varias tendencias
El caso solo incluía lo que había logrado rastrear ese topo en menos de un año de infiltración, pero otras voces han señalado que sus brazos llegaban más allá. Juan Ricardo Ortega, hoy presidente de la empresa mixta Grupo Energía de Bogotá y cabeza de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, ha indicado que hizo investigaciones contra lo que llamó una mafia dentro de la entidad, que tendría como cabeza a Marín. Las denunció, y nada ocurrió. “Un expresidente de la República hizo una presión insoportable por poner a un coronel de la Policía en cabeza de la Polfa, quien estaba de primeras como sospechoso de colaborar con Diego Marín, según las investigaciones de la inteligencia británica”, dijo a la revista Cambio. “No les voy a decir qué expresidente fue. Prefiero no revelar el nombre por miedo a las represalias: son gente peligrosa”.
Está probado que Marín intentó donar 500 millones de pesos (algo como 130.000 dólares) a la campaña presidencial de Gustavo Petro. El hoy mandatario, y los demás involucrados, coinciden en que Pitufo se presentó ante el catalán Xavier Vendrell, asesor de Petro, como vocero de un grupo de comerciantes, aportó el dinero, la campaña prendió las alarmas, y el propio Vendrell le regresó los recursos. La revista Cambio ha dicho que hay más aportes, pero de ello no se conocen las pruebas. Lo que sí queda claro es que Pitufo por lo menos intentó extender la ilegalidad también a la política. Petro, quien señala a Marín de intentar infiltrarlo y chantajearlo, ha insistido en que su mayor deseo es que sea extraditado y juzgado, y se revele la mafia que hay detrás de él.
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