Inquietud en Colombia ante el desajuste en las cuentas públicas más agudo en 20 años

El porcentaje del déficit fiscal, o diferencial entre gastos e ingresos del Estado, tiene en vilo a los analistas en Colombia. Algo en la ingeniería contable del Gobierno no está marchando. Y todo parece proclive a oscurecerse tras el naufragio del proyecto de presupuesto para 2025, hundido por falta de quórum en la tarde del martes en el Congreso. Así se recoge de los resultados arrojados por una reciente investigación del Banco de Bogotá, que calcula que el faltante en el balance fiscal llegó a -3,3% del PIB durante el primer semestre del año. Para formarse una idea del cuadro, bastaría recordar que desde 2004 no se configura un desbarajuste tan amplio en la primera mitad de un año. La publicación ha dado paso a los ataques, en ocasiones feroces, de ministros anteriores y economistas, así como a las posteriores explicaciones del presidente Petro en su cuenta de X.

“Hay que decirle la verdad a la ciudadanía”, publicó el martes el mandatario de izquierdas. “El desbalance entre el presupuesto del 2023 respecto al 2024 se debe fundamentalmente a un error administrativo de mi Gobierno”. Petro esgrimió un “desfase de tiempo y caja” en el recaudo contrastado de 2023 a 2024. El año pasado, explicó, se produjo un anticipo en el pago de impuestos de renta decretado en la reforma tributaria de su Gobierno. Una medida que a su juicio supuso una “carga negativa” que ayudó al “estancamiento económico motivado por las altas tasas de interés”.

Camilo Pérez, director de investigaciones del Banco de Bogotá, aplaude que el presidente reconozca el error en sus proyecciones. Y simplifica el enredo contable: “Colombia tiene un recaudo tributario que no cumple con las expectativas. Y, al mismo tiempo, mantiene un gasto bastante apretado que tensa la caja del Gobierno. En el segundo semestre, no podría generar nuevo déficit porque ya está en el límite de lo estipulado por la regla fiscal para el año completo”. Se refiere al marco constitucional para delimitar el uso de los recursos públicos y mantener la salud de las cuentas del Estado según sus capacidades. No se trata de un lindero fijo, sino más bien adaptable, que se infla o se contrae, de acuerdo a la coyuntura.

En 2024, por ejemplo, se elevó a 5,6% del PIB, desde el 5,3% prevista en el plan financiero. En cualquiera de los dos escenarios rebasa el umbral de 4,5% planteado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, encargado de velar por su cumplimiento. Los economistas y gremios vienen advirtiendo desde hace meses la necesidad de rebañar el gasto. Pero el Ejecutivo se ha planteado una serie de metas en la provisión de servicios sociales, programas o subsidios más ambiciosos que el alcance de sus finanzas públicas. Por eso, a menudo, opta por achacar la culpa a la Administración del conservador Iván Duque (2018-2022), que debió lidiar con un periodo que supuso un punto de quiebre por las partidas extraordinarias para financiar la crisis sanitaria.

Dos años más tarde, sin embargo, ese guion se queda corto. Jorge Rodríguez, académico de la Universidad Nacional, trata de comprender sin tremendismos la magnitud del problema: “Es complejo y paradójico. La economía sale lentamente del estancamiento y requiere de una política fiscal expansiva moderada, que genere algo de déficit para combatir el ciclo. Pero la regla fiscal está al límite y por eso el Gobierno propone ampliarla”. En todo caso, es consciente de que la brecha parece ser más amplia de lo que se calculaba y descree que la solución a los problemas se resuelvan con más endeudamiento.

“Hay que ver con detalle qué pasa con el recaudo. Y, además, el Gobierno ha mostrado limitaciones en la ejecución del gasto público”, agrega Rodríguez. Una realidad que se replica en carteras como Agricultura, Transporte o Minas y que se suma a las ambigüedades en la gestión de la Administración de Gustavo Petro. Por el lado de los impuestos, la mayor fuente de ingresos estatales en Colombia, las pretensiones oficiales han tenido que ser ajustadas una vez tras otras: “Recordemos que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de junio de este año se incorporaron unas metas nuevas por el desfase en la presupuestación. Y aun así se está incumpliendo lo trazado, en particular fue un billón lo que quedó faltando”, afirma Camilo Pérez.

Álvaro Hurtado, economista de la universidad ICESI de Medellín, incide en la lentitud con la que el Gobierno ejecuta el dinero del presupuesto en proyectos clave. Subraya que existe una “gran preocupación” al constatar que este año ha habido una “apropiación [el monto máximo con el que cuentan las entidades] de unos 100 billones de pesos, más las adiciones, y solo se han obligado 29 billones, mientras que se han comprometido alrededor de 62″. El Ejecutivo tendrá que acelerar su ritmo de implementación: “Además de los problemas que vamos a tener con el déficit, estamos generando unos líos que pueden redundar en el PIB potencial por la caída en la inversión”.

Esta semana se conoció que los ingresos por impuestos de agosto decrecieron un 30%. No es de extrañar que, en medio de este ambiente de malestar, el Congreso haya dejado desfallecer el proyecto oficial de presupuesto para 2025 por falta de quórum. Se trataba de una partida por 523 billones de pesos, de los cuales 12 dependen de una ley de financiamiento cuyo futuro queda renqueante. El oficialismo no ha logrado acometer los apoyos políticos para la consecución de unas cuentas públicas en medio de un debate lleno de fisuras.

César Pabón, director de investigaciones económicas en la financiera Corficolombiana, detalla que, en caso de mantenerse la tendencia, a los 30 billones que ya se han recortado en las cuentas públicas de este año tendrán que descontarse otros 10: “Para agosto ya esperábamos ver datos positivos en la variación anual de recaudo. Pero lo que encontramos es que no solo va muy mal en los impuestos a la renta de personas, sino también en el de las empresas y en el IVA”.

El académico de la Universidad de los Andes Marc Hofstetter recuerda en su columna del diario El Espectador que si el país quisiera reducir la deuda a promedios similares a los que sostuvo en tiempos prepandémicos (39%), tendría que emplear unos 270 billones de pesos en tapar ese agujero. Algo así, ejemplifica, como el costo de la construcción de 10 líneas de metro equivalentes a la primera de Bogotá. Hoy la deuda pública ronda el 60% del PIB. “Buena parte del déficit es causado por los elevados pagos de intereses de una deuda inusualmente alta. Pero no ayuda, en mi opinión, que el Gobierno siga cayendo en el trazo de metas muy improbables de conseguir y que descansan en la gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.

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