Presupuesto General de la Nación 2025: por qué se hundió en el Congreso y por qué el proyecto debe emitirse como decreto

Este martes 24 de septiembre, las comisiones económicas del Congreso no pudieron discutir y votar el proyecto de presupuesto que presentó el Gobierno de Gustavo Petro para 2025. La falta de cuórum, tras la salida de varios congresistas independientes o de oposición, lo impidió. Como la ley ha creado un procedimiento legislativo especial para el presupuesto, y en esas normas se exige que salga aprobado de las comisiones antes del 25 de septiembre de cada año, la falta de votación equivale a una negativa del Legislativo a la propuesta del Gobierno.

Qué pasó

Desde que el Ejecutivo presentó el proyecto de presupuesto para 2025, el pasado 29 de julio, arreció el debate. El trámite del proyecto suele ser sencillo, pero en esta ocasión del Gobierno señaló desde el principio que pedía permiso para gastar 523 billones de pesos de los que 12 billones no tenían unos ingresos. Es decir, aceptaba desde el primer momento que, incluso si se cumplen sus previsiones de recaudo de impuestos y otras fuentes de dinero del Estado como los dividendos de la petrolera Ecopetrol, el presupuesto contemplaba un déficit. Aunque la Constitución permite que los Ejecutivos presenten proyectos de presupuesto con un déficit, como ese, también les exige proponer al Congreso cómo cerrarlo, mediante una ley llamada de financiamiento que implica necesariamente recaudar más impuestos.

Con un Congreso en el que no tiene mayorías aseguradas, el Gobierno Petro asumió así un riesgo. El proyecto de ley de financiamiento que radicó justo el último día que prevén las reglas para hacerlo, el pasado 10 de septiembre, no fue bien recibido por amplios sectores empresariales y políticos, pese a tratar noticias favorables para muchos, como la reducción de la tarifa del impuesto de renta para las empresas. Al día siguiente, las cuatro comisiones económicas del Congreso (las terceras y cuartas del Senado y de la Cámara de Representantes) sesionaron de forma conjunta, como hacen todos los años, para definir el monto global del presupuesto. Para tomar una decisión, las dos deben votar a favor de una cifra, que podían ser los 523 billones que propuso el Gobierno u otra cifra. Pese a varias propuestas y varias votaciones, siempre alguna comisión votó en contra.

Con ese antecedente y un interrogante jurídico sobre el efecto de esa falta de decisión, este 24 de septiembre se vencía el plazo para que las comisiones definieran el detalle del presupuesto. Esta vez no hubo votación: las comisiones del Senado no tenían cuórum, la cifra mínima de miembros necesaria para debatir y tomar decisiones, y el presupuesto general de la Nación de 2025 no será una ley sino un decreto.

Qué antecedentes hay

Es la primera vez que las comisiones le niegan el proyecto de presupuesto a un Gobierno. En otros casos, Los Gobiernos han expedido por decreto un proyecto que tiene reglas generales al del presupuesto porque también son necesarios para que funcione el Estado, como es el plan nacional de desarrollo. En 2001, la Corte Constitucional encontró que el plan de la Administración de Andrés Pastrana había sido mal tramitado por el Legislativo, que había excedido el plazo para ello, y dejó al país sin plan. El Gobierno lo expidió por decreto.

Qué viene

Como un Estado no puede funcionar sin un presupuesto, la Constitución establece que ante una negativa en el Legislativo, el Gobierno debe emitirlo a través de un decreto. Y, para que esa no sea una vía en la que el Ejecutivo se sale al Congreso, exige que sea el proyecto que fue aprobado por las comisiones en el primer debate. En este caso, como no pasó por las comisiones, hay un debate sobre su monto. El presidente Gustavo Petro ha alegado que debe ser por 523 billones, ya que ese es el valor del proyecto que presentó al Legislativo, pero el presidente del Congreso, el senador conservador Efraín Cepeda, ha argumentado que se debe limitar a los 5411 billones que tienen sustento en ingresos ya proyectados.

En paralelo, la ley de financiamiento seguirá su curso normal en el Congreso.

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