La disputa por la economía marca el debate legislativo y se convierte en el primer escollo para Petro

Los primeros dos meses del periodo legislativo en Colombia, que inició el 20 de julio, han estado más marcados por las discusiones económicas que por las políticas o sociales. Las principales apuestas del Gobierno del presidente Gustavo Petro son su presupuesto para 2025, la ley de financiamiento para solventar el déficit que este prevé y el plan de reactivación económica, que comenzó con un gran acuerdo con los bancos para dar créditos baratos por más de 50 billones de pesos en cinco sectores estratégicos en el desarrollo del país. Además, los debates legislativos sobre sus dos grandes reformas sociales que cursan en el Congreso, la laboral y la de salud, se han centrado en sus eventuales costos y consecuencias económicas.

La discusión para definir el monto del presupuesto para el próximo año, un debate que suele ser un simple trámite en el Congreso, comenzó mal hace pocas semanas en las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes. Allí, el Gobierno sufrió un gran revés legislativo. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, propuso gastar 523 billones de pesos, 3,9% más que en 2024, aclarando que tendrá ingresos por 511 billones de pesos. La diferencia de 12 billones de pesos prendió alarmas. El presupuesto en general, y su monto en concreto como primer punto a tramitar, debe ser aprobado por las dos comisiones terceras y las dos comisiones cuartas que tiene el Congreso. Si una de ellas lo niega, se hunde. La semana anterior, la comisión tercera del Senado votó en contra de la propuesta de Bonilla; tras un debate por una duda técnica, se votó de nuevo y la comisión cuarta tomó la misma decisión por un avasallador resultado de 12 votos a 1. El resultado refrendó que el Ejecutivo tiene un relativo control de la Cámara de Representantes, pero no ha logrado recuperar las mayorías en el Senado.

La negación del monto del presupuesto ha generado incertidumbre en el Gobierno y en el Congreso porque no tiene precedentes, no hay una norma específica sobre su efecto y no están muy claros los pasos a seguir. Por ahora, el Congreso sigue debatiendo el presupuesto, sin monto global definido. El ministro Bonilla aseguró este viernes en una entrevista en La República que el Congreso “tiene hasta el 24 de septiembre para tomar una decisión en primera instancia y lo que están haciendo las comisiones económicas es evaluar el gasto”. Sin embargo, la negativa fundada en los 12 billones que aún no están financiados tensiona más la situación.

La Constitución establece que un Gobierno puede presentar un proyecto de presupuesto sin suficientes recursos, y ya ha ocurrido en otras Administraciones, pero exige que el Ejecutivo presente un proyecto de ley para financiar ese vacío. Esa ley de financiamiento, que ya radicó el Ministerio la semana pasada, es en la práctica una nueva reforma tributaria. El articulado, defendido por el presidente, busca incrementar la tasa de renta del 39% al 41% para las personas naturales con ingresos anuales superiores a los 1.500 millones de pesos y cobrarle IVA a las apuestas en línea. Además, pretende eliminar el régimen simple y acelerar la transición energética. “Esta reforma es para los superricos, quienes ganan más de 120 millones mensuales”, dijo en su momento el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. A la vez que apunta a recaudar más para llenar el hueco, el Gobierno ha argumentado que busca reactivar la economía. Para ello, plantea una reducción gradual de la tarifa de renta a las empresas, del 33% actual al 30% o incluso el 27% para las microempresas. Por eso, el texto de la ley aclara que “no solo busca reducir la desigualdad, sino también estimular un crecimiento económico inclusivo y sostenible”.

El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, ha dicho que el presupuesto y la ley de financiamiento son dos procesos simultáneos con un objetivo común, aunque tramitados de manera independiente en el Congreso. Sin embargo, muchos sectores políticos independientes y de oposición afirman que si se aprueba el presupuesto, pero se niega la ley de financiamiento, el Gobierno tendrá que hacer un recorte en el gasto durante de 2025, tal y como ocurrió este año, lo que provoca traumatismos en el Estado. En cualquier caso, si el Congreso no aprueba el presupuesto antes del 20 de octubre, el Gobierno deberá emitir su proyecto vía decreto, por lo que el pulso de fondo tiene que ver con la reforma tributaria, que podría salir incluso a finales de diciembre.

El clima político, sin embargo, no parece favorable para esa propuesta. La reforma tributaria de 2022, liderada por el entonces ministro José Antonio Ocampo, salió adelante con votos de bancadas como la Liberal, la de La U y la Conservadora, que ya no se alinean de la misma manera con el Gobierno. Además de las críticas de partidos tradicionales, el ministro Bonilla tiene aún la sombra del escándalo de la UNGRD, en el que se le vincula con un presunto tráfico de influencias para la adjudicación de contratos multimillonarios que habrían beneficiado a congresistas a cambio de su apoyo en los trámites legislativos. Y políticos independientes señalan que no tiene sentido que el Estado pida más recursos cuando no ha podido ejecutar la totalidad de los recaudados en 2023 y lo que va de 2024.

Ese mismo ambiente, el de un tenso debate económico y fiscal, es el que deberán sortear la reforma laboral y la sanitaria para convertirse en leyes y acompañar al gran logro que reivindican el Gobierno y sus aliados en las calles, la reforma pensional. Esta semana la reforma laboral regresó a la discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes, pero no avanzó como el Gobierno esperaba. El principal argumento de la oposición, y de los gremios económicos, es que medidas como el inicio de la jornada nocturna a las 7:00 pm y no a las 9:00pm, planteadas en el proyecto, implicarían sobrecostos para las empresas. Y que eso desencadenaría la pérdida de 350.000 empleos formales, según un estudio del Banco de la República que han utilizado todos los sectores que se oponen a los ajustes.

El jueves pasado se presentaron tres ponencias de archivo lideradas por Jairo Humberto Cristo, del opositor Cambio Radical, Andrés Forero, del Centro Democrático, y Luis Miguel López, del Partido Conservador, que si bien es de derecha ha apoyado el Gobierno en varios asuntos. Las tres ponencias reconocían la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores, pero insistían en el impacto negativo para la nómina de las pequeñas y medianas empresas. De hecho, Bruce Mac Master, director de la ANDI y del Consejo Gremial, le pidió a la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que explicara “el impacto económico de cada una de las medidas, y cada uno de los artículos del proyecto de ley en lo laboral, para que podamos saber si ese proyecto nos va a generar más empleo o nos va a generar más informalidad”. Esa última posibilidad, en una economía con unas tasas muy altas de trabajo no formal, es otra de las grandes críticas a la propuesta. Se espera que esta semana la plenaria supere las dilaciones de la oposición y empiece a discutir el contenido.

En paralelo, la reforma a la salud, que debe comenzar su trámite en la Comisión Séptima de la Cámara, conserva el espíritu del proyecto que hundió el Senado en abril. Y, de nuevo, se enfrenta a críticas económicas. En particular, la oposición ha argumentado que no se sabe con certeza cuánto costaría la puesta en marcha del nuevo sistema. Con la idea de resolver ese interrogante, que acompañó a la fallida propuesta hasta su caída, en esta ocasión el Ministerio de Hacienda presentó al tiempo con el texto un concepto que busca despejar las dudas. “El impacto fiscal estimado del proyecto de ley puede incorporarse de forma compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, manteniendo la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de las finanzas públicas”, se lee en el apartado que resaltan los congresistas gobiernistas. La oposición hace énfasis en la fase que sigue y que lo condiciona: “en la medida en que las obligaciones corrientes del sector salud acumuladas al cierre de 2024 sean cubiertas según la priorización y definiciones que al respecto realice el Ministerio de Salud”. Según la viceministra técnica de Hacienda, Martha Villaveces, el costo total del sistema para 2025 sería de $99,6 billones.

El problema, ahora, será si el Gobierno, en cabeza del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, logra alinear a las fuerzas políticas necesarias para que el Congreso apruebe el monto del presupuesto, la ley de financiamiento, la reforma laboral y la reforma a la salud, en ese orden. No parece fácil, pero esta semana el presidente Petro demostró pragmatismo político al postular al secretario del Senado, Gregorio Eljach, para dirigir la Procuraduría. Solo un día después de la decisión, Eljach ya tiene asegurado el apoyo de las bancadas de los partidos de La U, Liberal y Conservador, además de los votos de los partidos de Gobierno. Si gana, como es previsible, Petro habrá impulsado a la cabeza de un órgano de control de su Gobierno a alguien que viene del corazón de esa política tradicional que como congresista siempre criticó. Pero también puede haber dado el primer paso para recomponer las mayorías parlamentarias a su favor o para consolidar en el Legislativo el gran acuerdo nacional en el que ha insistido, con altibajos, desde que llegó al poder.

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