“Estamos en crisis”: la advertencia que elevan los pescadores artesanales de Providencia al Gobierno de Petro

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Desde enero de este año los pescadores artesanales de Providencia, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de Colombia, se han declarado en desobediencia civil, saliendo a sus faenas así no siempre tengan el permiso de zarpe. A pesar de que, desde el año 2000, esta zona se declaró como una Reserva de Biosfera por la UNESCO, a nivel de pesca son varias las inconsistencias que han visto. “No se nos están respetando nuestro usos y costumbres ni la regulación que advierte que, aquí, solo podemos pescar raizales y residentes permanentes”, cuenta en una videollamada Miguel Ángel Castell Cano, abogado y asesor de la asociación I-Fish y de la Federación de Pescadores Artesanales de Providencia. “A pesar de que ha disminuido, nosotros lo que buscamos es erradicar el modelo comercial industrial porque nada tienen que hacer en un espacio que es una reserva”, asegura.

Junto a otras dos asociaciones que hacen parte de esta Federación, los pescadores artesanales convocaron a más de diez ministerios y agencias del Gobierno de Gustavo Petro, incluyendo a Presidencia, para que durante este miércoles y jueves 18 y 19 de septiembre, se sienten en una mesa de diálogo y negociación para darle solución a lo que ellos llaman “una crisis de los pescadores artesanales en Providencia”.

Como lo explica Castell, por reglamentación, en Providencia solo pueden pescar personas raizales o que sean residentes permanentes. “Incluso, esto quedó reafirmado en la resolución 1972 de 2023 de la Autoridad Nacional de Pesca y Agricultura (Aunap), que nosotros colaboramos a elaborar”. Pero lo que ha pasado desde entonces, es que la pesca industrial comercial ha encontrado cómo esquivar esta regla. Estas embarcaciones –de las cuales sólo quedan siete de las 62 que llegaron a existir– lo que hacen es traer a personas que no son de la isla para que pesquen en sus barcos en faenas que duran entre dos y tres meses.

“Como los locales no nos montamos allá porque esas embarcaciones de pesca industrial son básicamente cárceles flotantes, ahora tienen esa estrategia”, agrega Edgar Jay Stephens, presidente de la Federación y delegado ante la mesa nacional de pesca.

Para ser residente permanente y, por ende, también poder pescar, la persona debe recibir este estatus por parte de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre) del archipiélago, una entidad que nació, entre otras cosas, con el fin de garantizar una población que sea sostenible para las islas debido a las limitaciones que tienen en cuanto a recursos naturales. Sin embargo, dice Castell, las autoridades locales les están dando el permiso de zarpe a estas embarcaciones cuando sus pescadores simplemente tienen una notificación de radicado ante la Occre o porque la Oficina, a pesar de no ser residentes, les da permisos de trabajo.

“Otro tema que nos preocupa es que se nos está desconociendo lo que llamamos nuestros usos y costumbres”, continua Stephens. La Dirección Nacional Marítima (Dimar) ha exigido reglas que, desde su punto de vista, le ponen obstáculos a la pesca artesanal. Entre ellas, aseguran, está que toda lancha debe zarpar con dos capitanes y que, para hacerlo, deben llevar consigo un teléfono satelital. “Es un gasto millonario para nosotros, porque un paquete de 30 minutos para eso vale como un millón y medio de pesos (340 dólares)”. Lo que exigen frente a esto los pescadores en una de las nueve peticiones que llevarán a la mesa, es que, en cambio, el Gobierno local reinstale una antena de radio que existió alguna vez en Bella Vista y que les permitiría comunicarse con las autoridades a través de un radio sencillo. “Lo que hay acá es abandono, porque a esa antena no se le hizo el mantenimiento y no se dio el pago acordado entre el contratista y la Alcaldía, así que la terminaron bajando”.

Ante estas peticiones, Dimar, una de las entidades convocadas por los pescadores, publicó un comunicado explicando que estaban atentos a “servir de facilitadores dentro del proceso de atención al gremio” e invitó a los pescadores “a hacer un correcto uso de las instalaciones y canales de comunicación oficiales habilitados para para tal fin”, refiriéndose a una protesta pacífica que hicieron algunos de los pescadores de la Federación frente a las instalaciones de Dimar en Providencia el mes pasado. En el comunicado también asegura que “ha enviado comunicaciones a las autoridades del orden local y nacional que tienen injerencia en el tema de pesca, con la finalidad de coordinar las acciones que propendan por darle una oportuna solución a la problemática planteada”.

Además de esto, otras de las peticiones que discutirán durante los próximos dos días es que exista un patrullaje permanente de las autoridades marítimas en las zonas de “no take”, que es como se les conoce a las áreas marinas protegidas en la que no se puede hacer ningún tipo de actividad extractiva, incluida la pesca, y que sea la misma Aunap la que inspeccione y registre sus actividades, no las autoridades locales, ya que los pescadores artesanales desconfían de estas. Sin embargo, según le explicó la Aunap a América Futura - autoridad que confirmó que sí estará en la mesa - hay una serie de leyes y reglamentaciones vigentes que no permiten que esto se dé. “Existen disposiciones que en la actualidad no permiten acceder a las pretensiones descritas en la petición, toda vez que las competencias están descritas con total claridad y el desconocimiento de las mismas traería consigo la nulidad de las actuaciones que se surtan”, aclaró.

Igualmente, reiteró que mantiene “su compromiso indeclinable de buscar soluciones específicas a las diferentes situaciones que enfrenta el sector pesquero del departamento archipiélago, conjugando la realidad de su territorio, sus costumbres ancestrales y el derecho inviolable de vivir y explotar su territorio marino, entendiendo la necesidad del desarrollo económico y social”.

“Ya hemos visto como la isla de San Andrés está sobrepoblada, saturada en muchos sentidos, así que haya lo que se debe hacer es regular para decrecer”, señala Castell. “Mientras que acá en Providencia, siendo una isla más pequeña, hay que regular para evitar que lleguemos a ese punto: para evitar que se nos acaben los recursos marinos”.

Mientras, Stephens recuerda que, a pesar de que el abandono a la pesca artesanal en Providencia es algo que llevan denunciando desde hace 20 años, “esperábamos más atención de este que, se supone, es un Gobierno ambientalista y que habla de dejar atrás los modelos extractivistas”. Con la mesa que se desarrollará estos días esperan lograr que, por lo menos en el caso de Providencia, esto se cumpla.