Convocaron la Constituyente (y no nos dimos cuenta)

¿Quién no quiere la paz? ¿Quién no quiere que Colombia sea un país decente en el que sus habitantes, pero sobre todo los desposeídos, puedan vivir con tranquilidad y dignidad? Comienzo con estas preguntas porque, dentro del sistema de anulación del contrario que se ha convertido en estrategia del Gobierno para descalificar a quien ose cuestionarle, la primera reacción hacia quien lance ahora cualquier inquietud sobre el acuerdo firmado con el ELN será tildarlo de enemigo de la paz y de pueblo.

Yo sí quiero la paz y una sociedad equitativa, mas estoy seguro de que no es con un papel firmado junto a los pusilánimes del ELN que esta va a llegar. Mucho menos cuando este papel no es más que un cúmulo de eufemismos para disfrazar la convocatoria de los cabildos que el mismo presidente Petro ha invocado para soportar y darle bríos a su idea reformista. Insisto (porque con este Gobierno hay que repetir las cosas): urge que en Colombia las cosas cambien. Pero el cambio no se puede hacer por la puerta de atrás.

Dice el documento firmado con el ELN que “los mecanismos para la participación (…) son de carácter ciudadano como cabildos, veedurías, asambleas populares, entre otros” y más adelante el mismo documento señala que “el proceso de participación opera con recursos de la cooperación internacional y el Estado colombiano”. Dicho esto: la plata para los cabildos se ha de garantizar, así como la realización de estos, todo bajo el objetivo total que es consolidar un Gran Acuerdo Nacional.

Dejemos los eufemismos: el Gran Acuerdo Nacional es en realidad la Constituyente o, mejor, la Constitución Política que surja de esos espacios de diálogo y esa lluvia de ideas que como un supositorio del laboratorio ELN nos han aplicado a todos. No en vano los cuatro ejes de transformaciones de los que se habla en el documento son precisamente los ejes para la construcción de una nueva carta de navegación para el Estado de Colombia y para los colombianos.

Dialogar sobre la “organización política de la sociedad y del Estado”; hablar de las “reformas institucionales a los poderes públicos”; plantear un diálogo sobre el “modelo económico” que permita superar el “modelo especulativo y monopólico”; señalar que se debe buscar la “democratización de la información y la comunicación” y todo esto enmarcarlo en el llamado “Plan Integral de Transformaciones” no es más que marcar la agenda de una nueva constitución.

Repito por tercera vez (por que nunca es suficiente): Colombia necesita ser un país que ofrezca oportunidades que le cambien la vida a sus empobrecidos habitantes, pero las cosas deben hacerse de frente. Ya es hora de que el presidente nos diga qué de lo que quiere no está en la Constitución de 1991. Qué es lo que hace que ese texto resulte inútil para cambiar el país. Y si se anima, que de paso nos cuente, ya que dice que quiere erradicar la corrupción a través del Acuerdo Nacional, a quién de su Gobierno va a echar por haber dejado sin salud a todos los profesores de la Nación. Porque para eso la logorrea no le da.

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