Se aclara el horizonte para la reforma pensional: solo le falta un debate

Reestructurar el defectuoso sistema de pensiones de Colombia es cada vez más probable. La comisión séptima de la Cámara de Representantes ha aprobado este jueves, en penúltimo debate y con apenas tres días de discusiones, la propuesta de reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro. Lo logró con una mayoría amplia de 17 votos a favor y 4 en contra, que solo en algunos casos pasó a ser de 16 a 5. Eso, producto del apoyo de todos los congresistas de las bancadas independientes presentes en la comisión, dos del Partido Liberal y dos de La U. La reforma salió prácticamente idéntica a como fue presentada por los ponentes oficialistas con apoyo del Gobierno, aunque algunos puntos de discusión quedaron pendientes para el último debate, que deberá hacer en las próximas semanas la plenaria de la Cámara.

“Felicito a la comisión séptima de la cámara por aprobar la reforma pensional”, escribió el presidente en su cuenta de X. “Millones de ancianos y ancianas sin pensión hoy, sabrán agradecer el esfuerzo del congreso atacado hoy hasta por la delincuencia”, añadió.

La velocidad en la que avanzó la reforma contrasta con el aparente congelamiento de los trámites legislativos tras el estallido del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Tan solo dos semanas atrás, la reforma pensional tenía un destino incierto, pese a ser la más viable de la tríada de reformas sociales de Petro, con la ya fallida a la salud y la aún incierta laboral. Desde entonces, sin embargo, los cambios al sistema pensional avanzaron a la velocidad de un rayo, mientras el Gobierno ha postergado la radicación de una nueva reforma a la salud. Un ejercicio de priorización política al que Petro se negó por meses, y que ad portas de llegar a la mitad de su cuatrienio parece mostrar sus virtudes, como habría ocurrido cuando inició su mandato proponiendo una ambiciosa reforma fiscal y dejando temporalmente de lado otros cambios de envergadura.

La reforma no ha tocado los elementos que afectan de forma más directa a los trabajadores: la cotización seguirá siendo del 16% de sus ingresos, y la edad de jubilación se mantiene en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. El Gobierno ha dicho que el debate sobre esos parámetros, fundamentales para definir la sostenibilidad de un sistema de pensiones y las posibilidades de acceder al derecho a la pensión, se hará más adelante.. Por ello, la principal discusión que ha tenido, la que concentró el acuerdo político que le permitió avanzar y la que puso en duda el propio presidente, es la del llamado umbral, el tope hasta el cual los colombianos deberán aportar para pensión a la estatal Colpensiones, y a partir del cual deberán dirigir ese ahorro obligatorio a fondos privados de pensiones. Desde el día que se radicó la reforma pensional, el presidente Petro anticipaba que esta sería la batalla más intensa. “Si lo bajas [el umbral] ―y claro, los fondos privados tendrían unos años más de ganancias, no más, porque igual se va a acabar―, reduces el número de personas adultos mayores, hombres y mujeres, que hoy sin pensión pueden recibir un bono pensional”, afirmó ese 22 de marzo de 2023.

La propuesta inicial del Gobierno fue marcar ese límite en cuatro salarios mínimos mensuales de ingresos, equivalentes a 5,2 millones de pesos, o unos 1.300 dólares, en 2024. Ha insistido en la necesidad de un umbral alto, que aliviaría las finanzas del Estado y permitiría destinar más recursos a entregar subsidios a los adultos mayores que no logran pensionarse. Entre más alto el umbral, más recursos recibiría el Ejecutivo cada mes, aunque también tendría más obligaciones pensionales en el futuro. El debate, complejo por sus múltiples efectos, no es teórico: de los aproximadamente 19,1 millones de colombianos que se han afiliado para aportar a los fondos privados en el régimen actual (en el que se elige entre ellos y Colpensiones), 18,5 dejarían de hacerlo — los otros 600.000 lo harían con una parte de sus ingresos. Su gremio, Asofondos, ha dicho que eso destruiría el ahorro de los trabajadores actuales, afectaría el mercado de capitales y la financiación de obras que se hace con ese dinero, y ha pedido insistentemente que se fije ese límite en un salario mínimo.

El pulso político llevó a que la propuesta del Gobierno bajara a tres salarios mínimos, una cifra muy alta para muchos analistas, que han hablado de límites de dos salarios mínimo, o de 1,5. Y cuando la reforma parecía empantanada en la plenaria del Senado, un acuerdo entre el Gobierno y los senadores independientes para llevarlo a 2,3 salarios mínimos la salvó, pese a que la ministra del Trabajo había dicho que, con ese umbral, la reforma ya “no valdría la pena”. Se trataba de un pacto logrado por el presidente y el ministro del Interior, el antiguo senador liberal Luis Fernando Velasco, con senadores del antiguo partido y de La U. Aunque el Gobierno celebró el logro legislativo, un bálsamo después del naufragio de su más visible reforma al sistema de salud, el presidente sorprendió: en su alocución con tal motivo, reiteró que busca que el umbral regrese a cuatro salarios mínimos. “El pilar tres es para quienes cotizan entre 1 y 2,3 salarios mínimos mensuales que estarán en Colpensiones, yo pienso ponerlo hasta cuatro salarios mínimos, si la Cámara me acompaña”, dijo en la noche del miércoles 24 de abril.

Sin embargo, una cosa es lo que dice Petro y otra la que ocurre. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, acompañó a representantes cercanos al Gobierno en la mañana de este viernes, al simbólico acto de radicación de la ponencia positiva de la reforma el pasado viernes 17 de mayo, y así mantuvo las posibilidades de que la reforma salga adelante, cuando queda tan solo un mes de sesiones legislativas. El avance veloz era, justamente, la meta de la representante Martha Alfonso, oficialista de la Alianza Verde y coordinadora de los ponentes.

Ese modelo, uno de trámite rápido en aceitado por acuerdos políticos previos con concesiones de varios lados, se repitió en la comisión séptima. Esta aceptó lo propuesto por la ponencia y lo dejó como venía desde el Senado. Este miércoles, la representante Martha Alfonso, oficialista de la Alianza Verde y coordinadora de los ponentes, pidió dejar para la plenaria esa discusión debate político. Sin embargo, tras una discusión larga, se votó una propuesta del representante de La U, Víctor Manuel Salcedo, de bajar el umbral a 1,5 salarios mínimos. Solo los cuatro opositores acompañaron la proposición. Salcedo votó en otras ocasiones con la oposición en una postura que recordó que si bien el Gobierno ha logrado armar una mayoría amplia en favor de la reforma pensional, hay asuntos aún pendientes.

Justamente, la plenaria de la Cámara enfrentará esos debates. No solo la posibilidad de reabrir la discusión del umbral, sino también asuntos como las comisiones que recibirán los fondos privados, la duda sobre si el proceso ha cumplido con el requisito de que el proyecto de ley tenga el aval fiscal exigido por la Corte Constitucional o el futuro del esquema especial para las minorías étnicas y los campesinos.

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