El umbral para aportar a Colpensiones tensiona el pulso por la reforma pensional

El alcance social de la reforma pensional que propone el Gobierno de Gustavo Petro dependerá esencialmente de una decisión en los debates que se aproximan en el Congreso de la República: la cantidad de salarios mínimos hasta los cuales todas las contribuciones de los trabajadores y sus empleadores irán a la estatal Colpensiones. Esa cifra será determinante para que el sistema tenga cómo asignar una renta mensual de $223.000 pesos (cerca de 50 dólares) a 2,5 millones de personas mayores de 65 años que subsisten sin protección económica, dice la ministra del Trabajo.

Para lograrlo, la reforma pensional contempla que los aportes por los primeros tres salarios mínimos de los ingresos de todos los trabajadores irán al sistema público que administra Colpensiones. Eso llevaría a aumentar el recaudo, pues hoy cada trabajador aporta allí o al sistema privado sobre todos sus ingresos.

De los 45 billones de pesos al año que aportan los colombianos al sistema de pensiones, alrededor de 30 billones van a los fondos privados y los 15 billones restantes a Colpensiones. Con la reforma, cerca de 36 billones de pesos entrarían anualmente a Colpensiones y solo nueve a los fondos privados. Así, el Estado liberaría recursos que hoy destina a pagar las pensiones ―ya que el sistema público tiene un déficit― para crear el subsidio.

Pero el camino no está despejado, como tampoco lo ha estado con las otras dos reformas sociales, la de salud y la laboral. Son múltiples las voces que han alertado sobre las implicaciones de destinar la mayor parte de los aportes pensionales al sistema público, como el impacto en el pasivo pensional. La más reciente es la del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que ha pedido reducir el umbral de los aportes a Colpensiones a un salario mínimo. Le preocupa que el cambio presione el déficit, como quiera que el Estado asumiría la obligación de pagar pensiones futuras de todos los trabajadores colombianos.

“Dada la extensión de un subsidio en el pilar contributivo a toda la población pensionada, reducir el umbral de tres salarios a un salario representa un ahorro fiscal en el valor presente neto de la reforma cercano al 20% del producto interno bruto (PIB, 300 billones de pesos de hoy). Esto sin tener en cuenta los efectos que el riesgo de longevidad causa sobre las estimaciones”, advirtió el Comité. También sugirió ahorrar el 100% de las cotizaciones que pasarían del régimen de ahorro individual a Colpensiones. Por su parte, el centro de estudios económicos Fedesarrollo ha sugerido reducir el umbral, aunque un poco menos, a 1,5 salarios mínimos.

Si el umbral se reduce, habrá menos recursos disponibles para crear la renta del llamado pilar solidario para los mayores sin pensión, uno de los cuatro que contempla el nuevo modelo de pensiones. “Entre más bajo sea el escenario en términos de cuál es el traslado [de los fondos privados], Colpensiones recauda menos”, señaló el ahora ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cuando era presidente de Findeter, su anterior cargo.

Según los cálculos que expuso Bonilla a finales de marzo en un foro sobre los efectos macroeconómicos de la reforma, con los tres salarios mínimos Colpensiones recaudaría unos 36,9 billones de pesos al año, con dos salarios serían 35,3 billones y con un salario mínimo sumaría 29,3 billones. “En la medida en que bajemos los umbrales estamos diciendo que todavía Hacienda tiene que seguir poniendo plata”, insistió. El monto que saldría del bolsillo público aumentaría de $14,8 billones de pesos con los tres salarios mínimos, a 16,3 billones de pesos con dos y a 21,7 billones de pesos con un salario mínimo.

Eso, en la práctica, supondría un impacto en el corazón de la reforma. Implicaría bajar el número de beneficiarios o la asignación mensual para los adultos mayores a los que el Gobierno quiere llegar. La cifra de 223.000 pesos mensuales, que se ubica por encima de la línea de pobreza, le apunta a una de las obsesiones del presidente Gustavo Petro: sacar a más personas de esa condición económica.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha mantenido la defensa de la reforma en audiencias públicas y mesas técnicas que se han realizado como antesala a los debates en el Congreso. “Nosotros lo que hemos hecho es modelar con el Ministerio de Hacienda y podemos decir que hasta el año 2052 que va nuestra modelación hay sostenibilidad fiscal, no sobrepasamos la regla, el sistema está claramente financiado, tres salarios mínimos, menos de tres salarios mínimos no valdría la pena porque no fortaleceríamos el sistema público, que es uno de los grandes objetivos de este sistema pensional”, declaró.

Otra posible modificación que se abre paso en la comisión séptima y que implicaría mayores costos para el pilar solidario es la posibilidad de reducir de 65 años a 60 años el requisito de edad de las mujeres sin pensión que recibirían la renta solidaria. Para los hombres se mantendría en 65 años.

La discusión sobre el umbral promete ocupar la mayor parte del debate político en el Congreso, una vez se inicie formalmente la discusión en la comisión séptima del Senado, antes de finalizar este mes de mayo. “Vamos a reservarnos el derecho de analizar si el umbral puede ser de 1,5 o dos salarios mínimos. Dos compañeros congresistas que proponen cuatro salarios mínimos, entonces, debemos tener claras esas modelaciones y sus respectivas implicaciones sobre el sistema pensional”, dijo la senadora del Partido de la U Norma Hurtado, presidenta de esa comisión, en una entrevista con el diario El Espectador.

Desde el día que se radicó la reforma pensional, el presidente Petro anticipaba que esta sería la batalla más intensa. “Si lo bajas [el umbral] ―y claro, los fondos privados tendrían unos años más de ganancias, no más, porque igual se va a acabar―, reduces el número de personas adultos mayores, hombres y mujeres, que hoy sin pensión pueden recibir un bono pensional”, afirmó ese 22 de marzo.

El umbral de los tres salarios mínimos traza la línea roja del Ejecutivo en las discusiones de la reforma pensional. Aunque existe consenso frente a un esquema que ayude a mejorar la cobertura y a reducir la inequidad, los debates sobre el monto del traslado de los fondos privados a Colpensiones definirán su futuro. El Gobierno no quiere ceder en este punto y tendrá poco tiempo para ganar el pulso en las sesiones legislativas ordinarias que terminan el próximo 20 de junio.

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