Las cuentas de la reforma pensional que no cuadran

La reforma pensional que radicó el Gobierno de Gustavo Petro ante el Congreso hace una semana no ha iniciado formalmente su recorrido de cuatro debates y ya tiene abierto un segundo frente de controversia: el del pasivo pensional. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público desestimó los cálculos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), según los cuales el pasivo se dispararía del 110% al 249% del producto interno bruto (PIB) al año 2070, pasando de 1.650 a 3.700 billones de pesos (de unos 330.000 millones a 740.000 millones de dólares). “Se daría un fuerte golpe al ahorro, la sostenibilidad fiscal y se pondría en alto riesgo la posibilidad de pagar las pensiones futuras”, sostuvo ANIF en un comunicado. El Ministerio le ha salido al paso. Según la entidad que lidera el economista José Antonio Ocampo, se trata de “escenarios fatalistas” con falencias conceptuales y metodológicas.

Las cifras del Ministerio de Hacienda distan de las de ANIF. Muestran que, sin la reforma, el déficit de largo plazo del régimen de prima media, el que administra la estatal Colpensiones, alcanzaría un 67,5% del PIB. Y que, con la reforma, se reduciría al 55,2%. Ese efecto, según Hacienda, obedecería a tres factores. El principal son los recursos mensuales que obtendrá Colpensiones por cuenta de las contribuciones de todos los ingresos de hasta tres salarios mínimos mensuales (3.480.000 pesos; alrededor de 725 dólares), que obligatoriamente serán cotizadas en el régimen público. Se suman la eliminación de los subsidios a las pensiones relativamente altas, que quedarían a cargo de las administradoras de los fondos privados, y la implementación de un fondo de ahorro con los recursos del sistema pensional.

El análisis señala que con ese fondo de ahorro se acumularán recursos por $124 billones a 2030 (a precios de 2023). “Este instrumento evita que el ahorro nacional se deteriore, y permite mantener el dinamismo del mercado de deuda pública. Se trata de un compromiso clave de la política macroeconómica del país”, subraya el documento.

Sin embargo, Andrés Velasco, exviceministro de Hacienda y actual director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), advierte que los números que presenta el Ministerio en su informe no coinciden con los de la reforma radicada por el propio Gobierno ante el Congreso. “El documento del Ministerio hace explícito que no tiene en cuenta la posibilidad de un desahorro cuando los pilares semicontributivo y contributivo sumen más del 1,2% del PIB, lo que que está en el proyecto de ley radicado; y muestra cálculos de una acumulación de ahorro de 15,4 billones anuales por el mayor número de cotizantes, lo cual es cerca del doble de lo que se logra con 0,57% del PIB, que fue lo que quedó en la propuesta”, explica el experto.

También Fedesarrollo difiere de los datos publicados por el Gobierno. Este centro de pensamiento prevé un aumento del pasivo pensional de 30,2 puntos del PIB. “Por un lado, el Ministerio de Hacienda no incluye en el costo de la reforma el valor del pilar solidario, que es el más costoso de todos (12,5 puntos del PIB de acuerdo con nuestros cálculos). Este valor debe incluirse porque lo relevante para la sostenibilidad fiscal es el costo fiscal del nuevo sistema de protección en la vejez, no solo el de uno de sus componentes”, precisa en su estudio.

Además, cuestiona que las proyecciones oficiales se limiten al año 2070. “Este cálculo tiene el inconveniente de dejar por fuera 30 años en donde el sistema de protección se vuelve más deficitario que en la situación actual. Los análisis de impacto de cambios en sistemas pensionales por diseño deben hacerse en los plazos más largos posibles, por lo que preferimos hacerlo con corte al 2100″, añade Fedesarrollo.

La reforma pensional busca transformar el modelo actual, en el que el régimen público compite con los fondos privados, en un sistema de cuatro pilares que se complementen entre sí. El pilar solidario creará una renta básica de 233.800 pesos (45 dólares) para beneficiar a 2,5 millones de adultos mayores que no tienen pensión. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, este pilar permitirá reducir en más de 50% la incidencia de la pobreza moderada y en más de 85% la incidencia de la pobreza extrema en la población mayor de 65 años. El pilar semicontributivo otorgará un ingreso a quienes han aportado durante por lo menos 150 semanas, sin llegar a las 1.000 semanas cotizadas.

El tercer pilar, el contributivo, obligaría a quienes ganan hasta tres salarios mínimos mensuales a cotizar en Colpensiones. Con este cambio, el Estado evitaría un déficit anual de 18 billones de pesos y liberaría recursos públicos para destinarlos a la renta básica del pilar solidario. La otra cara de la moneda, sin embargo, es que de tener a su cargo la jubilación de tres de cada 10 pensionados, el Estado asumiría muchas más mesadas en el futuro. A los 6,8 millones de afiliados que hoy tiene Colpensiones, se sumarán los 18,7 millones que cotizan en los fondos privados, un sistema en el que las pensiones se cubren con los ahorros individuales más sus rendimientos.

Según ANIF, el pilar contributivo sería el que más generaría un aumento del pasivo. “De esta manera, además de generar un pasivo pensional insostenible y de poner en riesgo las mesadas pensionales a futuro, la propuesta no soluciona el problema de fondo de los subsidios implícitos en el Régimen de Prima Media, sino que lo amplía a toda la población poniendo un techo en tres salarios mínimos legales vigentes”, indica el centro de estudios económicos.

Solo quienes superen el umbral de los tres salarios, actualmente menos del 15% de los empleados en Colombia, podrán destinar aportes adicionales a los fondos privados para aumentar su mesada. Ese es el cuarto pilar, el de ahorro individual voluntario.

El Ministerio de Hacienda insiste en que los análisis que ANIF ha puesto en el centro del debate son equivocados. “Todo indica que las estimaciones erróneas no incluyen la totalidad de los ingresos con los que se dispondría en los pilares contributivo y semicontributivo para pagar los gastos derivados de la reforma. Tampoco parecen reflejar con precisión la reducción que logra el esquema de pilares de los subsidios a las pensiones altas”, destaca. También argumenta que es una falla incluir el pilar solidario en los cálculos del pasivo pensional, cuando estaría cubierto con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Mientras la discusión toma su cauce en el Congreso de la República y las cifras se aclaran, la respuesta del Ministerio de Ocampo, a quien se le reconoce como un miembro ecuánime del primer anillo presidencial, le imprime un espaldarazo financiero a la tercera reforma social que quiere sacar adelante el presidente Petro. La de salud ha estado marcada por la primera crisis de gabinete y está dependiendo del apoyo de partidos tradicionales ―el de La U, el Conservador y el Liberal― que no termina de concretarse. La laboral ha iniciado con críticas por las implicaciones que, según los empresarios, tendría en la generación de empleo. La reforma pensional parece haber alineado al Gobierno en su defensa.

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