Así funciona el sabotaje de la oposición y los fondos de pensiones para frenar la reforma pensional en el Congreso

El debate de la reforma pensional avanzaba con normalidad en la comisión séptima de Senado durante la tarde del pasado jueves, cuando aparecieron al menos cuatro denuncias formales que detuvieron la discusión. En ellas se acusaba a algunos congresistas de tener intereses particulares y poderse beneficiar de la reforma. Estas recusaciones, como se conocen técnicamente, les solicitaban que se declararan impedidos para dar el debate. A las congresistas mujeres las denunciaban de poderse beneficiar de la reforma por ser mamás o estar embarazadas; a todos los integrantes de la comisión, por ser mayores de 35 años. Es como si los senadores no pudieran discutir la reforma a la salud por estar afiliados a una EPS o como si los representantes a la Cámara no pudieran debatir la reforma tributaria porque pagan impuestos.

Las recusaciones buscaban dilatar la discusión en un día en el que el Gobierno tenía los votos suficientes para que la reforma avanzara. Así lo denunció el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco: “Pusieron las recusaciones porque no quieren que debatamos el proyecto. Esto es filibusterismo parlamentario. No dejan que el Congreso aborde las discusiones de fondo a punta de argucias mal intencionadas”, dijo en medio del debate, cuando varias de las senadoras de la comisión anunciaron que se retiraban o que no podían votar por una recusación.

Las senadoras solicitaron que la comisión de ética del Congreso, la encargada de resolver las recusaciones, les dijera si podían seguir debatiendo. Este trámite implicó un receso de varias horas. La senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, resumió el impasse así: “¿Dónde vamos a encontrar hoy a la comisión de ética? Es más fácil encontrar petróleo aquí. ¿Nos están obligando a levantar la sesión?.

Una de las recusaciones, a la que tuvo acceso EL PAÍS, está firmada por Juan Camilo Argote Madroñero, abogado senior de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos). Las administradoras de fondos de pensiones son grandes opositores de esta reforma porque plantea quitarles una parte importante del dinero que administran para pasarlo al fondo público. Argote le pedía a la senadora Ana Paola Agudelo, del partido Mira, que se abstuviera de participar y votar el proyecto porque incurría en interés directo en la decisión. “La senadora debió haberse declarado impedida para participar en los debates por cuanto presuntamente está legislando en su propio beneficio. Esta omisión fundamenta la recusación aquí presentada”, decía el escrito que detuvo el avance de la discusión.

El argumento principal de esta recusación es que la senadora es madre y la reforma incluye un artículo que establece beneficios para mujeres con hijos. Argote adjuntó fotos del perfil de Instagram de la senadora como pruebas de que es mamá. En internet hay un acta del 21 de febrero de 2023, en la que queda evidencia de que Argote Madroñero asistió a una reunión en representación de los fondos de pensiones obligatorias Porvenir (del Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Angulo) y Protección (del Grupo Sura).

El presidente del Congreso, el oficialista Alexander López, presente durante la discusión, fue enfático en calificar las recusaciones como estrategias de sabotaje. Afirmó que si prosperaban había que “cerrar el Congreso”. López dijo durante el debate que son “prácticas maquiavélicas y perversas que destruyen la democracia”. En su cuenta de Twitter pidió que se discutiera lo importante de la reforma: “El debate sobre la reforma pensional es fundamental y debemos abordarlo con seriedad, responsabilidad y respeto. No es ético ni aceptable dilatar para ganar tiempo, nuestro país clama por decisiones concretas, sea que se apruebe o no la reforma, es momento de comenzar a darle trámite. Los animo a que comencemos el debate y expongamos nuestros argumentos en favor o en contra del proyecto de reforma ante el pueblo colombiano”.

Otra de las recusaciones que impidió que el debate de la reforma pensional siguiera su curso fue presentada por el congresista opositor Miguel Polo Polo. Aunque el documento no llevaba la firma completa ni el número de cédula, el equipo Ministerio del Trabajo presente durante la discusión le confirmó a EL PAÍS que Polo Polo era el autor.

Este documento recusaba a la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico y ponente de la reforma, por estar embarazada y tener un hijo. “La senadora recusada es madre de un niño y espera otro, como ella misma lo afirma en sus redes sociales. Está en estado de embarazo, y para la fecha de radicación de la ponencia y del proyecto de ley, ya estaba en estado de gestación”. Según la recusación, la senadora se “beneficia directamente, toda vez que a ella, que presuntamente no se encuentra dentro del régimen de transición, se le pueden disminuir 50 semanas de cotización por cada uno de sus hijos, como lo pretende disponer la norma que ella presentó”. De nuevo, las pruebas son fotos de Instagram de la senadora y su familia.

Durante el debate se presentó otra recusación, que de ser aceptada dejaría por fuera a más del 90% de los congresistas: ser mayor de 35 años. El ciudadano Luigi Parra Forero, activista contra el Gobierno y antiguo trabajador de la UTL de la exrepresentante de Cambio Radical, Ángela Patricia Sánchez Leal, acusó a todos los senadores de esa edad de tener intereses particulares y beneficiarse por la reforma pensional. “El proyecto de Ley 293 de 2023 señala un régimen de transición y que aquellas personas que hayan superado las 1.000 semanas de cotización, no se les aplicará el nuevo régimen pensional. Los senadores de la comisión, quienes son mayores de 35 años, pueden verse beneficiados directamente por este régimen de transición. Por tal razón, presento recusación en contra de los Senadores de la Comisión VII”. Parra Forero ya había recusado a varios congresistas en la discusión de la reforma a la salud.

Bajo la lógica de las recusaciones, ninguna congresista que sea mamá puede discutir la reforma y tampoco los congresistas de 35 años en adelante. No habría, en la práctica, manera de reformar el sistema pensional.

El ministro Velasco explicó que todas estas recusaciones no tienen fundamento jurídico, sino que buscan detener el buen desarrollo del debate. Fue enfático en mostrar el absurdo y puso varios ejemplos. “¿Ustedes creen lógico que se ponga una recusación porque los congresistas hablan español, o tienen el pelo negro o usan corbata de un color específico”. Explicó que no se puede recusar por “cualquier cosa” sino cuando al intervenir en una decisión hay un interés actual y directo. “Según estas recusaciones, en el Congreso nunca se podría debatir una reforma tributaria, un código penal, ni absolutamente nada”.

El senador Honorio Enríquez, del Centro Democrático, insistió en que había que esperar al menos tres días hábiles para que la comisión de ética respondiera las recusaciones y poder continuar con el debate. Agudelo, del Mira, se expresó en el mismo sentido: “Lamento estas recusaciones porque nos devuelven a otra discusión sobre un tema de procedimiento y no sobre el tema pensional y de protección para la vejez, que es lo importante”. La senadora se retiró del debate e insistió en que había que esperar a que la comisión de ética decidiera para no “viciar el trámite”.

Después de casi tres horas de suspensión por cuenta de las recusaciones, la comisión volvió a sesionar y logró aprobar la ponencia de la reforma pensional por siete votos contra dos del Centro Democrático, que ayudaron a lograr cuórum y no tener que levantar la discusión. Se espera que el martes, la comisión apruebe los casi 75 artículos que no tienen proposiciones de modificación o de eliminación, y pase a la discusión de los más polémicos.

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