El desastre en la unidad de desastres: el origen de la corrupción en la oficina que enfrenta las emergencias

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es una institución poco glamurosa que rara vez se roba la atención de todos los medios —a pesar de que es la que tiene que activarse si explota un volcán, o hay un terremoto, o un derrumbe―. Pero en el Gobierno del cambio hasta eso cambió. Ahora cada peso de la UNGRD está bajo la lupa de la Fiscalía, y todo indignado quiere saber quién fue su director. Esto porque, el viernes pasado, su anterior subdirector denunció que miles de millones de pesos presuntamente salieron de sus arcas a finales de 2023 para sobornar a los presidentes del Senado (3.000 millones de pesos) y de la Cámara de Representantes (1.000 millones de pesos). Que siempre ha pasado, que no es la primera vez, se dice. “La política tradicional ha controlado desde su creación la UNGRD”, afirma el actual director de la Unidad, Carlos Carrillo, en su campaña por destapar la corrupción dentro de la oficina. “La UNGRD padece, como muchas instituciones, de una corrupción estructural y profesional”, escribió el presidente Petro. “Las personas que llegan a dirigirla o rompen la corrupción o se adaptan a ella. Carrillo tiene la misión de romperla”, añadió.

Pero romper la corrupción en la UNGRD no es tarea de un solo hombre. De acuerdo con expertos en el tema, el problema no es solo que unos corruptos lleguen a dirigir la institución. El problema de fondo es su diseño mismo. Es una entidad con la que el Ejecutivo puede mover billones de pesos, sin muchas preguntas o controles, hacia alcaldías y gobernaciones cada vez que se decreta una emergencia.

Así lo entiende, por ejemplo, el primer director de la unidad del Gobierno de Gustavo Petro, Javier Pava. “La Unidad se maneja en un modelo neoliberal: se puede contratar de manera directa, expedita, sin protocolos para seleccionar y sin muchos controles”, cuenta a EL PAÍS. Pava, aunque ha sido cercano al presidente, no es un político de carrera, sino un ingeniero geólogo que lleva años estudiando cómo medir riesgos y desastres.

Pava cuenta que la UNGRD se reformó por ley en 2012, después de que el Gobierno de Juan Manuel Santos enfrentara una dura temporada de lluvias en 2011 y se diera cuenta de que el modelo de emergencias era obsoleto (venía de 1989). Pero en 2012 hubo una especie de pecados originales frente al manejo de los recursos: se eliminó una junta directiva que tenía que aprobar la asignación de proyectos, se derogaron unos topes de los recursos máximos que se podían transferir a gobernaciones o alcaldías, se limitó el trabajo de una fiduciaria que trabajaba en la verificación del gasto. “Un director puede mover recursos enormes sin tener que preguntarle a nadie, y eso genera una vulnerabilidad muy grande a la institución”, añade Pava. El control, se supone, ocurre después de la emergencia.

Además de ese esquema, viene lo que Pava llama “la cleptocracia del desastre”: una red de clientelismo que se nutre de los recursos de la UNGRD. Como la institución no cuenta con equipos propios para atender las urgencias en todo el país, debe trabajar casi siempre de la mano con alcaldías y gobernaciones para enfrentar los desastres. “Ahí llega la clientela: los alcaldes, por ejemplo, buscan ayuda de un congresista o de la Gobernación para conseguir recursos de la UNGRD, que a su vez le dice al alcalde: ‘¿Cómo negociamos si le ayudo?”, cuenta Pava. Así el dinero para las emergencias termina en los bolsillos equivocados.

Otro experto en el tema del diseño es el académico Mauricio Sánchez-Silva, profesor de Ingeniería civil en la Universidad de los Andes, donde hubo, durante unos años, una especialización para gestión de riesgos y desastres (y donde estudió Pava). “Colombia fue un país pionero en el mundo en crear una oficina para la gestión de desastres, una oficina que antes era separada del Gobierno, más parecida a lo que es hoy Planeación Nacional, y que arrancó después de tragedias como la avalancha en Armero”, cuenta Sánchez-Silva. En el Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), la oficina se mudó al Ministerio del Interior y se volvió más dependiente de los intereses del Gobierno. Para el experto, fue “una manera de politizar la entidad, y a esa mudanza se opusieron muchos antiguos directores de la oficina”.

En paralelo, el Estado le apostó a descentralizar la gestión, habilitando a cada alcaldía y gobernación a nombrar a funcionarios dedicados a manejar riesgos y desastres. “Eso empezó muy bien, pero surgió un problema: creció el número de personas en las oficinas de gestión de riesgos, muchos no capacitados, se empezó a politizar, y se volvió un fortín político”, cuenta el profesor Sánchez-Silva.

Él y Pava concuerdan con que se podrían hacer varios ajustes para proteger los recursos públicos que deberían ir a las emergencias y no a sobornos o redes clientelistas. Mejorar la veeduría es una. Aunque se dice que los recursos de emergencia tienen que moverse rápido y por eso no pueden estar bajo tanto control, muchas contrataciones para manejar emergencias (como conseguir frazadas o carpas cuando se acerca una temporada de lluvias) podrían hacerse antes de que ocurran los desastres. Por eso se habla de gestionar el riesgo, no solo de atender los desastres. Además, la UNGRD podría enfocarse más en la investigación para mitigar el desastre antes de que ocurra y se inevitable mover millones de pesos a última hora.

Otra clave es redefinir el alcance de la UNGRD. El escándalo de corrupción actual arrancó cuando se supo que la entidad compró con sobrecostos 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira. Por más dramática que sea la situación de las familias pobres allí, no es una emergencia inesperada, sino un problema estructural del que debería ocuparse el Ministerio de Vivienda (encargado de la política de acueductos), por ejemplo.

“Que sea la Unidad de Gestión de Riesgos la que tenga que solucionar el tema del agua en La Guajira, para mí, no tiene ni pies ni cabeza”, dice Sánchez-Silva. “Tenemos que entender que un desastre es una palabra miedosa, que da mucho miedo, y que por eso puede ser usada de forma política: se pueden llamar muchas cosas un desastre, cuando un desastre debería ser algo con implicaciones muy grandes”, añade. Hay emergencias que pueden atender los bomberos, la Policía, los ministerios. La emergencia del Gobierno, sin embargo, en este momento es más política. Y seguirá siéndolo, a menos de que cambie el diseño en la unidad que maneja el desastre.

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