La Presidencia denuncia penalmente al director de la UNGRD por el caso de los carrotanques en La Guajira

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República ha anunciado este jueves que, por primera vez durante el mandato de Gustavo Petro, denunciará penalmente a un funcionario. Se trata de Olmedo López, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien está en la mira por supuestas irregularidades en la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, departamento que vive una crisis de agua potable desde hace varios años. Según el secretario Andrés Idárraga, hay una serie de irregularidades en la adquisición hecha en octubre por más de 46.800 millones de pesos (unos 12 millones de dólares), incluyendo sobrecostos por encima de los 20.000 millones de pesos. El abogado, cercano al presidente, anunció que denunciará ante la Fiscalía y enviará copia a la Procuraduría y a la Contraloría. Además de López, la acción incluye a sus dos subdirectores y a varios empresarios vinculados al contrato.

Curiosamente, la noticia de la denuncia se conoce solo un día después de que la UNGRD publicara un comunicado en el que asegura que López “continuará en su cargo, tras la confirmación de la Casa de Nariño”. El documento fue difundido en medio de rumores que alegaban que el presidente Petro estaba buscando un reemplazo para el político antioqueño. El texto quiso desmentir esa información. “El mandatario [el presidente Petro] valora profundamente el compromiso y la dedicación de Olmedo López en esta importante labor y por eso solicitó enfáticamente su continuidad en el cargo”, señala. Sin embargo, W Radio reportó ese mismo día que la Presidencia no aprobó el comunicado.

Respecto al contrato de los carrotanques, el pasado 21 de febrero la Fiscalía anunció que abrió una investigación “para determinar si existen irregularidades para favorecer a un contratista y otros posibles hechos constitutivos de delito alrededor de este tema”. López se defendió la mañana de este jueves en entrevista con Caracol Radio. Argumentó que no había sobrecostos pues, según él, las denuncias no toman en cuenta varios gastos que no aparecen en el contrato. Entre otros, nombró los impuestos que se cobran por un vehículo de las características de estos carrotanques ―equivalente al 15% del valor del producto importado, dijo―, los peajes en la vía hasta La Guajira, los pagos a sus conductores y el parqueadero donde los vehículos estuvieron guardados durante varias semanas, en la base militar de Uribia.

Además, alegó que los señalamientos son fruto de un complot en contra suyo y de la UNGRD por parte de lo que él llama “El cartel del agua”, un grupo de supuestos criminales que se aprovechan de la escasez de agua potable en La Guajira. López se refería a un problema que lleva muchos años en el departamento: estructuras criminales roban agua y la venden a precios exorbitantes a residentes en zonas alejadas. El funcionario no aportó pruebas del complot, pero sí dijo que había puesto denuncias en el pasado en contra de estos delincuentes, y que planea hacerlo otra vez.

El escándalo de los carrotanques salió a la luz a mediados de febrero, cuando varios medios reportaron que los 40 vehículos llevaban varias semanas estacionados en Uribia sin repartir ni una gota de agua, pese a que la compra fue de emergencia y a que se entregaron en enero. Entonces, El Tiempo reveló los confusos detalles detrás de la adquisición por 12 millones de dólares: se hizo a través de un acuerdo privado con la empresa cucuteña Impoamericana Roger S.A.S, y cada vehículo costó 1.170 millones de pesos (unos 300.000 dólares).

Despertó curiosidad que fuera una compañía poco conocida, que pertenecía a un estudiante de medicina veterinario de 26 años, Roger Alexander Pastas Fuertes, y que vendía principalmente elementos de ferretería y abarrotes. Pastas explicó el 19 de febrero a ese diario que se enteró de la posibilidad de vender los carros al Gobierno a través de un correo que le llegó de la UNGRD, pidiéndole una cotización. “No fue una solicitud directa. Ya nosotros habíamos contratado con ellos para proveerles materiales de ferretería más que todo hace 10 años. Tal vez por eso nos tuvieron en cuenta y nos pidieron la cotización de los carros”, recordó.

López apoyó este jueves la versión de Pastas. Dijo que no lo conocía antes de ponerse en contacto con su empresa. También explicó que los carrotanques, que ya están habilitados pero que no han llegado todavía a distintas partes del departamento, duraron semanas estacionados porque “estaban en un programa de alistamiento para incorporarles las mangueras, las motobombas y para sacar las matrículas de placas oficiales”.

En medio de la polémica, López declaró insubsistente a uno de sus subdirectores generales, Víctor Mesa. El jueves aclaró que no tomó la decisión por el caso de los carrotanques, sino que porque “la semana anterior circuló en medios de Córdoba, de donde él [Mesa] proviene, el posible favorecimiento de unos procesos con unos recursos de una asignación de la UNGRD a una campaña específica el año pasado”. Casi al mismo tiempo que López daba la entrevista, la Fiscalía citó a declaración jurada a Mesa.

La emergencia en La Guajira

La UNGRD anunció el 18 de enero la adquisición de los camiones. Ese día, su subdirector para el Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, explicó que los vehículos hacían parte de la estrategia que tiene el Gobierno para enfrentar los problemas de La Guajira. “Estamos suministrando 500.000 litros de agua al día con contratistas privados y a través de diferentes convenios con el Ejército y la Cruz Roja. Sin embargo, cumpliendo con los lineamientos del presidente Gustavo Petro, a partir de hoy reforzamos la capacidad de abastecimiento de agua con 40 nuevos carrotanques”, dijo.

En junio del año pasado, el Ejecutivo declaró la emergencia económica y social para el departamento, ubicado al extremo norte del país y que colinda con Venezuela y el mar Caribe. Una de las regiones más pobres del país, La Guajira atraviesa hace años una grave crisis por la escasez de agua potable y la desnutrición infantil. La declaratoria de una emergencia permitió al presidente expedir decretos con fuerza de ley, con el aval de sus ministros y sin contar con la autorización del Congreso. Sin embargo, la Corte Constitucional la tumbó en octubre, ya que encontró que no había hechos inesperados que hubieran desatado una crisis, pues los problemas del departamento son estructurales. Hoy, la situación en La Guajira sigue más o menos igual.

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