La Fiscalía realiza una inspección de la Casa de Nariño

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió el lunes por la noche a adelantarse a los acontecimientos. Anunció en Twitter que la Fiscalía iba a realizar este martes un allanamiento de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo. “Tal como sucedió en Perú, en contra del presidente elegido Pedro Castillo, se hará allanamiento a la Presidencia por la Fiscalía. No tenemos nada que ocultar: Bienvenidos”, escribió. No dio precisiones sobre las razones. Poco después, Blu Radio informó que la diligencia estaba relacionada con la investigación por el uso de un detector de mentiras con una exempleada de Laura Sarabia, la jefa de Gabinete. La Fiscalía ha confirmado este martes el procedimiento y ha aclarado que se trata de una “inspección judicial” y no de un “allanamiento”.

La entidad acusatoria ha informado que se realizarán inspecciones en dos partes del complejo presidencial. Se visitará la Jefatura de Protección de Presidencia para conocer el listado del personal que hizo parte del esquema de seguridad y transporte de Sarabia entre enero y febrero de este año, tiempo en el que la jefa de Gabinete denunció el robo de 7.000 dólares (unos 30 millones de pesos) en su residencia. Además, se verificará la existencia de cámaras y el protocolo de ingreso del edificio Galán, donde se encuentra ubicada la sala del detector de mentiras al que acudieron miembros de ese personal.

La Fiscalía ha aclarado que informó del procedimiento al jefe de la Oficina de Protección para que se autorice el ingreso de los funcionarios y se designe a uno de la Presidencia como encargado de acompañarlos. A diferencia de un allanamiento, que es sorpresivo, las inspecciones se notifican y se acuerdan con los implicados.

La polémica por el uso de un detector de mentiras con una exempleada de Sarabia comenzó el sábado. Marelbys Meza, excuidadora del hijo de la funcionaria, contó a la revista Semana que se sintió intimidada y sometida a presión por un hurto que, según ella, no había cometido. La Presidencia de la República aseguró horas después que todos los procedimientos contaron con las autorizaciones pertinentes: “Rechazamos versiones sobre supuestos abusos de poder, mal uso de recursos públicos y maltrato a personas indefensas”. Según explica un comunicado, los incidentes que vulneran la seguridad de altos funcionarios deben ser investigados como situaciones de riesgo para la seguridad nacional. “Pueden comprometer, por ejemplo, el acceso a información clasificada”.

Sarabia aclaró el sábado que el hurto ocurrió en enero y que el dinero correspondía a viáticos de viajes oficiales realizados entre agosto de 2022 y enero de 2023. “Es importante destacar que la trazabilidad de los recursos y la política de viáticos no reembolsables están bajo la responsabilidad del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, subrayó.

El fiscal general, Francisco Barbosa, ha criticado el uso del detector de mentiras por parte de la Presidencia de la República. “La única entidad en Colombia que investiga hechos constitutivos de delito conforme a la Constitución política es la Fiscalía General de la Nación, ningún civil adelanta investigaciones por fuera”, enfatizó en Caracol Radio. Asimismo, informó que la jefa de Gabinete y otros funcionarios serían citados a declarar.

La relación entre el Ejecutivo y la Fiscalía no pasa por sus mejores momentos. En mayo, el presidente exigió información a la Fiscalía sobre la presunta colaboración de un fiscal con el Clan del Golfo y dijo que, como jefe de Estado, era “el jefe” de Barbosa. El fiscal general respondió que el mandatario se comportaba como un “dictador”. La tensión llegó a su punto cúlmine, después de meses en los que el fiscal había acusado al Gobierno de beneficiar a narcotraficantes en sus leyes de sometimiento y de reforma de política criminal.

Estos últimos días, los roces con la rama judicial se han profundizado. El presidente ve movimientos en el Estado profundo, la operación de grupos de poder encubiertos, que no dejan avanzar el cambio que se propuso cuando llegó al poder. El lunes, Petro denunció un “golpe blando”, aparentemente en relación con la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de uno de los hombres claves para sacar adelante sus reformas, el exsenador Roy Barreras, por doble militancia. Por la noche, matizó sus declaraciones y afirmó que nunca mencionó al Consejo de Estado. Fue entonces cuando aprovechó para respaldar implícitamente a su jefa de Gabinete, su mano derecha, y trazar un paralelismo entre la inspección en la Casa de Nariño y la crisis política de Perú en diciembre del año pasado.

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