La Corte Suprema de Justicia de Colombia le pide “cordura” a Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha abierto este viernes un nuevo frente de confrontación con el poder judicial. Ha utilizado el argumento de que, al ser jefe de Estado, es superior jerárquico del fiscal general, Francisco Barbosa, con quien mantiene un largo enfrentamiento. “El fiscal [general] olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe del Estado. Por tanto, el jefe de él”, ha declarado Petro desde España, donde se encontraba en una visita de Estado. Ante esto, Barbosa ha redoblado la apuesta: lo ha acusado de tener las pretensiones de “un dictador” y ha anunciado que lo llevará ante organismos internacionales. Después, la Corte Suprema ha rechazado las declaraciones de Petro y ha llamado “a la sensatez, el respeto y la cordura”.

El alto tribunal ha enfatizado en que registra “con gran inquietud” la interpretación que hace el presidente del artículo 115 de la Constitución, que lo denomina como jefe de Estado. Señala en un comunicado que las declaraciones del presidente desconocen la autonomía e independencia judicial. “El fiscal general de la Nación no tiene superior jerárquico”, se lee en el texto. Asimismo, advierte de los riesgos que conlleva la postura presidencial: “Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”.

Petro no da el brazo a torcer y ha rechazado la advertencia. “No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal, que a su vez me irrespeta como jefe del Estado. Como jefe de Estado soy representante de la Nación ante el mundo y ante el pueblo”, ha escrito en respuesta al comunicado del alto tribunal.

El fiscal general, por su parte, fue más duro que la Corte Suprema. “No es mi jefe ni de la Fiscalía, él tiene unas competencias y yo otras. A mí me eligió la Corte Suprema de Justicia. Con esto, quiero decir que es un paso alarmante y un zarpazo a la Justicia. Lo que acaba de decir Gustavo Petro es que no es un presidente sino un dictador en Colombia”, declaró más temprano en Caracol Radio.

La raíz de la polémica está en una investigación de La Nueva Prensa. Un artículo, citado por el presidente, acusa al fiscal Daniel Hernández, de quien Barbosa sí es superior jerárquico, de no hacer nada para evitar la muerte de 200 personas amenazadas por el Clan del Golfo. Petro explicaba el miércoles, en un mensaje en Twitter, que un funcionario judicial había sido ignorado cuando pidió tomar acciones: “El Estado no puede cruzarse de brazos ante las denuncias tan graves que viene haciendo el periodista [Gonzalo] Guillén sobre centenares de homicidios y desaparición de ciudadanos por el Clan del Golfo. De ello informó con antelación un funcionario a altos miembros de la Fiscalía y estos se negaron a actuar, permitiendo las muertes”.

Barbosa no lo tomó bien. “Decir que [Hernández] es un defensor de los paramilitares es una acusación gravísima. Si le llega a pasar algo a Daniel Hernández o a su familia, Gustavo Petro es responsable de esas personas. (...) Esto parece ‘Colombia, la potencia mundial donde le ponen una lápida a los funcionarios judiciales”, respondió el jueves en declaraciones a periodistas. Para el fiscal, es inadmisible que el artículo citado incluya una foto de Hernández con su hijo en las capturas de mensajes de WhatsApp entre el funcionario denunciante y el fiscal acusado. “[El hijo] es un menor de edad, sujeto de especial protección”, remarcó.

Derecho a solicitar información

El mandatario sostiene que tiene derecho a pedirle información al fiscal general. “¿El jefe de Estado no puede preguntar como representante del pueblo si una institución pública del Estado y del poder judicial cumplió o no cumplió su deber constitucional?”, ha expresado en Twitter. Considera que es plausible tomar funciones judiciales si la Fiscalía no actúa: “¿Si no hay respuesta, sino irrespeto permanente al jefe del Estado, se puede entender entonces que la Justicia no quiere o no puede investigar un crimen? Si no obtengo respuesta, ¿no puede activar el jefe del Estado, los mecanismos que la Constitución y el Derecho Internacional le confieren para que exista justicia?”.

Los expertos consultados por este periódico diferencian entre la supuesta superioridad jerárquica del presidente y el derecho a pedirle información a la Fiscalía. Floralba Padrón Pardo, docente investigadora de la Universidad de Externado, explica por teléfono que Petro ya tiene esas atribuciones como jefe de Gobierno, sin que eso implique que es el superior jerárquico del fiscal general. “Barbosa está obligado a brindarle información al presidente de la República. Hay un principio de colaboración armónica en la Constitución”, comenta. La profesora señala que el artículo 251 de la Constitución establece que el fiscal debe “suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público”.

El problema, para los expertos, está en que Petro se haya denominado como el jefe del fiscal general. Esteban Hoyos, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, subraya por mensaje de WhatsApp que “ejercer funciones como jefe de Estado no significa ser jefe de los demás funcionarios públicos”. Según el profesor, la jurisprudencia ha especificado que el rol de jefe de Estado se asume, por ejemplo, en la dirección de las relaciones internacionales del país. Está de acuerdo con Padrón Pardo, que también relaciona el rol con la diplomacia: “La jefatura de Estado implica la representación del país en el concierto internacional, pero el presidente no es el superior jerárquico de los demás órganos”.

Las incógnitas están en por qué el presidente decidió recurrir al ejercicio de la jefatura del Estado para sustentar su pelea con el fiscal Barbosa y en por qué hizo público el pedido de información. “Es como decir que quiere que la ciudadanía sepa antes que el destinatario final. Esta forma de gobernar a través de redes sociales no le hace bien a la democracia. Quebranta relaciones que son necesarias”, agrega Padrón Pardo.

Los docentes de derecho constitucional cuestionan también la reacción de Barbosa. Hoyos reconoce que en los regímenes presidenciales “hay una fuerte y a veces problemática concentración de poder” en el presidente, pero enfatiza que eso no convierte a Petro en un dictador. “Todos los funcionarios deben ser cuidadosos con sus declaraciones y trabajar de forma colaborativa”, comenta. Gonzalo Ramírez Cleves, profesor de la Universidad Externado, señala por WhatsApp que Barbosa se ha equivocado al “exagerar” las declaraciones de Petro: “No está dentro de sus funciones establecer una pugna casi política con el presidente, que uno vería más como una precampaña política. Las aguas tienen que volver a su curso y no a través de esta serie de insultos y amenazas de parte y parte”.

La relación entre el presidente y el fiscal general nunca ha sido fácil. Barbosa, cercano al expresidente Iván Duque, ha acusado al Ejecutivo en varias ocasiones de buscar beneficios para los narcotraficantes como parte de la paz total. “Todos somos amigos de la paz, pero no del narcotráfico. Y el que quiera ser amigo del narcotráfico, que lo diga de frente”, reclamó en marzo.

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