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El fiscal Barbosa acusa a Petro de beneficiar a los narcos: “Pablo Escobar estaría feliz”

El fiscal general considera que el Gobierno busca disfrazar los acercamientos con el crimen organizado como un proceso de paz

Lucas Reynoso
fiscal general Francisco Barbosa
El fiscal general Francisco Barbosa durante una intervención, en 2022.Sebastian Barros Salamanca (GETTY IMAGES)

El fiscal general, Francisco Barbosa, ha vuelto este martes a cargar contra el Gobierno de Gustavo Petro por las políticas contra el crimen organizado. “Pablo Escobar estaría feliz con esta ley de sometimiento”, ha remarcado en el foro Los retos de la justicia en Colombia, organizado por PRISA Media, sociedad editora de EL PAÍS. El fiscal ha resaltado que la paz total no debe incluir a los narcotraficantes: “Todos somos amigos de la paz, pero no del narcotráfico. Y el que quiera ser amigo del narcotráfico, que lo diga de frente”.

Barbosa considera que el Gobierno busca otorgar beneficios al crimen organizado similares a los que tienen los grupos de carácter político, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En particular, ha vuelto a cuestionar el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, que busca que los criminales reconozcan sus delitos, aporten información y reparen a las víctimas a cambio de beneficios judiciales, con penas de entre seis y ocho años de cárcel. Para el fiscal, es inadmisible que los culpables de masacres y crímenes de lesa humanidad salgan después de una pena tan reducida.

“Están ensuciando la dignidad del país. Este no es un debate de paz y guerra, es un debate de narcotráfico y lucha contra el narcotráfico”, ha enfatizado. El fiscal considera que sus nueve recomendaciones para mejorar el proyecto no han sido tenidas en cuenta y que Gobierno lo engaña con cambios menores. Por ejemplo, ha señalado que se ha incluido un capítulo de víctimas, pero que no contempla reparaciones individuales.

Otra crítica ha sido contra el cese al fuego bilateral que el Ejecutivo anunció el pasado 31 de diciembre. Barbosa ha caracterizado el acuerdo con cuatro grupos armados como una política que ha desarticulado la capacidad de respuesta del Estado. “Se tomaron unas decisiones que atentaron contra la institucionalidad y el orden público por parte del presidente de la República. Hizo una suspensión de operaciones militares y policiales en el territorio nacional sin verificación y sin limitación geográfica”, ha subrayado.

Las críticas del fiscal llegan en uno de los momentos más difíciles para la paz total de Petro. El Gobierno se ha visto forzado a suspender el cese al fuego con el Clan del Golfo, el principal grupo narcotraficante de Colombia. El presidente los ha señalado como responsables de instigar el paro minero en Antioquia. Los disturbios incluyen muertes violentas, el sabotaje de tubos de agua en Tarazá y la destrucción de peajes y vehículos. Según Barbosa, esta respuesta ha llegado tarde: “Hasta ahora reconoce lo que estaba ocurriendo en el Bajo Cauca”.

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Sobre la firma

Lucas Reynoso
Es periodista de EL PAÍS en la redacción de Bogotá.

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