La Fiscalía pide al Gobierno más protección para las víctimas en el proyecto de sometimiento a la justicia

La Fiscalía General de la Nación le ha pedido este lunes al Gobierno que el proyecto de ley de sometimiento a la justicia incluya mayores protecciones a las víctimas de los grupos del crimen organizado. Así lo ha informado el fiscal general, Francisco Barbosa, en declaraciones tras una reunión con el presidente de la República, Gustavo Petro. “Recomendamos que las víctimas no queden desprotegidas”, ha enfatizado. El pedido ha sido una de las nueve propuestas de cambios que ha realizado la entidad acusatoria al Ejecutivo, que presentó el proyecto el pasado miércoles.

Barbosa ha expresado su satisfacción con que el Gobierno haya elaborado un proyecto de ley de sometimiento. Esto era algo con lo que la Fiscalía había insistido en enero, cuando la vicefiscal se negó a levantar las órdenes de captura de los gestores de paz que propusieron el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, dos de las organizaciones ilegales que han dicho estar interesadas en lograr acuerdos bajo la política de la paz total del Ejecutivo. “No existe un marco normativo”, argumentó entonces la entidad.

El proyecto propone penas de 6 a 8 años de cárcel y luego cuatro años de trabajo restaurativo para los capos que se comprometan a desmantelar sus estructuras criminales. El sometimiento, inspirado en el derecho estadounidense y en varias experiencias pasadas de Colombia, se diferencia de las negociaciones de paz que avanzan con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Es una figura destinada a grupos que carecen de un carácter político y se limita a otorgar beneficios judiciales, sin la agenda política, social o militar de los diálogos con las guerrillas.

Sin embargo, la entidad acusatoria considera que el proyecto no protege lo suficiente a las víctimas de estos grupos criminales. “No se encuentra el esquema de reparación de víctimas y su rol en los procesos. Hay una gran indeterminación alrededor de la reparación”, ha declarado Barbosa. El texto establece que “contribuir a la reparación moral y simbólica de las víctimas” en mecanismos de justicia restaurativa es uno de los requisitos para mantener un tratamiento penal diferenciado.

Hay otros ocho puntos, más técnicos, que preocupan al fiscal general. Uno de ellos es que el proyecto encarga los procesos de sometimiento a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. Según Barbosa, esto es inconstitucional porque le quita facultades a él y se las otorga al director de la Unidad. Su pedido al presidente ha sido que el texto se cambie para que la responsabilidad esté en la Fiscalía en su conjunto. “El fiscal general de la Nación es quién fija el criterio y la posición que se deben asumir en el ente investigador”, ha resaltado Barbosa.

Otro motivo de preocupación es el artículo 46, que permite que se dicten sentencias complementarias para delitos que se conozcan después de la resolución colectiva para cada grupo. La Fiscalía considera que esto viola el principio de cosa juzgada, según el cual no se puede reabrir un proceso por el que una persona o grupo ya ha sido juzgado. “¿Cuál es la firmeza de la sentencia [en ese caso]?”, ha cuestionado Barbosa.

Además, el fiscal ha expresado su preocupación por delitos que conozca la entidad a su cargo pero no estén en las actas. Por ello, le ha hecho dos pedidos al Ejecutivo. El primero es que no limite la formulación de las imputaciones a los delitos que señalen las personas que firmen los acuerdos, para que la entidad acusatoria pueda corroborar los hechos revelados y verificar que no haya otros. El segundo es expandir los tiempos procesales para que esto pueda realizarse adecuadamente. Barbosa considera prioritario evitar que los beneficiarios sean investigados paralelamente por delitos no reconocidos en la sentencia colectiva.

Dos de los puntos restantes incluyen modificaciones a cómo se aplica el principio de oportunidad, que permite a la Fiscalía abandonar investigaciones por delitos de escasa gravedad cuando el investigado acepta cargos más graves. Barbosa le ha pedido a Petro que no se incluya el delito de concierto para delinquir por crímenes graves porque la jurisprudencia establece la obligación del Estado de investigar las violaciones a los derechos humanos. Además, ha solicitado que el beneficio se otorgue solamente en suspensión, condicionado al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la justicia restaurativa.

Finalmente, hay dos ajustes adicionales que solicita Barbosa. La Fiscalía no quiere que se le asignen responsabilidades en la confección de los listados y en la verificación del cumplimiento de las obligaciones. “No es nuestra función”, ha resaltado el fiscal general. Asimismo, quiere que los topes de los bienes entregados a los beneficiarios se ajusten al Código de Extinción de Dominio.

Las preguntas de los periodistas han incluido la incógnita que aún se mantiene sobre si las dos grandes disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) serán contempladas dentro de las negociaciones de paz tradicionales o en el sometimiento a la justicia. El Ejecutivo todavía no ha definido el tratamiento para el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, grupos aglutinados bajo las figuras de Iván Mordisco e Iván Márquez, respectivamente. La primera disidencia nunca firmó el acuerdo de paz de 2016, mientras que la segunda retomó las armas tras denunciar el incumplimiento del tratado por parte del Gobierno de Iván Duque.

La respuesta del fiscal general ha mantenido la ambigüedad. Para él, la definición del estatus de cada disidencia es una facultad constitucional del presidente, a diferencia de casos de “organizaciones paramilitares o narcotraficantes” en los que la Fiscalía negó la suspensión de órdenes de captura. “El presidente tiene la posibilidad de otorgar carácter político a organizaciones para iniciar procesos de paz [...] La claridad dependerá de si el presidente da valoración política a esas estructuras o no”, ha remarcado. No obstante, ha confirmado que ha respondido al pedido del Ejecutivo de levantar las órdenes de captura de los voceros del Estado Mayor Central, con un requerimiento para que se definan las condiciones de negociación.

Al igual que en enero, Barbosa ha enfatizado que la paz total es una política del Gobierno que la Fiscalía se limita a acompañar. “El presidente de la República hace una apuesta por la paz total. En la medida que nosotros podamos ser un instrumento de ayuda institucional, lo haremos”, ha remarcado. Para el fiscal, es esencial que se revisen los nueve puntos y evitar que la futura ley tenga problemas en la Corte Constitucional. Sin embargo, ha resaltado su apoyo a que la ley salga adelante: “Mal haríamos nosotros en voltearle la cara al país y decirle que queremos obstaculizar. Lo que queremos aquí es ayudar, apoyar”.

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