Un acuerdo histórico entre campesinos, afros, ingenios azucareros y el Gobierno de Petro abre el camino de la paz en el norte del Cauca
Asocaña y el Ministerio de Agricultura se comprometen a entregar 60.000 millones de pesos en tres años para beneficiar más de 6.000 familias que tienen proyectos productivos de panela, café y cacao
![Jhenifer Mojica (centro) junto con agricultores y Claudia Calero, presidenta de Asocaña, en Santander de Quilichao, el 10 de mayo.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/3WOXUSDYCZFMFEMIVXYQFBE3KY.jpg?auth=766e21c5d8fb57d4d4b41d1ad4be79a68694a298634a908de5dfbc63fbe44e6d&width=414)
![Juan Miguel Hernández Bonilla](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Ffd8d06be-0356-42af-a9c9-f1f7e71af670.jpg?auth=2aef3a1c04c6ca5c479a9673cce8e02c19ef9e6d7adb33e5c048f0f0c0efb5a7&width=100&height=100&smart=true)
El norte del departamento del Cauca, una de las zonas más violentas y desiguales de Colombia, es hoy el escenario de un acuerdo histórico que abre el camino para la construcción de paz y desarrollo económico en la región. En la tarde de este viernes, en un club social de Santander de Quilichao, a pocos kilómetros de Cali, organizaciones campesinas y comunidades negras firmaron un convenio de cooperación sin precedentes con el Gobierno de Gustavo Petro y las empresas dueñas de los doce ingenios azucareros que conforman la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña).
El documento promete ayudar a superar las diferencias históricas entre los distintos actores que han chocado por el territorio y, al tiempo, generar empleo y riqueza a partir de la agroindustria. Aunque el convenio se acaba de firmar, los efectos positivos del proceso de diálogo se ven desde hace meses en la región. La tensión entre las comunidades y los terratenientes ha bajado, las invasiones de tierras que se agudizaron al comienzo del mandato de Petro son cada vez menos frecuentes y la represión del Estado y la persecución de los cañeros a los campesinos se han reducido de manera significativa. Los líderes agrarios que hasta hace poco encabezaban los movimientos de recuperación de tierras, están ahora sentados con los empresarios cañeros con el compromiso de no invadir sus predios. Y los empresarios dueños de los grandes predios, que acusaban de terroristas y guerrilleros a los campesinos, ahora están dispuestos a darles recursos económicos y asesoría técnica para que las comunidades mejoren su calidad de vida.
![Campesinas forman una espiral con semillas antes del inicio del evento, el viernes 10 de mayo.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/OJDW7H2WG5FA5BFBGHIHHJXWZU.jpg?auth=8626bd89e269d7a2f24fafb6c42fc177da2de0debb97aaeff0c85927cd36859b&width=414)
“Es un laboratorio de paz”, resume bien Claudia Calero, presidente de Asocaña, el gremio que reúne a los 12 ingenios azucareros más grandes de la región. “Nos dimos cuenta de que todos cabemos en el norte del Cauca y de que tenemos que convivir en paz en medio de las diferencias”, dice Calero en diálogo con EL PAÍS. Si este proceso tiene éxito, puede ser un ejemplo de que es posible el gran acuerdo nacional entre opuestos que propone el presidente Petro, en el que participen las grandes empresas, las distintas comunidades étnicas y el Estado. “Es el fruto de mucho tiempo de diálogo, de muchos debates. A pesar de las diferencias y las limitaciones, siempre mantuvimos las conversaciones porque todos estábamos de acuerdo en que había que llegar a un punto común”, cuenta Calero.
![Claudia Calero firma el convenio frente a la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/6O2LSRH2EJFLVDCPSV3NBXYCNY.jpg?auth=12750374a68e07124c742820481c8ff6b7ebbe19d02d74c004d31efc07ba8299&width=414)
En el convenio participan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Asocaña, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos del Norte del Cauca y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria. Se espera que durante los próximos tres años más de 6.000 familias campesinas y comunidades negras reciban recursos, maquinaria y capacitación para fortalecer proyectos productivos de panela, café y cacao. En total, la inversión del Estado y de las empresas de caña será de 60.000 millones de pesos.
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La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica, explica que en la primera etapa de esta alianza público-privada-popular se beneficiará a 1.170 productores de panela, café y cacao del norte del Cauca, gracias a una inversión inicial de $7.500 millones por parte del Ministerio, y un poco más de $6.102 millones de los ingenios. “Trabajamos para que estas familias tengan un mejor ingreso, una mejor calidad de vida. Buscamos construir un acuerdo sobre lo fundamental, la posibilidad de convivir en paz en la región”, dice Mojica en diálogo con EL PAÍS. La ministra insiste en que esta firma será determinante para resolver las diferencias históricas del norte del Cauca de manera pacífica.
“Esta región tiene una historia de negación del otro, de daños profundos, de agresiones, de violencia, que se ha basado en una disputa por un territorio muy valioso y muy productivo, de enorme diversidad”, reconoce Mojica. Por eso, insiste, este acuerdo es una apuesta por superar la pobreza extrema en la zona y aumentar el crecimiento económico. “Es un punto de partida, una semilla para cambiar la conflictividad territorial y social del norte del Cauca por una apuesta de armonización y reconciliación”. Mojica cree que la firma es una oportunidad no para olvidar las diferencias, sino para transformarlas en una alternativa de vida digna a partir del desarrollo de la agricultura.
Doña Betzabé Álvarez de Balanta, de 101 años, será una de las beneficiarias del convenio. Está sentada, sonriente, en la primera fila del salón del club social de Santander de Quilichao, frente a los firmantes. Hace parte de ACONC y es la fundadora de una pequeña empresa familiar que cultiva y distribuye “el mejor cacao de la región”. Sus hijos la acompañan y se alegran de que después de años de abandono del Estado y de la estigmatización del empresariado, vayan a ser parte de un programa que, están seguros, les cambiará la vida. Orlando Balanta Álvarez, hijo mayor de doña Betzabé, recuerda en diálogo con EL PAÍS que hace 60 años las tierras de esa región fueron las mayores productoras de cacao del mundo. “La tierra estaba en manos de muchos agricultores, después quedó reducida a unos pocos terratenientes. Antes había muchos cultivos distintos, ahora solo un mar de caña de azúcar”.
![Doña Betzabé (tercera de izquierda a derecha, en primera fila) y otros firmantes reunidos en el club social de Santander de Quilichao.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/XD2NPZW6I5EZLH56Y4IXEQFXF4.jpg?auth=34254230a476dc286e1914424f637722dd3f36c61ad229584f8eaaf8b480f5f2&width=414)
Doña Betzabé, su hijo Orlando y los cientos de campesinos y afrodescendientes que asistieron a la firma del convenio saben que si las oportunidades de trabajo en el campo mejoran, será una forma efectiva de evitar que muchos jóvenes se vayan a la guerra. Esperan que este convenio sea el primer paso en ese camino. “Si cultivar la tierra se vuelve atractivo para las nuevas generaciones y les garantiza una vida digna, irse a los grupos armados dejará de ser una opción”, dice Orlando esperanzado. Claudia Calero, de Asocaña, coincide con ellos: “Queremos que el norte del Cauca se convierta en una potencia agropecuaria, en donde las comunidades creen empresas sólidas y duraderas, respetuosas de sus usos y costumbres, con encadenamientos productivos con otras compañías de la región, con una oferta de valor orientada a lo que el cliente necesita, con diferencial de origen y con canales de comercialización asegurados. Junto a las comunidades, vamos a desarrollar empresas que sean económicamente viables, sustentables y generadoras de empleo”.
El investigador Carlos Duarte, experto en tierras y coordinador en desarrollo rural y ordenamiento territorial del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, explica la relevancia del convenio. “Por primera vez en la historia de la región hay un acuerdo entre las comunidades campesinas y afrodescendientes, el sector público estatal y el sector privado empresarial”, dice en diálogo con EL PAÍS. “Puede ser inicio de una dinámica que traiga una mayor sostenibilidad para la región y una mayor distribución equitativa de la propiedad de la tierra en un lugar donde la concentración es muy alta”. Para Duarte, este ejercicio puede ser un modelo que se puede “replicar en otros lugares donde haya tensiones en torno a la tierra”.
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, en el proceso de construcción del convenio se plantearon modelos de negocio con bases comunitarias, que a largo plazo se encargarán de la comercialización y de la cohesión de las cadenas productivas con el objetivo de lograr productos diferenciales que generen mayores ganancias. “Con este convenio se llevarán a cabo acciones de formación, acompañamiento técnico especializado y transferencia de conocimiento a los productores; siembra o renovación de cultivos con variedades promisorias y manejo de plagas; y fortalecimiento de los procesos agroindustriales y comerciales”, dice la entidad en un comunicado de prensa. De esta forma, afirman, se apoyará la consolidación de cuatro empresas transformadoras de cacao, 25 trapiches paneleros y 20 iniciativas productivas a base de café y sus subproductos, de las cuales hacen parte 41 organizaciones de los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires, Miranda, Caloto, Caldono, Guachené, Padilla, Corinto y Puerto Tejada.
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