Arroz, piña y yuca en vez de coca: el norte del Cauca se empeña en lograr el milagro

Saltándose los rigurosos protocolos presidenciales, en su visita a Buenos Aires, Cauca, del pasado miércoles, el presidente Gustavo Petro degustó unas pequeñas rosquillas. Las tomó de un paquete que le obsequió una de las asistentes en un evento en el que hacía entrega de un predio. Las rosquitas vinieron de las manos de Adriana Banderas Lucumí, quien ese día asumió la vocería de la Asociación Gremial Regional para el Desarrollo Campesino Nortecaucano, (ARDECAN). Se trata de una de las agremiaciones más grandes de la zona, que desde hace 20 años impulsa la industria agroalimentaria para transformar un territorio marcado por el narcotráfico y la guerra. Aquel día lograron un sueño: que uno de sus productos estrella paliara el hambre del hombre que dirige el país.

La base de las rosquillas es la yuca, que junto con la panela, la miel, los huevos, la leche y el pollo son algunos de los alimentos que vienen produciendo las comunidades indígenas, afro y campesinas que habitan los 16 municipios del norte del Cauca. La zona está atravesada por el río Naya, que desde lo alto de las montañas baja como una serpiente hasta el Océano Pacífico. En la selva que cubre las estribaciones de la cordillera de los Andes hasta el mar, el valle es una autopista que se disputan los grupos armados ilegales. Los pobladores han sufrido masacres, reclutamiento forzado, desplazamientos y el crecimiento de economías ilícitas, pero se niegan a que ese sea su destino, defendiendo la agricultura como una alternativa al cultivo de la coca o a la minería ilegal de oro.

De esa convicción nació ARDECAN, hoy compuesta por 29 pequeñas organizaciones de base. Con el paso del tiempo se ha convertido en un ejemplo de éxito, y ya está integrada por 1.200 familias de diferentes etnias. Más de 50 familias ya son expertas en la producción de pollo y otras tantas en la de piña.

Una de las beneficiadas es Ana Mireya Caracas, representante legal de la Asociación Catalina Los Mandules Y Mazamorrero. La lideresa nació hace 50 años en Buenos Aires, donde ha vivido siempre, aunque en diferentes veredas. Ha sobrevivido al paso de múltiples grupos ilegales desde los años ochenta. Recuerda especialmente el dominio del Bloque Calima de las extintas AUC, cuando caminaba horas por trochas inhóspitas con tal de no encontrar retenes paramilitares en las vías más grandes. También rememora que más de una vez se vio forzada a encerrarse por varios días en su casa, para evitar los enfrentamientos entre guerrillas y ejército. Para ella, el país entero tiene una deuda incalculable con el Cauca por una paz inasible.

Por referencias familiares, hace diez años empezó a enrolarse en los proyectos productivos de su vereda y a participar del Consejo Comunitario de la Microcuenca Río Teta y Mazamorrero. Explica que allí se dio cuenta de que la solución a la guerra podría estar en la riqueza de esas tierras que conoce perfectamente. Poco a poco le fueron delegando tareas, y se convirtió en una lideresa. Se motivó hasta el punto de que a sus 45 años entró a la universidad para estudiar Administración de Empresas.

“Le cogí el gusto a estos procesos porque nos dan cabida a las mujeres y nos abren otros horizontes”, sostiene en conversación con EL PAÍS. “La paz no se construye solamente dejando las armas. También en las bases, en el campo, en las actividades agrícolas, en la convivencia, en todo lo que tiene que ver con la hermandad que tenemos en las comunidades, que además nos posibilita crecer frente a la violencia. Durante el conflicto nos tocó muy duro, el auge del paramilitarismo fue muy cruel”, agrega.

Como ella, Armando Caracas Carabalí ha sido artífice de la transformación que se gesta en el norte del Cauca. Nativo de Buenos Aires y con 65 años, desde su adolescencia participa en procesos sociales. Reconocido líder social en la zona, funge como presidente del Consejo Comunitario Cuenca del río Cauca y Microcuencas de los ríos Tetas y Mazamorrero. “Queremos demostrar que las economías populares y comunitarias sí son posibles”, dice en diálogo con EL PAÍS. Férreo defensor del territorio, se ha enfrentado de manera pacífica a los actores armados. Ha rechazado sus ofrecimientos económicos y ha sido víctima de amenazas por trabajar en ofrecer alternativas lícitas de trabajo a los habitantes, a la par que busca fortalecer espacios para los jóvenes, como lo hace con la Guardia Cimarrona, un cuerpo de protección de los pueblos afrocolombianos para la defensa de su territorio.

Caracas rememora que en 2014 el Consejo logró el antiguo Instituto de Desarrollo Rural (INCORA) les adjudicara unos pequeños predios gracias a una asociación con autoridades indígenas. En su parte, las comunidades afro sembraron arroz, piña y plátano, proyectos que salieron bien. Generan un dinero que el Consejo usa para apoyar a familias desplazadas, o para comprar semillas y seguir ampliando los cultivos. Eso como alternativa lícita a la coca.

“En zonas en las que el Consejo tiene influencia, le proponemos a la gente arrancar las matas de coca y entregarles café, plátano y cítricos para sembrar. Nuestra idea es ir limpiando el territorio”, explica. Su sueño más ambicioso es crear un corredor agroalimentario, aprovechando la cercanía con la tercera ciudad más grande de Colombia y su gran demanda de alimentos. “Queremos ofrecer productos frescos y con un corredor que inicie en Santander de Quilichao, Guachené, Villa Rica, que culmine en Cali. El suroccidente debe quedar en manos productoras”. Es una ambición que tiene sustento más allá de lo que ya venden y producen: en mayo pasado varias asociaciones se unieron y crearon la compañía Industria Agroalimentaria Nortecaucana, un paso en firme para acercarse a la meta.

Un nuevo empujón

En la finca Salomé pernoctaron los paramilitares por años. Luego, una enorme granja avícola les sirvió para lavar activos del narcotráfico. Ahora allí se iza la bandera del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la Guardia Cimarrona se encarga de la seguridad. Dos hechos profundamente simbólicos que son realidad desde el pasado 12 de diciembre, cuando el presidente hizo la entrega formal de la administración de esas 387 hectáreas a las organizaciones étnicas del norte del Cauca. Es un ejemplo, otro eslabón del sueño del corredor.

La encargada de articular los procesos agrícolas y avícolas de la finca es ARDECAN que, junto con las organizaciones que la integran, inició una fase de siembra de sostenimiento de lo que ya había en la granja, en la que planean criar vacas lecheras. También tienen pensado construir allí una casa de la memoria que detalle la historia de un lugar que por tanto tiempo sirvió para la mafia. Este será un primer gran apoyo y reconocimiento a su trayectoria agrícola. Los productores pasarán de una experiencia de crianza de 20.000 aves en algunas de sus organizaciones a tener una infraestructura para manejar hasta 400.000 pollos.

Caracas resalta una y otra vez que la función principal de esas tierras será la construcción de paz. “La idea es seguir implementando economías populares. Intercambiar productos con otras regiones”. Es optimista de los diálogos que inició el Gobierno con la sombrilla de disidencias conocida como Estado Mayor Central, a la que pertenecen los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, que operan en esa zona. Incluso propone que los jóvenes que decidan dejar las armas puedan emprender proyectos productivos de la mano de la sociedad en su región. ”Si le quitamos gente a la guerra, la guerra se va minimizando”, apunta.

Los dos líderes coinciden en que ahora le apuntan a la educación para seguir creciendo. Buscan profesionalizar y certificar sus saberes. Hace un par de semanas sellaron un trato con el SENA, en el que la entidad pública de educación técnica les abrió 400 cupos para jóvenes que quieran ahondar en oficios agrícolas. Sería una segunda generación, pues en 2015 alrededor de 150 personas obtuvieron un título como tecnólogos en producción agrícola.

Ana Mireya es testigo de cómo esa apuesta ha abierto nuevos caminos para los habitantes del norte del Cauca, y también cree que la educación es un pilar para la paz. Le falta apenas un año para ser profesional; pudo avanzar en su carrera mientras trabajaba en una cosecha entre semana y estudiaba los días festivos. “La paz no se construye solamente dejando un arma. También se consigue con alianzas, en los territorios. Eso es lo que buscamos en últimas: cuidarnos, ayudarnos, que nuestros niños y niñas se capaciten y puedan acceder a una calidad de vida distinta”, concluye. Está emocionada por graduarse, porque, según dice, ya tendrá más herramientas para asumir su siguiente lucha: conseguir que en su vereda tengan agua potable.

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