¿Privilegiados que protestan?

Sin importar cuál de las fotografías se elija, de las muchas que circularon en redes sociales con la Plaza de Bolívar llena o medio llena, la marcha de la oposición del 6 de marzo en Colombia fue una movilización importante. Conviene al Gobierno del presidente Gustavo Petro escuchar lo que se dice en la calle y no despreciar la protesta como ha sido una tradición en Colombia.

Los gobiernos tienden a minimizar, desconocer o castigar las manifestaciones ciudadanas. Basta recordar la famosa frase de Juan Manuel Santos “El tal paro no existe” o la criminalización de la protesta en el Gobierno de Iván Duque, que le dio tratamiento de terrorismo a una movilización social con las consecuencias en muertos y heridos que ya conocemos.

Ahora el turno es para el Gobierno de izquierda. Conviene reconocer y destacar en primer lugar como un triunfo democrático que no mueran manifestantes en las calles. El uso proporcional de la fuerza pública es lo que corresponde si se presentan brotes de violencia. Lo que no se justifica es el desprecio que hay en las palabras del presidente al hablar de los manifestantes. Ante la nueva movilización para rechazar sus políticas, el presidente Gustavo Petro puso en duda el número de personas que salieron, intentó minimizar la protesta y descalificó a quienes salieron al afirmar que algunos no quieren perder sus privilegios.

Varias reflexiones sobre esa reacción. Lo primero es recordar que todos los ciudadanos, los de derecha, los de izquierda, los ricos y los pobres, los campesinos, los indígenas, los afro y los mestizos, los estudiantes, los ambientalistas, los empresarios, los católicos, los ateos... todos tienen derecho a la protesta pacífica. Por fortuna no hay ley que establezca ningún límite de estrato, género o credo para salir a protestar. Lo que se espera de todas las personas que ocupan altos cargos del Estado, empezando por el presidente, es que garanticen y respeten cabalmente el derecho a esa protesta y que escuchen lo que dice la gente porque a la sociedad se deben. Petro ha cumplido en garantizar, parcialmente en respetar, pero poco o nada en escuchar.

Me llama la atención también eso de los privilegios porque es una palabra muy usada y manoseada en el debate público. Ahora sirve para descalificar a cualquiera. He escuchado a economistas decir que los trabajadores que ganan un salario mínimo son privilegiados si se comparan con los millones de personas que sobreviven en pobreza extrema y no tienen garantizada la comida. Es cierto: hay ciudadanos que viven en mejores condiciones y algunos no tienen condiciones mínimas garantizadas porque la inequidad es el mayor mal que tiene hoy la democracia. Sin embargo, tener algún privilegio mínimo o grande no convierte de facto a la persona en enemiga de un Gobierno o de los cambios.

Muchos sectores de clase media contribuyeron a la elección de Gustavo Petro porque estaban convencidos de la necesidad de un cambio en el manejo del Estado. En esos sectores se ha sentido con fuerza el peso de la inseguridad, el incremento en el precio de la gasolina o de la inflación, que ha venido cediendo, pero que ha golpeado el día a día de ciudadanos con ingresos bajos o justos. En la protesta estaban los líderes de los partidos de oposición que apuestan al fracaso del Gobierno y estaban también ciudadanos que se sienten afectados de distintas maneras por acciones u omisiones del Gobierno o simplemente tienen la percepción de que algo anda mal. Algunos, sin duda, aupados por los prejuicios en los que cabalga la campaña de la oposición, que intenta generar miedo y ya sabemos que el miedo siempre vende. Por la razón que sea, manifestarse es un derecho y el presidente, tan amigo de llamar al pueblo a las calles, haría bien en atender los reclamos ciudadanos en vez de taparse los oídos y apuntar a la campaña de 2026. Por supuesto que siempre será más fácil hacer campaña que gobernar y ejecutar. En un caso se vende esperanza o miedo; en el otro hay que ofrecer soluciones concretas.

Se entiende que un Gobierno de izquierda quiera enfocarse en atender las necesidades de quienes están en situación extrema. Se entiende que quiera focalizar los escasos recursos públicos. Sin embargo, se entiende menos que no se vea la enorme responsabilidad frente al resto de la sociedad que también merece atención y respeto. Entre otras razones porque las sociedades son estructuras que funcionan con engranajes y vasos comunicantes de tal manera que decisiones tomadas para impactar un sector pueden afectar a otros y a la postre golpear a los que se quiere ayudar. No sobra entonces escuchar a esos “privilegiados” inconformes. Hacerlo es un ejercicio democrático. Descalificar la protesta no lo es.

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