El Gobierno de Petro da un nuevo impulso a su agenda social en el arranque de 2024

Tras año y medio en el poder, el presidente Gustavo Petro tiene listas las fichas para que 2024 sea el año del impulso social en Colombia. El jefe de Estado le está dando a su agenda un empujón, después de un año marcado por los desafíos de la llamada paz total, dos revolcones en su gabinete, escándalos por confrontaciones en su círculo de mayor confianza, el proceso penal que enfrenta su hijo Nicolás por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos durante la campaña presidencial, y las complejas discusiones de la reforma a la salud. Un tiempo de turbulencia en el que las intenciones de transformación social no terminaban de despegar.

La decisión más reciente para avanzar en una de sus promesas es la ampliación de la gratuidad en la educación superior pública a los estudiantes de todos los estratos socioeconómicos. Su antecesor y opositor, Iván Duque, creó el beneficio como una forma de contrarrestar el impacto económico de la pandemia, pero únicamente para los alumnos de bajos recursos y de manera temporal. El programa Matrícula Cero que arrancó en 2021 solo cobijaba a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, y en 2023 se extendió a los que estuvieran clasificados en el nivel 4 del Sisbén, un sistema para focalizar el gasto social hacia la población más vulnerable.

Tras la firma presidencial del decreto que reglamenta la Ley de gratuidad educativa, aprobada en el Congreso de la República en julio del año pasado, el Estado cubrirá el 100% del valor de las matrículas de programas del nivel técnico profesional, tecnológico y profesional universitario de las instituciones de educación superior públicas en todo el país. Los beneficiarios deben estar registrados en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) y no tener título profesional.

La gratuidad contribuye a tumbar barreras de acceso en un país donde solo cinco de cada diez bachilleres logran entrar a la educación superior, según cifras del Ministerio de Educación Nacional. Cuando los jóvenes finalizan la secundaria enfrentan una doble realidad. Por un lado, los elevados costos que impiden a la mayoría contemplar la posibilidad de iniciar sus estudios en instituciones privadas de élite y, por otra parte, las exigencias en pruebas de desempeño para conseguir un cupo en las universidades públicas. La alternativa de obtenerlo es remota, dada la baja calidad en los niveles de educación básica y media, con resultados que se ubican por debajo del promedio de la OCDE en las pruebas Pisa.

Por esa razón, la gratuidad por sí sola es insuficiente; aún con el pago asegurado es preciso garantizar el ingreso. El Gobierno ha explicado que la medida estará acompañada de nuevas inversiones para mejorar y ampliar la infraestructura de las instituciones públicas de educación superior y de otras transformaciones de fondo contempladas en una ley estatutaria que se tramita en el Capitolio. “Estamos dando un paso significativo hacia la consolidación de la educación como un derecho fundamental, para que todas y todos los colombianos tengan la oportunidad de acceder a una educación de calidad”, sostiene la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa.

El modelo, que se empezará a implementar en el primer semestre de este año, deja atrás programas de administraciones pasadas, enfocados en apoyar a estudiantes con créditos condonables, como Ser Pilo Paga y Generación E, que ayudaban a financiar programas de pregrado en universidades públicas y privadas, y que mostraron otros desafíos como la necesidad de ofrecer apoyos de sostenimiento, los cuales no están claros en la estrategia de gratuidad que se estrena y que prioriza a poblaciones indígenas, rrom, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, víctimas del conflicto, personas en condición de discapacidad, comunidades campesinas y privados de la libertad.

El otro frente en el que el presidente vuelve a levantar su bandera social es el de los créditos de bajo monto, a bajas tasas de interés y de fácil aprobación para ciudadanos con pocas posibilidades de acceso a la banca privada, como la línea que intenta ponerle freno al llamado gota a gota, un préstamo informal con tasas superiores a la máxima permitida por la ley, y vinculadas a redes criminales que se encargan de cobrar de forma violenta a los morosos. Detrás de esa modalidad operan estructuras criminales que también estafan a sus deudores, y que han llegado a cruzar fronteras, como sucedió con una red de 110 personas capturadas en julio pasado en El Salvador.

La línea estatal de crédito, bautizada como CREO, ofrece préstamos sin fiadores ni exigencia de otras garantías, con un monto máximo de cuatro millones de pesos (unos 1.000 dólares) con 24 meses de plazo para el sector agrario, y de hasta dos millones de pesos (500 dólares) con 12 meses de plazo para otros sectores. Por ejemplo, un tendero que necesite abastecer su negocio puede pedir una pequeña inyección de recursos.

El Gobierno actúa como fiador amigo a través del Fondo Nacional de Garantías y el Fondo Agropecuario de Garantías, respaldando hasta el 70% del crédito. Además, subsidia el 20% de la tasa de interés para proyectos agrícolas y del 5% para los no agrícolas. Con esta línea se pueden beneficiar personas o asociaciones que sean pequeños productores de bajos ingresos de cualquier sector de la economía.

La senadora del gobiernista Pacto Histórico Clara López asegura que este es uno de los ejes del impulso que el presidente Petro quiere darle a la economía popular. “Es mirar a la otra Colombia y para ello se contempla un paquete integral de medidas que incluye el componente de crédito orientado a la población que había estado excluida del crédito formal por falta de garantías y canales institucionales. Eso va a ser un impulso extraordinario a la economía a mediano plazo”, afirma.

Las nuevas decisiones del Gobierno se asoman cuando la encuesta Invamer muestra el mayor desplome de popularidad del presidente Gustavo Petro en lo corrido de su mandato, con apenas un 26% de aprobación. El analista César Caballero, gerente de la consultora Cifras y Conceptos, opina que “está perdiendo apoyos básicamente porque la velocidad de lo que prometieron está siendo más lenta de lo que todos esperábamos. Más que por oposición, es por desconocimiento, confusión y falta de norte del Gobierno”.

López, la senadora, considera que las apuestas sociales del mandatario están tomando vuelo al contar con la aprobación de su Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta que proyecta inversiones por 1.154 billones de pesos colombianos, alrededor de 248.000 millones de dólares, hasta el año 2026.

Entre las decisiones recientes, también está la incorporación de la línea de crédito para vivienda con las tasas más bajas del mercado, dirigida a personas con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales. Esta opción del Fondo Nacional del Ahorro facilita la compra de viviendas de hasta 180 millones de pesos (45.000 dólares) con cuotas de entre 600.000 y 800.000 pesos mensuales (entre 150 y 200 dólares).

En todo caso, está por verse cómo funcionarán aspectos prácticos como la capacidad de atención de los interesados y los tiempos de aprobación de los créditos. El Gobierno ya ha pasado por experiencias amargas, como la del arranque de la unificación de subsidios con desembolsos centralizados en el estatal Banco Agrario con largas filas de personas que antes podían recibir las transferencias por billeteras digitales u oficinas de otros bancos. Las fallas se corrigieron, pero al inicio dejaron sensación de caos.

En anteriores anuncios, el Gobierno, y de paso, los ciudadanos, se ha llevado otras decepciones. Por ejemplo, a inicios de 2023, el presidente anticipó una reducción en los costos en el servicio de energía eléctrica. Sin embargo, el Consejo de Estado suspendió el decreto con el que el mandatario podía definir las tarifas, aclarando que esa función le correspondía a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Las nuevas medidas se suman a otras que ya están en marcha como la de las Asociaciones Público Populares que permiten contratar a organizaciones comunitarias como Juntas de Acción Comunal, agrupaciones afro o indígenas con recursos públicos, o a la renta ciudadana, una ayuda de medio salario mínimo para madres cabeza de hogar con niños o niñas menores de seis años en municipios con altas tasas de desnutrición infantil, como plan de choque contra el hambre.

Para todo ello, la Nación cuenta con un presupuesto que asciende a 502 billones de pesos (125.000 millones de dólares) para el 2024, de los cuales 100 billones de pesos (25.000 millones de dólares) están destinados a inversión. “Es la cifra más alta que haya tenido un presidente de Colombia; puede ser el año de las ejecuciones”, agrega Caballero.

Al tiempo que estas acciones se concretan y se conoce cuál será su verdadero impacto, este año se abrirá un nuevo capítulo en la discusión de las reformas sociales, que van desde el controvertido proyecto para transformar el sistema de salud, pasando por la reformas a las pensiones, la laboral y la de educación. Ese paquete de iniciativas, que deberá continuar el trámite legislativo, constituye otra columna central en la estructura del cambio que abandera el presidente colombiano de izquierda, elegido en 2022.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.