El alcalde de Cali es suspendido durante cuatro meses por irregularidades en la Feria Virtual de 2020

Mientras los caleños celebran el evento cultural más importante de la ciudad, la Feria de Cali, el foco vuelve a ponerse sobre la edición que se realizó hace tres años, en plena pandemia. En ese entonces, el alcalde Jorge Iván Ospina decidió que, pese a las restricciones y en medio de la complicada situación sanitaria, el evento se haría virtualmente. Las críticas vinieron por su alto costo, de 11.955 millones de pesos (más de 3 millones de dólares), para un evento que teóricamente, al no ser presencial, requeriría un menor despliegue. Este lunes se conoció que la Procuraduría General, la entidad que vigila el comportamiento de los servidores públicos, encontró que Ospina no vigiló debidamente el trabajo de uno de sus subalternos más cercanos, el entonces secretario de Cultura y actual secretario de Educación de la ciudad, José Darwin Lenis.

El organismo de vigilancia considera que Lenis cometió unos errores protuberantes en la organización de la primera Feria de Cali que hacía la alcaldía de Ospina, quien se había posesionado en el cargo el 1 de enero de 2020 y ya había sido alcalde de Cali entre 2008 y 2011. Pese a que él no fue el ejecutor directo de los contratos para hacer la Feria, la Procuraduría observó que no le pidió a Lenis que le justificara la metodología que usó para determinar sus costos, ni tampoco le preguntó por qué había incluido elementos propios de eventos presenciales y no virtuales.

Según el escrito en el que la Procuraduría impuso la sanción, fechado el jueves 21 de diciembre, “en su condición de Alcalde de Santiago de Cali, tenía el deber de asegurar que sus funcionarios respetaran el ordenamiento jurídico vigente y en consecuencia de impedir que el servidor público, José Darwin Lenis Mejía, en su condición de secretario de cultura de la Alcaldía Municipal inobservara las normas jurídicas aplicables a la contratación estatal”. No lo hizo, según la decisión, y por eso cometió una falta grave, no de mala fe sino “a título de culpa grave”, es decir, actuó con negligencia.

Como secretario de Cultura, Lenis era el encargado de coordinar la Feria. La Procuraduría estableció que es el responsable directo de las irregularidades, y por ello le aplicó una sanción mucho mayor: lo inhabilitó por nueve años para ejercer cargos públicos. Considera que erró al hacer un contrato millonario con un costo sustentado en el que había tenido la Feria en los años anteriores, sin que hubiera una justificación para ello debido al cambio de formato.

El corazón del debate es un contrato que la Alcaldía firmó con la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali (Corfecali), una sociedad con accionistas públicos y privados, para hacer el evento entre el 25 y el 30 de diciembre de 2020. El argumento de la Procuraduría es que Lenis debía desarrollar unos estudios previos detallados para definir el costo y las necesidades de una feria virtual, en lugar de sencillamente aplicar los costos pasados de ferias presenciales. En palabras del documento de la sanción, el contrato con Corfecali “no contó con un estudio serio, completo, integral y suficiente que permitiera determinar en forma sustentada cuál habría de ser el monto que se requería para la contratación”.

La Feria generó reacciones encontradas entre la población: por un lado reactivaba una economía golpeada por las restricciones, y le daba trabajo a uno de los sectores más golpeados durante la pandemia: el cultural. Pero por el otro, la población no estaba del todo acostumbrada a las presentaciones sin público ni a los espectáculos por streaming. Sin embargo, se mantuvieron las principales actividades: el Salsódromo, que contó con 1.500 bailarines, el Carnaval del Cali Viejo, o el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, así como conciertos de artistas de la talla del Grupo Niche, Herencia de Timbiquí o Yuri Buenaventura, entre otros.

El alumbrado, de igual modo, dejó algunas dudas. Para evitar las aglomeraciones, la Alcaldía reemplazó las luces ubicadas en las vías y lugares más emblemáticos por un alumbrado móvil, que consistía en 24 vehículos con 1.300 figuras, que hacía recorridos por la ciudad. La idea era evitar las aglomeraciones, para prevenir contagios, pero muchas calles se llenaron de gente. Surgía la duda de si era necesario tanto despliegue en medio del confinamiento.

La transparencia de la organización de la Feria de Cali del año siguiente, en 2021, también está en entredicho. El concejal conservador Juan Martín Bravo, opositor de Ospina, ha denunciado que hay 620 presuntos contratos irregulares: documentos sin pólizas y contrataciones hechas con un solo oferente. Eso sin contar el retraso en los pagos a muchos artistas por parte de Corfecali. Esta entidad se ha defendido argumentando que puede decidir libremente a quién contrata, sin estar obligada a cumplir con las exigencias que impone la Ley 80 a las entidades públicas.

Hace algunos días, el 14 de diciembre, la Fiscalía citó a una audiencia a Ospina, para imputarle cargos por presuntos actos de corrupción por la contratación del alumbrado navideño de la ciudad, también en 2020. La audiencia se realizará el 29 de enero de 2024, dentro de un proceso que podría tener unas repercusiones ya no solo disciplinarias, sino también penales. En el caso de la Feria de 2020, tanto Ospina como Lenis pueden apelar la decisión, que es de primera instancia.

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