Ibáñez, el magistrado conservador que tiene en sus manos la paz total de Petro

Un juez conservador deberá decidir sobre la viabilidad jurídica de uno de los proyectos bandera del primer Gobierno de izquierda en Colombia. Jorge Enrique Ibáñez, magistrado de la Corte Constitucional, es el encargado de evaluar si la Ley 2272, que dio sustento legal a la paz total, respeta los principios de la Constitución y si su trámite en el Congreso estuvo libre de vicios de procedimiento. La norma bien podría superar el examen judicial y dar vía libre al presidente Gustavo Petro para que negocie una salida concertada al conflicto con una multiplicidad de grupos armados o fracasar en el intento y ser una más de las tantas promesas de campaña que nunca llegan a concretarse. Esta última opción ha tomado fuerza recientemente después de que diferentes medios de comunicación aseguraran conocer el sentido de la decisión de Ibáñez, desatando así un debate alrededor de si debe o no seguir al frente del caso.

Desde antes de alzarse con la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Petro manifestó su interés por pasar a la historia como el responsable de desarmar a las diferentes estructuras criminales del país. Su ambición, ingenua para unos y valiente para otros, abarca un amplio número actores, que van desde organizaciones paramilitares hasta bandas delincuenciales, por lo que fue necesario crear una ley que lo faculte para dialogar y llegar a acuerdos que culminen en la entrega de armas y sometimiento a la justicia. Como sucede con muchas otras iniciativas que son aprobadas por el Congreso, fue demandada ante la Corte Constitucional y su futuro, hasta que los magistrados se pronuncien, será incierto.

La demanda fue presentada por Jorge Pava, abogado y columnista de periódicos locales de la región cafetera, quien solicitó que 3 de los 20 artículos de la ley fueran declarados inconstitucionales por desconocer “el deber del Estado de garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos”. Por azares del reparto que emplea la Corte para asignar los expedientes, la acción presentada por Pava fue a parar al despacho de Jorge Enrique Ibáñez, magistrado que pertenece al bloque conservador del tribunal.

Nacido en Tunja, Boyacá, una región históricamente ligada al Partido Conservador, Ibáñez se destacó como un alumno aventajado e intelectualmente inquieto. Cuando apenas era un adolescente fundó un centro de estudios de derecho económico y tan pronto llegó a la mayoría de edad fue elegido concejal de su ciudad. Esa etapa como cabildante coincidió con el inicio de su ingreso a la facultad de Derecho de la Universidad Javeriana en Bogotá, por lo que durante sus primeros semestres tuvo que distribuir su tiempo entre sus obligaciones políticas y académicas.

“Las sesiones del Concejo eran los viernes y los lunes. Yo salía de clases el viernes temprano y llegaba a Tunja a las dos horas y media. Finalizando la tarde iniciaban las sesiones y acababan a las nueve de la noche. El fin de semana lo dedicaba a hacer tareas y preparar exámenes, para poder asistir otra vez el lunes al Concejo. El padre Giraldo, decano de la facultad en esa época, me dio permiso, pero me decía que la formación de un buen jurista no debía perderse por la política. Le hice caso”, recuerda.

Acatar esa recomendación lo convirtió en uno de los mejores alumnos de su generación. Conformó un grupo de estudio con dos de sus compañeros, quienes posteriormente también adquirirían renombre a nivel nacional, y obtuvieron las mejores calificaciones en sus asignaturas. Se trataba de Jaime Granados, connotado abogado penalista que es apoderado de importantes personalidades como Álvaro Uribe, y Rodrigo Escobar Gil, miembro de la Corte Constitucional entre 2001 y 2009. Por su desempeño los apodaron “los magistrados”, un remoquete que posteriormente probó ser profético y agradaba a Ibáñez, quien confiesa que “quería ser magistrado desde que estaba en el colegio”.

“Cuando uno recién entra a la universidad siempre está dispuesto a estudiar, pero también le encanta salir de fiesta y conocer lugares. Pues mientras todos nosotros, sus compañeros, salíamos de rumba, él hacía parte de un grupo de estudiantes que se dedicaban a consultar los anales del Consejo de Estado y el Congreso. Los profesores tenían que preparar muy bien sus clases porque las preguntas de Jorge Enrique siempre eran con conocimiento, siempre actualizadas”, relata Liliana Caicedo, una de sus compañeras durante esos años. Asegura que desde que se graduaron tuvo la certeza de que Ibáñez “se estaba preparando para llegar algún día a una Alta Corte”. Dicha certeza se materializó cuatro décadas después.

Luego de un elogiado paso por el Banco de la República, en donde trabajó entre 1983 y 1994, Ibáñez fue docente de su alma mater y otras prestigiosas instituciones como la Universidad Externado, la Universidad del Rosario y la Universidad de Los Andes. También asesoró al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la cual promulgó la actual Constitución Política y en la que se acogieron propuestas que Ibáñez presentó. Su tesis de grado, que planteaba la autonomía de los órganos de control, fue una de ellas. El cambio de Constitución también trajo consigo la creación de un cuerpo colegiado encargado de salvaguardar su integridad y principios, la Corte Constitucional. Hoy Ibáñez es uno de los nueve magistrados que la conforman.

Pero para llegar allí, primero tuvo que ser ternado por otra corte: el Consejo de Estado. Marino Tadeo Henao y Natalia Ángel, que también es magistrada en la actualidad, fueron los otros abogados postulados . El perfil de Henao y Ángel, más ligados a posturas liberales y progresistas, le permitió a Ibáñez partir con una ventaja inicial al acaparar rápidamente el visto bueno de los congresistas conservadores y de algunos uribistas.

Se posesionó dos meses más tarde y, desde entonces, se ha situado a la derecha de decisiones trascendentales proferidas por el tribunal, como la que despenalizó el aborto hasta la semana 24. En esa oportunidad, febrero de 2022, Ibáñez fue uno de los cuatro magistrados que se opuso a la posición mayoritaria y votó a favor de que la interrupción del embarazo solo se autorizara bajo las tres causales previamente reconocidas (que se identificara una malformación del feto, que el embarazo fuera producto de acceso carnal violento y que continuar con la gestación implicara un riesgo para la salud de la mujer).

Ibáñez ha optado por mantener un perfil discreto y apartado del foco mediático. Pero el reflector le apunta desde hace unas semanas, luego de que medios nacionales aseguraran que su proyecto de sentencia respecto de la Ley 2272 sería desfavorable por vicios en su trámite. El impacto de la noticia fue inmediato e Ibáñez fue recusado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que argumenta que la filtración de decisiones judiciales a la prensa puede generar “presiones públicas” sobre los demás magistrados que deben estudiar la demanda y cuestionaron que no se haya anunciado “el inicio de investigaciones disciplinarias” para castigar a los responsables.

La Sala Plena de la Corte Constitucional se reunirá hasta el próximo 12 de julio para determinar si procede la recusación y, de no considerarlo así, entrar a estudiar el proyecto de sentencia de Ibáñez. El desenlace dictaminará si el Gobierno puede o no continuar con sus planes de negociar la paz con estructuras ilegales. Más allá de cuál sea el sentido la decisión, el nombre de Jorge Enrique Ibáñez estará en ella.

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