La mesa de diálogo de Medellín marca el difícil inicio de la paz total en las ciudades

En una sorpresiva rueda de prensa a las afueras de la cárcel de Itagüí, en el área metropolitana de Medellín, a finales de abril, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, formalizó los diálogos con más de una docena de grupos armados ilegales de la zona. Aunque aseguró que una semana después se instalaría esa mesa de conversaciones, llegada la fecha el evento se canceló sin más detalles. La nueva fecha sigue sin anunciarse. Fue la segunda cancelación, después de que la primera, en enero de este año, también se aplaza sin motivo conocido. Eso ha generado muchas inquietudes alrededor de un proceso que suscita muchas esperanzas, pues desde los años ochenta Medellín y el Valle de Aburrá, uno de los mayores centros de poder político y económico del país, han sufrido sucesivas oleadas de violencia, empezando por la guerra del cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar, contra el Estado, que dejó las semillas de una ilegalidad violenta que no ha desaparecido incluso en los años de calma.

De acuerdo con fuentes que han participado en las conversaciones, el Gobierno prefirió aplazar la instalación para que el proceso solo pase a la siguiente fase cuando exista un protocolo de seguimiento y verificación de los acuerdos conciliado entre el Ejecutivo y los grupos armados. Las mismas fuentes apuntaron que ya hay un borrador del protocolo que está siendo concertado entre los voceros de las bandas y que se espera pronto un decreto presidencial que oficialice quiénes serán los delegados del presidente Gustavo Petro en la mesa.

En una entrevista con El Colombiano, Rueda reveló los nombres de tres posibles delegados: Lucía González, ex comisionada de la verdad; Jorge Mejía, un político liberal que entre otras ha sido tres veces concejal de Medellín y secretario de Gobierno de la ciudad y de Antioquia; e Isabel Cristina Zuleta, senadora por el Pacto Histórico y líder ambiental.

Estrategia con pies de plomo

En conversación con este diario, la senadora Zuleta explicó que las primeras fases de acercamiento han sido muy discretas porque se ha enfocado en construir confianza entre los diferentes actores armados, y de ellos con los voceros del Gobierno. Así lo confirmó el exsecretario Mejía: “Hemos estado conversando y buscando acuerdos. Y eso es el resultado de una decisión de estas estructuras en cabeza de sus voceros de bajar la violencia”. El político, quien fue secretario de paz de Medellín, sostuvo que producto de esas aproximaciones se logró un comunicado, que firmaron el pasado 26 de abril 16 bandas criminales, en el que anunciaron seis acciones de paz como demostración de su voluntad, incluyendo un cese de confrontaciones y no involucrarse en la producción y comercialización de drogas químicas como el fentanilo.

Zuleta y Mejía enfatizaron que el proceso sigue en la fase llamada sociojurídica, en la que se hace una caracterización social de las bandas y una revisión de su situación jurídica. Así respondieron a las críticas que han hecho desde organizaciones de víctimas que por meses han reclamando su inclusión en las conversaciones, como lo afirmó a EL PAÍS Adriana Arboleda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Ese movimiento hace parte de la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia, que crearon más de 60 organizaciones en septiembre del año pasado para articularse y apoyar la intención de la administración de Petro de entablar diálogos con actores armados.

Arboleda dice: “No creemos que nos deban llamar cuando ya todo esté definido, porque es contrario a lo que se quiere con la paz total, que es que la sociedad civil en general, y las víctimas en particular, participen en todas las fases del proceso”. Y agrega: “Nos parece que es muy grave que reiteradamente se hagan reuniones y que no se hayan habilitado los mecanismos para que esas negociaciones tengan un enfoque de derechos humanos y de víctimas. Buscamos que haya un desmantelamiento real y garantías de no repetición”. La senadora Zuleta contó a EL PAÍS que sí hicieron acercamientos con líderes sociales, pero que la mayoría declinó la invitación, pues no se sentían seguros de interactuar con los grupos armados.

Mejía explicó que la mesa buscará ser plural en su composición, por lo que también estará integrada por un empresario, un delegado de la Iglesia católica y un líder de la oposición, sin revelar quiénes serán. La idea es buscar una amplitud como la que tiene la delegación del Gobierno en las negociaciones con el ELN, en la que está el ganadero y líder de derecha José Felix Lafaurie. El exconcejal explicó que, para facilitar las conversaciones, el Gobierno trasladó a la cárcel de Itagüí a varios cabecillas de las estructuras, que se encontraban en otros centros penitenciarios en diferentes partes del país, y que se sentarán en la mesa.

El facilitador manifestó que se han apoyado en la comunidad internacional, que es un actor crucial en estas iniciativas. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) ha acompañado los acercamientos y uno de sus delegados participó en la rueda de prensa en Itagüí. Agregó que posiblemente se cuente con Suiza como garante.

Avanzar entre desafíos e interrogantes

Los facilitadores del Gobierno asumen que estas conversaciones enfrentan retos y que su éxito depende de una articulación con las entidades distritales y departamentales. A juicio de Mejía, el presidente Petro tiene el reto de integrar a toda la estructura estatal alrededor de la paz total con el fin de “construir un plan de intervención integral en los territorios”. “Este no es un ejercicio solo de desmonte de estructuras, se trata de implementar debidamente el Estado Social de Derecho”, concluyó.

Más allá de ese reto a futuro, a diferencia de las cifras en el departamento de Antioquia, en el Valle de Aburrá los homicidios han ido a la baja con el récord de una semana sin homicidios a inicios de año y una disminución del 10% en lo corrido de 2023. Es logro que el alto comisionado ha adjudicado a la paz total y las autoridades locales a sí mismas, pero que para expertos en la criminalidad del Valle de Aburrá tiene otro origen. “Desde finales de 2019 hay una pactación entre los combos. Desde ese momento han venido bajando las cifras y se han sostenido hace cuatro años”, explica Carlos Zapata, del Instituto Popular de Capacitación (IPC). Se trata de una dinámica que ya se ha visto, una suerte de paz mafiosa que reduce la violencia pero mantiene el control territorial de los ilegales como ocurrió con la llamada donbernabilidad a inicios de siglo y el pacto del fusil en 2013.

Esos antecedentes y la realidad de la seguridad local han dejado dudas en medio del aparente progreso del proceso. Una fundamental: a quiénes representan las 16 bandas que han participado en los diálogos exploratorios y cómo hacer para que ellas efectivamente representen en un eventual acuerdo a los más de 350 combos o bandas de tercer nivel. Sobre todo cuando delitos como la extorsión y el robo se han disparado en la ciudad. La primera registró un aumento de 132 casos con respecto al año anterior, y 2022 fue el año con más robos en la ciudad en una década, según los registros del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC). Es decir, los datos muestran un panorama similar al de esos momentos de paz con criminalidad fuerte que se vivieron en el pasado.

A ese riesgo de reforzar una paz mafiosa se suma el de que las conversaciones se empantanen por la falta de un camino jurídico claro. Si bien el Gobierno ha hablado de sometimiento y acogimiento a la ley, con una reglamentación diferente a la general del Código Penal y a la que aplica a los grupos con carácter político como la guerrilla del ELN, todavía no existe un marco jurídico definido. El Gobierno radicó en el Congreso el proyecto de ley de sometimiento, que sigue apenas iniciando con la ponencia para primer debate de la primera semana de mayo.

Los delegados del Gobierno son conscientes de los profundos desafíos, y por eso han enfocado muchos de sus esfuerzos en lograr sacar adelante las reformas y leyes en el Legislativo junto a los congresistas de la coalición en el Congreso. Y al mismo tiempo, han reiterado que lo que se ha conseguido en Medellín, a su juicio, es una muestra fuerte de voluntad de parte de las bandas. Pero, primordialmente, parar la violencia cíclica es una necesidad humanitaria para una región que ha intentado por décadas alcanzar la paz.

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