La guerra de Trump contra los carteles está fallando en su objetivo

La campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe ha encendido las alarmas en Estados Unidos y América Latina, mientras muchos analistas expresan preocupación por la ética y la legalidad de los recientes ataques. Pero más allá de estos debates, existe otra verdad más evidente: estos ataques son completamente innecesarios y están fuera de sintonía con años de operaciones antidrogas estándar —y más efectivas— en el hemisferio.

En los últimos meses, el presidente Trump ha lanzado un “conflicto armado no internacional” contra presuntos cárteles de la droga, desplegando buques de guerra, submarinos, aviones de combate y miles de tropas estadounidenses en el Caribe, en el mayor despliegue naval en la región desde la Guerra Fría. En poco más de un mes, Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra al menos 14 embarcaciones, en los que han muerto 57 personas.

La postura agresiva de la Administración incluye designar a los cárteles como organizaciones terroristas, autorizar a la CIA a proporcionar inteligencia y realizar operaciones en el Caribe y Venezuela, y explorar opciones legales para justificar ataques ampliados. Pese a las advertencias de los servicios de inteligencia que cuestionan los supuestos vínculos del Gobierno venezolano con la banda criminal Tren de Aragua, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha respaldado firmemente este enfoque.

Para quienes forman parte de la comunidad de seguridad nacional, esta estrategia resulta demasiado familiar: una excesiva dependencia del uso militar que pone en riesgo otros esfuerzos que sí han logrado avances significativos en la lucha contra el narcotráfico. Décadas de este tipo de acciones han demostrado que un enfoque unilateral y represivo frente al tráfico de drogas y el crimen organizado es ineficaz e ineficiente, con un potencial muy real de agravar la violencia y la inseguridad. Incluso el mayor esfuerzo militar respaldado por Estados Unidos en la región en los últimos 25 años, el Plan Colombia, fracasó en erradicar la influencia de las redes de narcotráfico en ese país.

Pero hay una mejor manera de hacer frente al problema. Si la Administración realmente quiere desmantelar los cárteles de la droga, combatir el crimen organizado y proteger vidas estadounidenses, debe mirar más allá de las herramientas militares y defensivas. Cualquier estrategia antidrogas eficaz debe comenzar por reforzar lo que ya está funcionando, como una mayor inversión en agencias especializadas, como la Guardia Costera, que están mejor preparadas para esta misión. También debe incluir una ofensiva coordinada contra el tráfico de armas, alianzas seguras con socios regionales y el fortalecimiento de los regímenes financieros y anticorrupción.

El enfoque militarista de la Administración Trump demuestra una comprensión fundamentalmente errónea de la naturaleza del narcotráfico moderno. Destruir pequeñas embarcaciones de mensajería en aguas internacionales puede generar titulares, pero no contribuye en nada a desmantelar las sofisticadas organizaciones criminales transnacionales que generaron más de 310.000 millones de dólares en ingresos en 2023, una cifra superior a cinco veces los presupuestos de Defensa combinados de las 31 naciones de América Latina y el Caribe.

En el fondo, este enfoque ignora la realidad de que la Marina es una opción costosa y poco adecuada para las operaciones antidrogas. Un destructor cuesta más de tres veces lo que un guardacostas. La Guardia Costera, además, tiene autoridad policial, experiencia especializada en la lucha contra el narcotráfico y personal capacitado para capturar sospechosos, recopilar pruebas y armar casos judiciales.

En agosto de 2024, la Guardia Costera descargó 76.140 libras (34.536 kilos) de narcóticos ilícitos, valorados en 473 millones de dólares, provenientes de interdicciones en el Pacífico oriental y el Caribe, operaciones realizadas de manera eficiente y legal. Sin embargo, la Administración sigue dando prioridad a los recursos del Departamento de Defensa por encima de las herramientas policiales, difuminando las fronteras entre la guerra contra el terrorismo y la guerra contra las drogas de una manera que genera más problemas de los que resuelve.

También se pueden reforzar soluciones prácticas más cerca de casa. En los últimos años, las incautaciones récord de drogas en la frontera durante 2024 —particularmente en los puertos de entrada— no se lograron mediante el uso de la fuerza militar, sino gracias al despliegue de más personal, la expansión de tecnología de inspección no intrusiva en la frontera suroeste y el uso de aprendizaje automático —machine learning— para identificar cargamentos de alto riesgo.

En los años fiscales 2023 y 2024, el Departamento de Seguridad Nacional detuvo más fentanilo ilícito y arrestó a más personas por delitos relacionados con esta droga que en los cinco años anteriores combinados. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) incautó 738,5 millones de dosis de fentanilo en el año fiscal 2024.

La Administración Trump debería fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar las interdicciones fronterizas mediante el despliegue de más personal y agentes especiales, además de invertir en nueva tecnología y aprendizaje automático en los puntos de entrada. También debería ampliar los mecanismos nacionales de investigación y aplicación de la ley, reconociendo que una mayoría significativa de las personas que trafican fentanilo a través de la frontera sur de Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. Existen redes transnacionales que operan a ambos lados de la frontera, y cualquier estrategia antidrogas eficaz debe también abordar a los actores que operan dentro del territorio estadounidense.

Cualquier enfoque serio para combatir el crimen organizado transnacional también debe abordar el elefante en la habitación: mientras la Administración despliega destructores para destruir cargamentos de droga, las armas de origen estadounidense siguen fluyendo hacia el sur, armando a las mismas organizaciones que Washington pretende combatir.

Cada año, entre 200.000 y 500.000 armas fabricadas en Estados Unidos son traficadas a México —el principal país de tránsito del fentanilo—, y más del 70% de las armas recuperadas en crímenes violentos se rastrean hasta compradores estadounidenses. En el Caribe, el 73% de las armas recuperadas provienen de fuentes estadounidenses. Otros países, como Perú, Bolivia y Ecuador, han registrado en 2025 un aumento documentado del tráfico de armas desde Estados Unidos, lo que alimenta la inestabilidad en la región.

La Casa Blanca debería enfrentar esta amenaza de manera directa. Aunque la Administración Biden logró algunos avances —como el lanzamiento de iniciativas bilaterales con México para implementar tecnología de rastreo electrónico (e-trace) e imágenes balísticas, además de aumentar las investigaciones conjuntas—, estos esfuerzos requieren inversión sostenida y una expansión significativa.

La tecnología de rastreo existe desde hace años, pero sigue siendo poco utilizada debido a la falta de capacitación y al personal insuficiente de los investigadores federales. Proyectos de ley como la Ley ARMAS y la Ley para Detener el Armamento de los Cárteles (Stop Arming Cartels Act) se han estancado en el Congreso, aunque actualmente hay esfuerzos para abordar este problema gracias al reconocimiento bipartidista de su gravedad. Se necesita hacer mucho más para detener el “río de hierro” que alimenta la inestabilidad en todo el hemisferio.

Estados Unidos también debería aprovechar sus ya sólidas relaciones con los socios regionales. La cooperación internacional bajo la Administración Biden demostró ser valiosa para fortalecer las operaciones antidrogas, y debería retomarse y acelerarse.

Iniciativas regionales como la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo y el Grupo de Respuesta Rápida del Banco Interamericano de Desarrollo han impulsado el intercambio de inteligencia y fortalecido las respuestas institucionales y regulatorias. Estos marcos multilaterales permiten el intercambio de información, la creación de capacidades y las operaciones conjuntas a una escala que ningún país puede lograr por sí solo. Una mayor participación e inversión de Estados Unidos en estas operaciones significaría un éxito mucho mayor.

Abordar a los gobiernos regionales como socios, en lugar de hacerlo mediante la coerción, permite implementar estrategias antidrogas a una escala más amplia y focalizada. Como el propio secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció sobre la cooperación con gobiernos aliados: “No hay necesidad de hacer eso (ataques unilaterales en tierra) en muchos casos con gobiernos amigos, porque los gobiernos amigos van a ayudarnos”.

Los narcotraficantes operan sin respetar fronteras, y, por tanto, nuestra respuesta debe ir más allá de la soberanía propia. La reciente decisión de sancionar al presidente de Colombia, a la primera dama y al ministro del Interior colombiano, si bien refleja el descontento de Washington con el enfoque de la Administración de Gustavo Petro frente al tráfico de cocaína, probablemente afecte la cooperación en materia de seguridad entre Colombia y Estados Unidos. Un enfoque punitivo hacia nuestros socios regionales en la lucha antidrogas podría poner en riesgo una colaboración indispensable que ha demostrado ser eficaz para reducir los flujos de droga y desmantelar el crimen organizado.

Al final, el camino a seguir requiere tratar el crimen organizado como la amenaza compleja y adaptable que realmente es. Las organizaciones criminales transnacionales no son objetivos militares convencionales que puedan desmantelarse con bombas y armas; son empresas interconectadas que explotan las lagunas en la gobernanza, se benefician de múltiples flujos ilícitos y se adaptan rápidamente a la presión de las fuerzas del orden. Para derrotarlas se requiere una estrategia tan sofisticada como sus operaciones.

Si la Administración Trump quiere tomarse en serio esta cuestión, debe cambiar su mentalidad y pasar de volar pequeñas embarcaciones de tránsito a implementar nuevas herramientas y reforzar aquellas que han demostrado su eficacia. La elección no es entre no hacer nada y enviar destructores para atacar embarcaciones. Es entre repetir los errores que han fracasado durante décadas y adoptar enfoques basados en pruebas que traten la enfermedad en lugar de los síntomas.

Mientras las armas estadounidenses sigan fluyendo hacia el sur y las ganancias de la droga sigan fluyendo hacia el norte, mientras sigamos alienando a nuestros socios, mientras sigamos dando prioridad al espectáculo militar sobre el arduo trabajo de la aplicación de la ley basada en la inteligencia y la cooperación internacional y regional, no avanzaremos. La única manera de ganar esta “guerra” es, contrariamente a lo que parece, no a través del ejército, sino a través de una estrategia coordinada y multifacética.