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Bruselas abre una investigación a Meta por falta de control en los contenidos políticos ante las elecciones europeas y “publicidad engañosa”

La Comisión Europea sospecha que la matriz de Facebook e Instagram “no cumple las obligaciones” legales como gran actor del escenario digital

Bruselas abre una investigación a Meta por falta de control en los contenidos políticos ante las elecciones europeas y “publicidad engañosa”
Una protesta ante la sede de Meta en Londres ante las elecciones en India.Maja Smiejkowska (REUTERS)
Manuel V. Gómez

Nueva investigación sobre una gran tecnológica estadounidense en Bruselas. La Comisión Europea ha abierto un expediente a Meta, la firma matriz de Facebook e Instagram, por “supuestas infracciones en las políticas relacionadas con publicidad engañosa y los contenidos políticos en sus servicios”, según explica el Ejecutivo de la UE en un comunicado emitido este martes a medio día. Las indagaciones puestas en marcha están amparadas por el reglamento de servicios digitales que impone a los grandes operadores y plataformas de Internet obligaciones adicionales de control sobre los contenidos que albergan.

Ya hace bastantes meses que las autoridades de la Unión están advirtiendo a las grandes plataformas digitales que extremen la vigilancia contra la desinformación y la propaganda rusa ante las elecciones europeas. “Son un test importante en el que las empresas tecnológicas no deberían fallar”, advertía la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, responsable de la cartera de Valores y Transparencia, “necesitarán tomarse su responsabilidad seriamente, en particular el reglamento de servicios digitales, que les exige que mitiguen los riesgos que pueden suponer las elecciones”. Esta advertencia llegaba en septiembre pasado, unos meses antes de que entrara plenamente en vigor el reglamento que impone a estas compañías digitales exigencias mayores que a otros actores mas pequeños por su protagonismo en Internet.

Las pesquisas de Bruselas apuntan en varias direcciones. “La Comisión sospecha que Meta no cumple las obligaciones del reglamento relacionadas con la lucha contra la difusión de anuncios engañosos, campañas de desinformación y comportamientos no auténticos coordinados en la UE. La proliferación de tales contenidos puede suponer un riesgo para el discurso cívico, los procesos electorales y los derechos fundamentales, así como para la protección de los consumidores”, apunta en primer lugar el Ejecutivo. Como explica el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, en un mensaje publicado en X, ese descontrol en las campañas publicitarias daría pie a “interferencias extranjeras”, algo especialmente vigilados desde que Rusia invadió Ucrania y ante la estrategia seguida por el régimen de Vladimir Putin, y “estafas”.

Las acusaciones de Bruselas contra la empresa que dirige Mark Zuckerberg en el campo político no se quedan aquí pues “sospecha que las acciones de Meta vinculadas al ‘enfoque de contenido político’, que degrada el contenido político en los sistemas de recomendación de Instagram y Facebook [...] no cumple las obligaciones” de la norma europea. “La investigación se centrará en la compatibilidad de esta política con las obligaciones de transparencia y reparación a los usuarios, así como con los requisitos para evaluar y mitigar los riesgos para el discurso cívico y los procesos electorales”, advierte.

Una de las cosas que ha indignado a la Comisión es que Meta va a eliminar, según explica en su comunicado, una herramienta que permite a terceros (periodistas o investigadores) hacer un seguimiento en tiempo real de las elecciones “sin disponer de un sustituto”. Que la tecnológica estadounidense pretenda dar este paso cuando se acercan las elecciones europeas es algo que irrita en Bruselas porque “en tiempos de elecciones, el acceso a este tipo de herramientas debería ampliarse”. “Por tanto”, sospechan los técnicos comunitarios, “Meta no ha evaluado diligentemente y mitigado adecuadamente los riesgos relacionados con los efectos de Facebook e Instagram en el discurso cívico y los procesos electorales y otros riesgos sistémicos”.

“Dado el alcance de las plataformas de Meta en la UE (con más de 250 millones de usuarios activos mensuales), y a raíz de las elecciones europeas que tendrán lugar del 6 al 9 de junio de 2024 y de una serie de otras elecciones que se celebrarán en varios Estados miembros, tal depreciación podría resultar perjudicial para el discurso cívico y los procesos electorales en relación con las capacidades de seguimiento de la desinformación y la desinformación, la identificación de la interferencia y la supresión de votantes, y la transparencia general en tiempo real proporcionada a los verificadores de hechos, periodistas y otras partes interesadas electorales pertinentes”, detalla la Comisión, que acaba sus acusación añadiendo la sospecha de que el mecanismo de denuncia de contenidos ilegales tampoco se ajusta a las exigencia del reglamento comunitario.

A partir de ahora la investigación puede prolongarse por un tiempo indefinido, puesto que el reglamento de servicios digitales no establece un plazo mínimo ni máximo. Durante este periodo, los técnicos de la UE podrán pedir a la empresa que aporte más información o realizar entrevistas para profundizar en sus análisis hasta que tengan una conclusión definitiva. Si finalmente acaba por demostrarse la infracción, la multa puede llegar hasta el 6% de la facturación global de la empresa. Tomando la facturación de Meta en 2023, 134.902 millones de dólares (unos 124.000 millones de euros) esto podría llegar algo más de 8.000 millones de dólares (unos 7.400 millones de euros).

Antes de llegar a este punto, también se pueden imponer medidas provisionales de control a las empresas investigadas si en la investigación se considera que las infracciones pueden provocar “daños graves” en los usuarios. Esas medidas pueden ser más control en palabras claves y hashtags específicos u ordenar poner fin a las supuesta infracciones.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.
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