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Musk demanda a California por la ley que exige transparencia a las redes sociales

X, antes Twitter, emprende una batalla judicial por la norma que obliga a las tecnológicas a informar de sus políticas de moderación antes de enero de 2024

Luis Pablo Beauregard
Elon Musk durante una conferencia de tecnología celebrada en París en junio pasado.
Elon Musk durante una conferencia de tecnología celebrada en París en junio pasado.GONZALO FUENTES (REUTERS)

Nuevo pulso de Elon Musk a las políticas progresistas. X, la empresa antes conocida como Twitter, ha emprendido una batalla contra el Estado de California por una ley que obliga a las redes sociales a hacer públicas sus políticas internas de moderación en un esfuerzo por reducir el discurso de odio, la desinformación, el acoso y por eliminar el abuso sexual de menores. La tecnológica ha acudido a los tribunales con el argumento de que la norma promulgada en septiembre de 2022 viola la protección a la primera enmienda constitucional, el derecho a la libre expresión de ideas —o a quedarse callado también— ante lo que el Estado considera “dañino u ofensivo”.

X presentó la demanda este viernes en un tribunal de Sacramento, la capital de California. El documento argumenta que el objetivo real de la norma, conocida como AB 587, es “eliminar” contenido amparado por la primera enmienda que puede ser considerado problemático. “Los temas sobre los que la ley obliga a hablar en contra de su voluntad son altamente controvertidos y están cargados políticamente”, añade el texto de la demanda. Los límites a estas temáticas han sido impuestos por creencias partidistas, añade la tecnológica. “Las redes sociales son frecuentemente criticadas, sin importar lo que hagan, por individuos en ambos bandos [demócratas y republicanos], por las decisiones editoriales que pueden entras en estas categorías mal definidas”, señalan.

La ley nació en California como una reacción a la toma del Capitolio de enero de 2021 por simpatizantes de Donald Trump. La norma exige que las compañías entreguen a partir de enero próximo informes detallados a la Fiscalía donde hagan públicas las medidas que toman para moderar el debate en línea. Esto requiere comunicar si la vigilancia queda a cargo de la inteligencia artificial o cómo se procede ante las ofensas o amenazas. Las compañías que no entreguen estos informes pueden ser multadas.

El gobernador de California, Gavin Newsom, una de las estrellas del partido demócrata, había celebrado la aprobación de esta norma. “No nos quedaremos inmóviles mientras las redes sociales son utilizadas como armas para propagar odio y desinformación que amenaza a nuestras comunidades”, dijo el mandatario el día que promulgó la norma.

Esta puede considerarse una nueva cruzada de Musk contra California, un bastión de políticas progresistas. El magnate mantiene un tenso pulso con la entidad desde hace años por lo que considera un exceso de regulación de la entidad. Esto lo llevó a mudar la sede de Tesla desde Palo Alto a Texas en 2021. Desde entonces, el empresario aprovecha los foros públicos para hablar en contra de los altos impuestos que hay en la región o para posicionarse en contra de lo que ha llamado el “virus woke” que dirige muchas de las políticas públicas en California.

Analistas y expertos han advertido del giro que X ha tomado desde que fue adquirida por Musk el año pasado por 44.000 millones de dólares. El magnate aseguró después de la compra que haría de Twitter una plaza pública en la que se encontrarían todas las opiniones. Desde entonces, varias organizaciones, entre ellas la Liga Antidifamación, han advertido del regreso de usuarios de la derecha radical, el incremento de los mensajes de odio y un repunte en el acoso en línea.

Musk culpó este mes a la Liga Antidifamación de la caída de publicidad en la red social. La venta de anuncios en X ha caído un 60% desde octubre en Estados Unidos, su principal mercado. Poco ha servido la llegada al timón de la empresa de Linda Yaccarino, una exdirectiva de NBCUniversal, que Musk eligió personalmente como consejera delegada para traer de vuelta anunciantes. El magnate asegura que la organización no gubernamental los acusa de ser antisemitas y ha amenazado con emprender acciones legales.

No sería la primera vez que sucediera desde que Twitter está en manos de uno de los hombres más ricos del mundo. En junio, X demandó a un centro que monitorea el discurso de odio en Internet. Esta organización, el Centro para combatir el odio digital (Center for Countering Digital Hate) había indicado que X estaba “saturado” de contenido dañino. Este grupo asegura que la red social no toma ninguna acción en contra del 99% de las cuentas que publican mensajes de odio y que tienen la marca azul de suscripción. Esta semana, X ha iniciado otro pulso en los tribunales en su defensa.

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Sobre la firma

Luis Pablo Beauregard
Es uno de los corresponsales de EL PAÍS en EE UU, donde cubre migración, cambio climático, cultura y política. Antes se desempeñó como redactor jefe del diario en la redacción de Ciudad de México, de donde es originario. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y el Máster de Periodismo de EL PAÍS. Vive en Los Ángeles, California.

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