California exigirá a las redes sociales detallar sus políticas de moderación de contenidos

Considerada una frontera que pocos estaban dispuestos a cruzar, California se ha convertido esta semana en uno de los pocos Estados que han decidido plantar cara a las grandes tecnológicas y aumentar su regulación. El Gobierno demócrata ha promulgado esta semana una ley que obliga a las redes sociales como Twitter y Meta (Facebook) a revelar sus políticas de moderación de cometarios y censura. Esto como una forma de combatir la desinformación, el discurso de odio y el extremismo que se ha instalado en la vida pública de Estados Unidos y que tiene a los canales digitales como principal vía de propagación.

La ley nació en California como una reacción directa a la toma del Capitolio en enero de 2021 por simpatizantes de Donald Trump. La norma exige que las compañías entreguen, desde 2024, informes detallados a la Fiscalía de California en la que expliquen cómo moderan el debate en línea. Esto incluye revelar si la vigilancia se deja en manos de inteligencia artificial, el sistema de jerarquización de ofensas y comentarios eliminados. Las empresas que no entreguen esta información serán multadas.

“California no se quedará inmóvil mientras las redes sociales son utilizadas como armas para propagar odio y desinformación que amenaza a nuestras comunidades y nuestros valores fundamentales como país”, dijo Gavin Newsom, el gobernador de California, en un comunicado emitido el martes.

La iniciativa ha provocado el rechazo de la industria. “Forzar a las redes sociales a compartir de forma detallada sus políticas de moderación de contenidos y estrategias es como darle un plano de tu casa a los ladrones”, ha señalado Adam Kovacevich, quien preside la Cámara del Progreso, una coalición de centroizquierda que integra a varias compañías de tecnología, entre ellas a Meta y Google. Este grupo no descarta recurrir ante los tribunales la ley estatal porque consideran que la regulación en línea atenta contra el debate de la libertad de expresión, protegido en la primera enmienda constitucional.

La Cámara del Progreso intentó descarrilar la iniciativa durante su proceso legislativo. En una carta enviada al Senado local, el influyente grupo aseguró que la mayoría de las empresas tecnológicas ya publican informes periódicos detallando las acciones de censura que han tomado y las acciones que emprenden para poder echar de sus plataformas los discursos más nocivos o extremistas. Consideran que la AB 587, como es conocida, es una vuelta de tuerca más.

Escrita por un congresista demócrata local, Jesse Gabriel, la ley contó con el apoyo de los republicanos en la entidad. Otros bastiones conservadores, entre estos Florida y Texas, han presentado iniciativas similares que tienen como finalidad acotar el poder de las tecnológicas. Las leyes aprobadas en estas entidades, no obstante, buscan devolver a las redes sociales voces de derechas que han sido censuradas y expulsadas en los últimos años después de la toma del poder legislativo en Washington. En su opinión, el debate en línea está escorado hacia la izquierda, un argumento compartido por Elon Musk cuando anunció su intención de comprar Twitter.

Gabriel explicó a The Washington Post que su ley es diferente a las aprobadas en los Estados mencionados. “Solo estamos pidiendo más transparencia”, dijo al diario nacional. “A menos que tengan algo que esconder, ¿por qué temerían las compañías compartir información tan básica sobre sus consumidores y usuarios?”, añadió el congresista. El diario asegura que existen en los congresos estatales un centenar de propuestas similares para regular las redes sociales. La regulación repuntará en 2023 a nivel local mientras se acercan las presidenciales de 2024.

Esta no es la única propuesta polémica en manos de legisladores en materia de tecnología. Newsom tiene hasta finales de mes para firmar la que ha sido llamada California Age-Appropiate Design Code (Código de diseño de edad apropiada), con el que se pretende hacer de Internet una zona más amigable para los menores de edad. De ser promulgada, la ley elevaría el muro de privacidad para los menores de 18 años residentes en el Estado más poblado de Estados Unidos. Esto obligaría a las redes a establecer de inicio todas las configuraciones en el modo de máxima seguridad. Por ejemplo, un extraño no podría enviar un mensaje a un menor de edad. Esto sin necesidad de que los padres habiliten expresamente la prohibición. Las empresas también deberán ofrecer información transparente en un lenguaje que los niños puedan entender. Tampoco podrán almacenar datos personales de los menores más allá de los estrictamente necesarios para navegar. Las tecnológicas también se han manifestado en contra de esta ley.

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