La libertad en la red se resiente en todo el mundo por undécimo año consecutivo

La libertad en internet está cada vez más amenazada y ya son 11 los años consecutivos en que se agrava esta tendencia. Esa es la principal conclusión del informe Libertad en la red en 2021, elaborado por la ONG Freedom House, que analiza la situación de 70 países y califica de 0 a 100 puntos las restricciones que tienen los ciudadanos para usar internet de forma libre en cada lugar. China se sitúa por séptima vez como el país peor parado (con tan solo 10 puntos), superado por Irán, Myanmar y Cuba. Quien encabeza la lista es Islandia, con 96 puntos, seguida de Estonia, Canadá y Costa Rica. Myanmar ha sufrido la mayor caída registrada por Freedom House: 14 puntos desde 2020. ¿La causa? El golpe de estado militar que sufrió en febrero y las consiguientes restricciones y bloqueos del acceso a la red y de los servicios móviles.

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En 2020, Freedom House ya alertó del efecto negativo de la pandemia sobre la libertad en el ámbito de internet: los gobiernos contaban con el pretexto de proteger la salud pública y evitar la desinformación cuando bloqueaban las comunicaciones. Aunque esa tendencia ha continuado en países como Singapur y Camboya, han ganado peso otras acciones. Por una parte, el uso a manos de los gobiernos de tecnología de espionaje dirigida a los usuarios de la red. De los 70 países analizados, 45 han tenido acceso a este tipo de programas, que les han permitido extraer datos de la población sin su consentimiento. Vuelve a aparecer en escena NSO Group, la empresa israelí que desarrolla el programa Pegasus, con el que se ha robado información de dirigentes como Emmanuel Macron o Mohamed VI, además de periodistas y activistas de todo el mundo. Esta y otras compañías privadas han proporcionado las herramientas necesarias para vulnerar la intimidad de los usuarios en la red.

No todo lo que recoge el informe es negativo: Taiwán, analizado en este informe por primera vez, ha obtenido el quinto puesto en la clasificación, por delante de Alemania, Francia y Reino Unido. Para contrarrestar la influencia del Gobierno chino, ha desarrollado una serie de regulaciones muy innovadoras que garantizan a sus habitantes un entorno cibernético donde puedan expresarse libremente y sin bloqueos, según el informe.

China y Myanmar no han sido las únicas en salir mal paradas en los resultados: Bielorrusia ha sufrido una caída de siete puntos en sus libertades con respecto a 2020 por el cierre de páginas web opositoras al gobierno de Aleksandr Lukashenko y por las restricciones en el acceso a internet desencadenadas por las protestas tras las elecciones del pasado año que las potencias occidentales calificaron como fraudulentas.

Según los cálculos de Freedom House, el último año ha aumentado en un 8% el número de usuarios que residen en países donde se han producido ataques o asesinatos como consecuencia de las actividades online, un 78% de los casi cuatro mil millones de usuarios que hay en internet. El 75% vive en lugares donde se arresta a aquellos que publican en la red contenidos políticos, sociales o religiosos. La mayoría de los arrestos en los países estudiados se produjeron a raíz de publicaciones en Facebook.

España no se encuentra entre esos 70 países examinados, pero, teniendo en cuenta la clasificación que realiza Freedom House entre países libres, parcialmente libres y no libres, nuestro país podría encontrarse en el primer grupo, junto al resto de Estados de su entorno. Aun así, Amnistía Internacional advierte de que, desde la aprobación de la Ley de protección de la seguridad ciudadana en 2015, han ‘‘documentado un efecto negativo en la libertad de expresión y el espacio de libertad en la red’'.

Daniel Canales, investigador de Amnistía en España, asegura que las preocupaciones de la ONG ‘’tienen que ver con el código penal y los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona, etc., y el hecho de que se abran procesos penales a músicos, artistas o usuarios de las redes sociales por letras de canciones y tuits que podrían resultar ofensivos para una parte de la población, pero que están amparados por la libertad de expresión’'. Según explica, el problema, más allá del propio proceso penal, sería el efecto que podría tener sobre la ciudadanía: ‘’Se les está enviando el mensaje de que determinadas expresiones no van a ser toleradas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha hablado del efecto disuasorio y la consiguiente autocensura a la hora de publicar en la red que se puede producir’'.

Una de las principales cuestiones que plantea Freedom House en su informe es el hecho de que las grandes tecnológicas tengan el poder de bloquear a usuarios de forma arbitraria, como ocurrió el pasado enero con Donald Trump. Esa acción generó un complejo debate sobre la censura que no ha hecho sino cobrar más y más importancia este año. El de Rusia fue uno de los primeros gobiernos en reaccionar y ya en enero anunció una ley que impondría multas a estas grandes compañías por bloquear de forma ilegal a los usuarios. Otros países, como India y Turquía, están presionando a las grandes compañías para que eliminaran los contenidos y las cuentas que los gobiernos consideraran peligrosos o que criticaran determinados aspectos de la administración. En Brasil se aprobó a principios de septiembre una ley que impedirá a las empresas tecnológicas moderar los contenidos y censurar a los usuarios sin el aval de un tribunal.

En el momento en el que se produjo el veto al expresidente estadounidense, Amnistía Internacional aseguró que ‘‘Facebook y las otras compañías tienen un enorme poder para decidir qué se puede decir y qué no en sus plataformas’', por lo que es necesaria una regulación por parte de los gobiernos. Eso sí, para combatir la desinformación y, en el caso de la pandemia, el negacionismo en lo referido al coronavirus, Canales sugiere que ‘’no debe hacerse a través de la mera censura y de impedir la libertad de expresión, sino que las autoridades pueden establecer sistemas de información fiables y veraces que puedan proporcionar a la ciudadanía’'.

Freedom House no solo analiza la situación en los 70 países durante todo el año, sino que también hace a los gobernantes una serie de recomendaciones, como proteger la privacidad y la seguridad de los usuarios, garantizar la transparencia y la diversidad en internet y, en última instancia, proteger la libertad global en la web. A la sociedad en general le aconseja que informe sobre el peligro de la censura a los demás, que trabaje de forma conjunta con los legisladores y las empresas y que acuda a la Justicia para denunciar la censura y los bloqueos en la red.

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