Bolsonaro, primer presidente elegido democráticamente que prohíbe a las redes sociales moderar los contenidos

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, prohíbe desde esta semana que las empresas de redes sociales moderen o limiten los contenidos que en ellas se publican, como ha adelantado The New York Times. La reforma de la Ley de Garantías, Derechos y Deberes para el uso de Internet, de 2014, establece que ‘’en cumplimiento de la libertad de expresión, la cancelación o suspensión de una cuenta de usuario solo podrá llevarse a cabo con justa causa y motivación’'. En la reforma quedan excluidas de la medida las aplicaciones de mensajería instantánea y llamadas, que son de carácter privado.

Las causas que la norma contempla como justas son la desnudez o la representación explícita de actos sexuales, la pedofilia, el terrorismo, los delitos contra la vida, la violencia contra las personas y los animales, la discriminación, el fomento del uso de drogas y los ciberdelitos. Es decir, que quedarían excluidas las noticias falsas y cualquier intento de desinformación, a no ser que la multinacional que quiera censurar ese tipo de contenido cuente con una orden judicial que le permita hacerlo en todos y cada uno de los casos concretos.

Bolsonaro se convierte así en el primer presidente elegido de manera democrática que veta a las redes sociales la posibilidad de eliminar contenidos que vulneran sus normas de uso, como sostiene el diario neoyorquino New York Times. En el texto de la reforma, el presidente atribuye especial importancia al derecho de los usuarios de las redes para acceder a la información, a que les sea restablecida su cuenta si ha sido suspendida o intervenida y a que los contenidos que habían publicado vuelvan a su estado original, en caso de que se haya producido una ‘‘moderación indebida’’ por parte de la empresa.

A pesar del aparente refuerzo de los derechos de los ciudadanos, el propio presidente ha bloqueado a sus detractores y críticos en redes sociales como Twitter, ‘‘violando la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información’', según alertó Human Rights Watch en agosto.

La medida legislativa se dirige de forma específica a las grandes multinacionales de Internet ya desde el primer artículo del texto: ‘’Esta ley se aplica incluso si las actividades son realizadas por una persona jurídica con sede en el extranjero, siempre que ofrezca servicio al público brasileño’', una disposición que no se contemplaba en el texto original de hace siete años.

Aunque la estrategia de Bolsonaro podría estar motivada por su situación en las encuestas, que ahora mismo otorgan el apoyo mayoritario de los electores a su principal opositor, el expresidente Lula da Silva, según algunos expertos la nueva legislación no aseguraría un cambio sustancial de su situación. El director de la agencia de comunicación política LaBase, Alejandro Comes, cree que se trata de un intento ‘‘de seguir configurando y desarrollando el mensaje de la corriente populista de extrema derecha contra los medios de comunicación tradicionales y las grandes empresas propietarias de las redes sociales, y de demostrar que él manda más que esas compañías’’.

El politólogo Pablo Simón asegura que aunque el cambio en la legislación puede suponerle cierta ventaja, sería ‘’muy osado’' anticipar que, de esa forma, le va a dar la vuelta a los resultados: ‘‘No tenemos pruebas fehacientes de que las redes sociales y la circulación de noticias falsas fueran tan determinantes en su victoria de 2018’', insiste. De hecho podría haber tenido más influencia el hecho de que da Silva no pudiera presentarse a dichas elecciones por encontrarse encarcelado por corrupción.

Eso sí, aunque no se sepa con certeza la eficacia de la desinformación a la hora de granjearle votos, no hay que olvidar que una de sus principales estrategias políticas se basa en el microtargeting, que consiste en ‘‘segmentar los mensajes que lanza para que se acomoden lo máximo posible al receptor mediante los algoritmos y las redes sociales’', como explica Simón.

El pasado mes de agosto, el Tribunal Supremo de Brasil incluyó a Bolsonaro en una investigación sobre las noticias falsas abierta en 2019. Después de que se abriera la investigación al presidente, el enfrentamiento entre el alto tribunal y él se recrudeció: el primero llegó a asegurar que Bolsonaro sería acusado de un delito contra la Constitución si no acataba el fallo y el segundo enardeció a sus seguidores con amenazas al Tribunal durante las celebraciones del 199º aniversario de la independencia del país.

Desde hace meses, Bolsonaro insiste en que los comicios de 2022 podrían ser un fraude. El mes pasado trató de cambiar el sistema de voto antes de que llegue el 2 de octubre del próximo año, pero no logró los apoyos parlamentarios necesarios para ello. La estrategia recuerda a la hoja de ruta del expresidente estadounidense Donald Trump durante su campaña para las elecciones de 2020.

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