La justicia francesa obliga a Google a negociar con los editores de prensa un pago por sus contenidos
El Tribunal de Apelación de París, al que había recurrido el gigante digital, confirma la decisión de la Autoridad de la Competencia
Google deberá acordar una forma de pago con los medios franceses por usar sus contenidos. En una sentencia muy esperada en toda Europa por su potencial impacto en otros países, el Tribunal de Apelación francés ha confirmado este jueves que el gigante digital tiene que negociar con los representantes de la prensa para hallar una forma de retribuir a los editores por la reproducción y comunicación pública de extractos de su trabajo tanto en el motor de búsqueda, como en sus productos News y Discover. Así lo había decretado el pasado abril la Autoridad de la Competencia francesa, pero Google recurrió la decisión ante los tribunales, que ahora han ratificado el fallo inicial.
En su decisión, el tribunal “rechaza los motivos de nulidad” alegados por Google al rebatir la orden de iniciar negociaciones con los medios. Además, condena al gigante estadounidense a pagar las costas del proceso, así como una suma de “20.000 euros a cada uno” de los tres representantes de los medios con los que mantiene el litigio, la Agencia France Presse, la Alianza de la Prensa Generalista (Apig), que agrupa casi 300 medios, y el Sindicato de editores de revistas (SEPM). La corte da por buenos los argumentos de la Autoridad de la Competencia al instar al gigante digital a negociar “de buena fe” con la prensa francesa y subraya que “la notoriedad de Google y sus consecuentes partes del mercado, próximas al monopolio, hacen de su motor de búsqueda una herramienta indispensable de catalogación”.
La cour d'appel de Paris confirme la décision @Adlc_ ordonnant à @Google des mesures conservatoires et une négociation de bonne foi sur les #droitsvoisins av les éditeurs de presse. Une décision très importante. La concurrence s'applique à tous, y compris dans le #numérique
— Isabelle de Silva (@IsabelleDeSilva) October 8, 2020
Los editores de prensa han visto erosionados en los últimos años sus ingresos por la irrupción de las grandes tecnológicas, que se han hecho con la mayor parte del negocio publicitario, poniendo en riesgo la supervivencia de muchas cabeceras. Sin embargo, el debate sobre la propiedad de los contenidos desborda el ámbito económico. De hecho, la directiva europea sobre los derechos de autor cuya trasposición en Francia ha dado lugar a este pulso entre Google y los medios franceses, asegura en sus apartados 54 y 55 que “una prensa libre y plural es esencial para garantizar un periodismo de calidad”. Que “su contribución al debate público y al correcto funcionamiento de una sociedad democrática es fundamental”. Y que, para asegurarse la sostenibilidad del sector, es necesaria “una protección jurídica armonizada para las publicaciones de prensa en relación con el uso que hacen de ellas los nuevos servicios en línea”, como los agregadores de noticias.
Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea —y por eso esta batalla está siendo seguida de cerca por sus vecinos— que en julio de 2019 convertía en ley nacional dicho directiva sobre los denominados derechos conexos que establece que los editores de prensa pueden exigir acuerdos —y pagos— a webs y agregadores de noticias como Google News por utilizar sus contenidos. Sin embargo, la alegría se tornó rápidamente en consternación cuando el gigante estadounidense respondió que si no se los cedían de forma gratuita, perderían la visibilidad en el buscador.
Ante este giro, la Apig, el Sindicato de editores de revistas y AFP acudieron el pasado noviembre ante la Autoridad de la Competencia, denunciando lo que consideraban una violación por parte de Google de su obligación de negociar con ellos. En abril, la instancia francesa falló a su favor, al considerar que Google, que en 2019 ocupaba un 90% del mercado de motores de búsqueda en Francia, era “susceptible de haber abusado de su posición dominante sobre el mercado de servicios de búsqueda generalista imponiendo condiciones de transacción injustas a los editores y agencias de prensa”.
Por ello, la Autoridad de la Competencia estableció “medidas de emergencia” que ordenaban a Google a iniciar, en un plazo máximo de tres meses, negociaciones “de buena fe” con los editores y agencias de prensa que lo solicitaran con el objetivo declarado de lograr un acuerdo sobre una remuneración de estos por “todo uso de contenidos protegidos” según criterios “transparentes, objetivos y no discriminatorios”. El fallo del Tribunal de Apelaciones obliga ahora a Google a emprender esta vía negociadora. “Una decisión muy importante”, valoró la presidenta de la Autoridad de la Competencia, Isabelle de Silva, porque demuestra que las reglas de la competencia “se aplican a todos, también en lo digital”.
En un comunicado, Google dijo tomar nota de la decisión. “Habíamos apelado para tener más claridad jurídica sobre ciertos elementos de la decisión y estamos estudiando el fallo del Tribunal de Apelación”, dijo el gigante, citado por France Presse. “Nuestra prioridad sigue siendo culminar nuestras discusiones con los editores y las agencias de prensa franceses” sobre la remuneración de contenidos, agregó.
Un acuerdo cercano
De hecho, la decisión judicial se conoce a pocas horas de que Google y parte de la prensa francesa anunciaran que están cerca de un acuerdo. El gigante digital confirmó la víspera en otro comunicado que su oferta negociada con la asociación de medios Apig, una de las demandantes, “incluye los derechos definidos por la ley, así como la participación en News Showcase, un nuevo servicio recientemente lanzado por Google”. “Queremos apoyar el periodismo y garantizar que el máximo de personas posible pueda seguir accediendo a contenidos de calidad”, declaró el director ejecutivo de Google France, Sébastien Missoffe. El comunicado cita también al presidente del grupo periodístico francés Les Echos-Le Parisien, Pierre Louette, encargado de las negociaciones por parte de la Apig, según el cual las conversaciones en las últimas semanas “han permitido confirmar que Google acepta el principio de remuneración para nuestros medios, con lo que harían que los derechos vecinos sean una realidad”.
Aunque el comunicado de Google no hace referencia a dinero alguno, según Le Monde, uno de los medios incluidos en la negociación, la cifra que se habría acordado en el acuerdo marco estaría entre los 20 y los 25 millones de euros. Una cifra alta pero “bien inferior al monto reclamado al comienzo de las negociaciones, hace un año, por los diarios: alrededor de 150 millones de euros, es decir, la mitad de los entre 250 y 320 millones de euros de pérdidas publicitarias estimadas en la época por el gabinete EY-Parthenon en un estudio financiado por los medios”, explica. De acuerdo con las informaciones de Le Monde, una vez que el acuerdo marco sea votado, cada una de las 300 empresas de prensa de la Apig deberán establecer un contrato directo con el motor de búsqueda. La remuneración será fijada, agrega, en función de un baremo negociado que incluya varios criterios, siendo el principal la audiencia del medio. Google aún debería cerrar un trato con los otros dos litigantes, el sindicato de revistas SEPM y AFP, que el miércoles celebró que se haya “reanudado” el “hilo del diálogo” con Google
La semana pasada, Google anunció que se disponía a invertir mil millones de dólares (850 millones de euros) en tres años en todo el mundo. También anunció que está a punto de llegar a acuerdos con medios de seis países ―Alemania, Brasil, Argentina, Canadá, Reino Unido y Australia― a cambio de mostrar algunas de sus noticias en News Showcase, un escaparate dentro de su pestaña de Google News. Sin embargo, asociaciones de medios españoles y europeos expresaron sus recelos porque la iniciativa beneficie a unos pocos, en detrimento de los derechos de todo el sector. En respuesta a este lanzamiento, Angela Mills Wade, directora ejecutiva del Eropean Publishers Council ―que reúne a grandes ejecutivos de los principales medios europeos―, aseguró: “Está claro que Google está sintiendo la presión de la legislación y la acción gubernamental diseñada para llevarlos a la mesa de negociaciones”.
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