Un centenar de académicos reclama al Gobierno más transparencia con la app Radar Covid
Más de 110 firmantes del manifiesto elogian el proyecto prometedor, pero lamentan que en el proceso aún no se haya publicado “ninguna documentación” sobre su diseño
Más de 110 reconocidos académicos españoles, la mayoría expertos en tecnología, ha publicado este sábado un manifiesto donde reclama al Gobierno más transparencia en el desarrollo de un software tan sensible como Radar Covid, la app pública de notificación de exposiciones. En el texto, piden que la prometida publicación del código de la app sea exhaustiva, bien documentada y englobe todas las etapas del desarrollo de la app, desde sus inicios hasta cambios futuros. A lo largo de sus casi tres páginas, los firmantes aplauden el hito innovador para la sanidad pública española de esta herramienta, pero lamentan que la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, máximo responsable de la aplicación, “a día de hoy no haya publicado ninguna documentación sobre el diseño de Radar Covid, sobre su implementación ni sobre el proceso de integración de las Comunidades Autónomas“.
La Secretaría de Estado, tras las constantes críticas por incumplir el compromiso de sacar a la luz el open source, ha prometido publicar el próximo miércoles el código en abierto. Pero aún no está claro cómo de profundo y constante será el gesto del Gobierno: “La apertura del código debe ir acompañada de la documentación e información completas, a fin de que la comunidad científica y la sociedad civil tengan la capacidad de escrutinio necesaria para identificar puntos a mejorar y contribuir a desarrollar y desplegar Radar Covid conforme a los más altos estándares”, indica el manifiesto.
Entre los firmantes del manifiesto están Daniel Innenarity, catedrático de Filosofía Política y Social; Carme Torras, profesora en el Instituto de Robótica del CSIC y miembro del Consejo Nacional de la Inteligencia Artificial del Gobierno; Itziar de Lecuona, catedrática Unesco de Bioètica en la Universitat de Barcelona y miembro del grupo de trabajo multidisciplinar del Ministerio de Ciencia; Carmela Troncoso, impulsora del protocolo DP-3T, que usa la app Radar Covid, y recién nombrada por la revista Fortune como una de las figuras más prometedoras menores de 40 años; Ricardo Baeza-Yates, catedrático de Ciencias del Dato y miembro del Consejo Nacional de la Inteligencia Artificial del Gobierno; Miguel Luengo-Oroz, jefe de datos de Global Pulse de Naciones Unidas; Maribel González Vasco, profesora de Matemáticas Aplicadas en la Universidad Rey Juan Carlos; Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia; Josep-Domingo Ferrer, cátedra Unesco en Privacidad de Datos; Juan Tapiador, catedrático de Informática de la Universidad Carlos III, o José Molina Molina, presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia.
A preguntas de EL PAÍS, fuentes de la secretaría de Estado insisten en su compromiso adquirido para el día 9 de septiembre de publicar el código: “Cumpliremos con el compromiso de publicar el día y más rápido de lo previsto. Es algo sin precedentes en la administración pública española y un ejercicio de transparencia”, dicen, y añaden: “Esperemos que cuando esté liberado el código, quien sea lo mire, trastee y ayude a comprobar y mejorar la herramienta”.
El manifiesto elogia el logro de la Administración española al poner en marcha una app como Radar Covid, pero una herramienta con tanta penetración (más de 3,4 millones de descargas), tan sensible y que debe generar confianza necesita un proceso ejemplar e impecable y que sirva de precedente de futuros desarrollos de software: “No hay tecnología sin fallos y por lo tanto es necesario un escrutinio multidisciplinar para conseguir el mejor resultado”, dicen en el texto. Solo un trabajo abierto y conjunto, siguen, “puede identificar de forma eficiente sesgos potenciales y errores en la conceptualización e implementación de la aplicación que puedan dar lugar a efectos indeseados en términos de discriminación y vulneración de derechos”. Nada en el texto implica que haya errores o problemas con la app, pero la única manera de saberlo es con escrutinio público. Para que sea posible, y después de esperar durante semanas que se conozcan las entrañas de la aplicación, establecen una serie de elementos imprescindibles que el Gobierno ha de publicar.
Uno de los puntos más relevantes es conocer el código que permita analizar todos los elementos del sistema de rastreo, incluyendo los servidores, gobernanza y la propia app, que ya la han descargado más de 3,4 millones de españoles. “Dónde se hallan, quién los administra y qué medidas de seguridad se han adoptado tanto para el despliegue a nivel nacional como el relativo a las comunidades autónomas”, piden los académicos junto a la evolución del código desde el comienzo de la iniciativa. “La revisión de las versiones anteriores es necesaria debido a que no todos los usuarios actualizan periódicamente sus móviles”, añaden.
La transparencia que requiere liberar Radar Covid no responde únicamente a aspectos técnicos. Construir de una manera determinada la aplicación depende de otra serie de decisiones, como la adopción del protocolo de comunicación descentralizado en aras de preservar el anonimato de los usuarios. Por este motivo, entienden que es vital contar con el informe de diseño del sistema: “Detallando los análisis que han llevado a decidir los parámetros de configuración y uso de la API de exposición de notificaciones de Google y Apple, los mecanismos implementados y las librerías y servicios utilizados para evaluar la seguridad y privacidad de los datos, así como la evaluación de la inclusión y accesibilidad del diseño”.
La privacidad ha despertado cierto recelo entre la sociedad. El Gobierno y numerosos expertos han defendido que Radar Covid la respeta en todo momento. El uso del bluetooth y los protocolos incorporados, como la generación de códigos alfanuméricos aleatorios que rastrean unos teléfonos con otros, impiden la identificación individual. Para comprobarlo, los firmantes quieren un informe detallado que contenga, según precisan, “los mecanismos de monitorización de la aplicación y mecanismos asociados para asegurar la privacidad y el cumplimiento de la normativa de protección de datos, referido a los datos recogidos tanto durante el piloto como en la fase de producción”.
Con la intención de zanjar cualquier duda y democratizar un proceso tan novedoso en España como la construcción de una app útil contra una pandemia, también exigen “la evaluación de impacto en la protección de datos basada en el informe de diseño y los análisis de riesgo asociados a la aplicación”, así como identificar las responsabilidades y papel jugado en el proyecto por las entidades privadas.
Medida complementaria
A falta de que la Secretaría de Estado libere el código, el manifiesto recuerda que Radar Covid simplemente es una medida complementaria. No sustituye a los rastreadores manuales ni excluye la necesidad de mantener la distancia de seguridad o utilizar las mascarillas. “Para garantizar el impacto de la aplicación es necesaria la adopción de medidas legales y presupuestarias de apoyo social que permitan a los usuarios seguir las recomendaciones de la app sin sufrir perjuicios económicos, laborales o sociales”, aseguran los académicos.
Bajo la idea de atajar en todos los frentes la emergencia sanitaria, los firmantes van más allá de la cuestión tecnológica. En su opinión, a todo el esfuerzo realizado toca sumarle una supervisión que identifique potenciales abusos discriminatorios en ámbitos como el de la vivienda, el mercado de trabajo y la educación. “Únicamente el esfuerzo conjunto interdisciplinario y con la sociedad civil puede identificar de forma eficiente sesgos potenciales y errores en la conceptualización e implementación de la aplicación que puedan dar lugar a efectos indeseados”, razonan.
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