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Datos sin fronteras

Conceptos como la soberanía nacional o el derecho a la privacidad han cambiado de significado sin un debate público

Un número creciente de asuntos de interés público pasan y se dirimen en el mundo de los datos. La libertad de expresión, los medios de comunicación, la privacidad individual, temas incluso relacionados con los derechos políticos… Me refiero a los datos en el sentido informático del término. Es decir, desde los registros generados por los dispositivos móviles que hoy llevan miles de millones de personas, hasta enormes ficheros con información financiera, de movilidad, de pasajeros, de transacciones de tarjetas de crédito, pasando por dispositivos de monitorización de actividades personales o incluso de los llamados metadatos recopilados por operadores de telefonía.

Un hombre captado por el Street View de Google en Barcelona.
Un hombre captado por el Street View de Google en Barcelona.

De la mano de Internet, del auge de los dispositivos móviles y de la comunicación ubicua en la que una buena parte de la humanidad participa hoy, está surgiendo, en otras palabras, una nueva dimensión virtual en la que se acumula un minucioso registro con importantes implicaciones sociales, individuales e institucionales.

Sin embargo, así como la tecnología ha avanzado a gran velocidad y desarrollado estas capacidades técnicas hasta hace poco insospechadas, los marcos jurídicos, las herramientas legales y los foros de discusión pública sobre estas cuestiones no lo han hecho.

Sin darnos del todo cuenta, conceptos como la soberanía de los Estados, las fronteras, la censura o el derecho a la privacidad han ido perdiendo o cambiando de significado sin la discusión pública que haría falta en democracia. Los Estados pierden capacidad de hacer valer las reglas del juego dentro de sus fronteras al tiempo que ese poder se dispersa, se atomiza y su control se transfiere de la esfera pública a la privada.

Un ejemplo reciente ha sido el tortuoso esfuerzo por parte de autoridades europeas por hacer valer el llamado derecho al olvido, un intento de adaptar la legislación de varios países y aplicar a escala europea su equivalente digital. Se podría resumir como el derecho individual a que el titular de datos o informaciones solicite su borrado o supresión de la red debido a que las considere obsoletas, no relevantes o que interfieran con sus derechos fundamentales. Después de largas negociaciones y resistencia por parte de las tecnológicas a las que iba dirigida la iniciativa, la Comisión Europea llegó a un acuerdo con los grandes buscadores. Tras la eliminación de los datos solicitados en las versiones europeas de los buscadores, sus originales en EE UU y otros países permanecieran igual que antes. Un ejemplo que pone de relieve las dificultades para reconciliar normas estatales y cambios en los usos tecnológicos.

Un tema de difícil resolución que debería obligar a los Estados a tomar la iniciativa para encontrar vías de conciliación normativa; y a abordar los casos cada vez más frecuentes en los que compañías tecnológicas operan a escala global, pero eligen la jurisdicción estatal en la que deciden basar sus reglas de operaciones (un fenómeno similar al de grandes empresas trasnacionales y el establecimiento de sus sedes en paraísos fiscales para fines tributarios).

En 2013, Google fue sancionada en Alemania por utilizar su funcionalidad Street View para recolectar datos de las wifis abiertas que encontraban los coches que en principio hacían fotos de las calles y carreteras del país —un tema legislado de manera muy distinta en Alemania y en Estados Unidos—. Otras compañías como Facebook o Twitter han tenido diversos problemas con autoridades estatales cuando estas plataformas han eliminado contenidos o se han negado a ceder información en casos de investigaciones criminales. A finales del año pasado, un juez en Brasil ordenó la interrupción del servicio de WhatsApp durante 48 horas y en febrero de este año un directivo de Facebook (propietaria de WhatsApp) fue detenido después de que la compañía de mensajería instantánea se negara a proporcionar mensajes de un usuario en una investigación de la policía brasileña.

La tecnología avanza a mayor velocidad que las herramientas legales ante las cuestiones que provoca

En el caso de los algoritmos, el control y la rendición de cuentas en asuntos de interés público son aún más complejos que con los datos.La mayor parte de estas plataformas no dan a conocer información alguna sobre su funcionamiento interno y cuando autoridades han solicitado explicaciones reclaman su derecho a no develar detalles sobre su propiedad intelectual. Es decir, sobre por qué ciertos temas, candidatos o informaciones aparecen por encima de otras, no aparecen o súbitamente desaparecen. Formas nuevas y mucho más sutiles de censura directa o influencia velada que hasta hace muy poco no existían.

La importancia creciente de datos, algoritmos y su relación con un amplio número de temas de interés público reclaman una discusión más amplia e informada sobre esta nueva dimensión de la esfera pública y el marco efectivo de regulación del Estado. De otra forma, derechos fundamentales de la vida en democracia corren el riesgo de ser arrollados por la velocidad del cambio tecnológico.

Diego Beas es autor de La reinvención de la política (Peninsula), fue investigador invitado del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford. En Twitter: @diegobeas

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