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Cómo hacer compatible Internet y la propiedad intelectual

La Internet Society se estrena en Madrid con un debate sobre derechos de creación

Thiago Ferrer Morini
El eurodiputado Raül Romeva, de Los Verdes, vota en contra del tratado ACTA.
El eurodiputado Raül Romeva, de Los Verdes, vota en contra del tratado ACTA.P. SEEGER (EFE)

La compatibilidad entre los derechos de propiedad intelectual e Internet fue el tema para una discusión abierta entre Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y el cineasta Stéphane Grueso. El debate, organizado por el capítulo español de la Internet Society, una organización internacional, cuya misión, según sus propias palabras, es “que Internet sea para todos”. El coloquio fue moderado por el periodista Miguel Ángel Uriondo, y sirvió para cerrar la primera conferencia de la organización en Madrid.

El rechazo por parte del Parlamento Europeo del Acuerdo Internacional contra la falsificación y la piratería (ACTA) ha dado nuevos argumentos a los defensores de una Internet libre pero también ha prorrogado una discusión que, para Domingo, es ya “una pérdida de tiempo” que abruma al resto de debates sobre el futuro de la Red.

Según Domingo, el Estado “no puede poner los derechos corporativos por encima de los derechos de los ciudadanos”. Internet desbarata los conceptos de propiedad intelectual y “prostituye” el debate. “Hay que volver a definir la propiedad intelectual en función de los nuevos soportes”, indica. Para Stéphane Grueso, vivimos un proceso de reconversión industrial: el modelo basado en la venta de copias ha dejado de tener sentido, pero la industria no quiere aceptar ese cambio de paradigma. “Y cuanto antes lo acepten, mejor les va a ir”. Alejandro Perales diferenció entre la piratería, es decir, el negocio de permitir el acceso a contenidos sobre los que no se han satisfecho derechos de autor, y el intercambio de contenidos en un entorno “no lucrativo”, que, según el presidente de la AUC, “no tiene nada que ver con la piratería”.

Los tres participantes en el debate coincidieron en que las soluciones que los gobiernos están intentando aplicar, en especial la llamada ley Sinde-Wert, van más allá de la simple vigilancia del respeto a los derechos de autor. “Tratan de controlar la información que se intercambian los ciudadanos”, opinó Grueso. “Los derechos digitales son los derechos civiles del siglo XXI”, consideró Domingo, “y lo que se nos intenta quitar es el milagro de una comunicación libre”. El presidente de la Asociación de Internautas hizo énfasis en que la libertad de acceso a Internet en España se ve coartada por el alto precio de la banda ancha, “una de las más caras de Europa” y se preguntó “como dos ministros de Cultura tan ideológicamente contrapuestos son abducidos hacia a las mismas conclusiones cuando se trata de propiedad intelectual”.

Los productos digitales tienen un mercado siempre y cuando los precios empiecen a bajar

Ante la pregunta de como enfrentarse a la apropiación indebida de contenido, los tres participantes en el debate hicieron hincapié en la escasez de la oferta legal. Para Perales, el déficit de oferta es “palmario” y fomenta las descargas extraoficiales. Domingo puso como ejemplo las series de televisión: mientras las distribuidoras tienen un catálogo de entre 300 y 400 programas, en las redes P2P hay disponibles más de 1.700, señal de una industria que, según él, “no se ocupa de la oferta”. Grueso indicó que él gasta “cientos de euros” en productos culturales pero “ninguno de ellos” en España, debido a la escasez de los catálogos y el alto precio de los productos en comparación con otros países. Según ellos, el éxito en España de servicios como Spotify, que ofrece música por cantidades “razonables”, confirman que hay un mercado disponible siempre y cuando los precios bajen.

Ante la duda sobre si hay vías para una solución intermedia entre usuarios, creadores y gobiernos para llegar a un consenso, Domingo consideró que un diálogo constructivo “es posible”, pero que “todos debemos dejarnos pelos en la gatera”. Grueso prefirió considerarlo una disputa entre los ciudadanos y el poder, una pugna entre buenos y malos en la que “vamos a ganar los buenos”. Según el director de la oficina regional de la Internet Society en Europa, Frédéric Donck, al menos a nivel internacional, los canales para el debate están abiertos “permanentemente”.

La Internet Society, fundada en 1992, tiene más de 55.000 socios en 72 países, y está presente en España desde 1995. Entre sus objetivos fundamentales está el desarrollo de estándares abiertos, el fomento de discusiones a escala global sobre el futuro de Internet y la difusión de información sobre la Red.

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Sobre la firma

Thiago Ferrer Morini
(São Paulo, 1981) Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. En EL PAÍS desde 2012.

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