"En España hay muchas presiones en relación a la Ley Sinde"

La mesa redonda sobre eLaw (Derecho on-line) de la cumbre Bilbao Web Summit se ha centrado esta tarde en las pruebas electrónicas y la defensa de la propiedad intelectual en Internet. Sobre este último tema ha girado la conferencia de la fiscal Pilar Rodríguez, de la Fiscalía Provincial de Madrid. "Hasta ahora en España no hemos sabido proteger la propiedad intelectual en Internet desde la vía penal y civil, ¿seremos capaces de hacerlo por la vía administrativa?", se ha preguntado la fiscal en relación a la Ley Sinde. "Es el reto porque hay muchas presiones dentro y fuera de España. En Europa nos miran con lupa", según Rodríguez. "España está a la cola en la protección de la propiedad intelectual, cuando la cultura es un sector que representa el 4% del PIB y si se trata bien podría alcanzar el 8% o el 10%".

La fiscal, con 19 años de experiencia profesional, ha señalado que en España existían tres formas de proteger las obras de los autores en Internet: por la vía penal (como delito), la vía civil o a través de la intermediación de la Administración, como es el caso de la Ley Sinde, aún en tramitación.

Perseguir las vulneraciones de la propiedad intelectual como delito no es posible en España, según Rodríguez, porque para ello es preciso demostrar desde 2006 que hay un ánimo de lucro comercial a gran escala. Con la vía penal cerrada, la vía civil también presenta dificultades porque esta vía es "muy lenta" (se tarda dos meses solo en registrar la demanda) y los perjuicios a los autores no cesan durante un amplio periodo de tiempo. "No es una respuesta ágil a estas vulneraciones", ha señalado Rodríguez.

La fiscal apunta que la vía administrativa (Ley Sinde) ha tenido que solucionar algunas trabas, como la colisión de derechos ( a la intimidad, el honor, secreto de las comunicaciones), por lo que se ha incluido a jueces de la Audiencia Nacional. "Esto entorpece el proceso. El reglamento está en tramitación, pero no se sabe cómo terminará", ha dicho Rodríguez.

Asimismo, la ponente ha recalcado que el nuevo reglamento "responsabilizará a las empresas de intermediación (páginas de enlace)", pese a no haber sido formalmente parte del proceso.

Por su parte, José María Anguiano, socio del Departamento de Tecnologías de la Información de Garrigues, ha explicado las dificultades de incluir pruebas relacionadas con la web en un juicio. Anguiano ha señalado que las pruebas electrónicas tienen tres características: son volátiles, intrusivas y, muchas veces, unilaterales. Para reducir su volatilidad, el abogado ha apuntado la necesidad de buscar los servicios de un notario que de fe de que la prueba existe en la web porque "al día siguiente ha podido desaparecer".

"En el mundo digital se producen colisiones de derechos y hay una exacerbación del de la intimidad, que está sobreprotegida. No es el más importante. La sociedad de la información necesita una sociedad madura y entender la intimidad en un sentido amplio, no verla en cada pequeño detalle", ha precisado.

En lo que respecta a la uniliteralidad de las pruebas electrónicas, Anguiano ha advertido que el valor de un correo electrónico en un juicio es, en la actualidad "cero". "Es preciso crear el correo electrónico certificado, algo como el servicio Metaposta del Gobierno vasco" porque para usar un mail como prueba la "intervención de un tercero es vital". En el encuentro ha participado también Juan José Marín López, director del equipo de Copyright de Gómez-Acebo& Pombo Abogados.