La CMT multa con 300.000 euros al ayuntamiento de Málaga por dar conexión gratis a Internet

El Ayuntamiento de Málaga estudia interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de sancionarle con 300.000 euros por ofrecer conexión a Internet gratuita a través de Wi-Fi sin estar inscrito para ello en el registro de operadores. El Consistorio entiende que "no tiene razón desde el punto de vista jurídico ni sustancial, ni formal", según el concejal de Nuevas Tecnologías, Francisco Salas.

El edil explicó que el Ayuntamiento de Málaga confeccionó un proyecto de despliegue de puntos de acceso WI-FI, dentro de la propia red municipal, haciendo uso de los conmutadores, la capacidad de transferencia de datos y los enlaces de comunicaciones ya existentes. Basándose en este proyecto, el Ayuntamiento de Málaga realizó una consulta a la CMT el 18 de abril de 2008 para asegurar la adecuación de dicho proyecto con la legalidad vigente y fruto de la respuesta a esta consulta se adecuó la iniciativa para poder ofrecer acceso a Internet a los usuarios de servicios municipales de forma gratuita, lo que está en funcionamiento desde agosto de 2008.

A partir de este momento y actuando, según parece, de oficio, "algo inédito hasta la fecha con administraciones locales", ha subrayado el concejal, la CMT comenzó una serie de acciones contra el Ayuntamiento de Málaga, como la apertura de procedimientos informativo y sancionador. Además, declaró, "la CMT ha desoído los argumentos del Ayuntamiento de Málaga, al objeto de constituir al Consistorio en operador o, en caso contrario, imponer una sanción, que en primera instancia fue de entre 1.000 y 2.000 euros y que, tras alegaciones por parte del Ayuntamento y al no acatar sus exigencias, fue aumentada a 300.000 euros, la mayor cantidad barajada por la CMT a las administraciones locales".

Respecto a los expedientes informativo y sancionador, ha señalado que el Ayuntamiento de Málaga contestó "diligentemente" a todos los requerimientos planteados por la CMT, "alegando de forma insistente las razones por las que entiende que el acceso a Internet que pone a disposición de los usuarios de servicios municipales debe ser entendido como un supuesto de autoprestación, siguiendo precisamente los planteamientos expuestos por la propia Comisión". Por este motivo, Salas considera que no es necesario realizar notificación a la CMT, según recoge la Ley General de Telecomunicaciones. El acceso sólo se ofrece dentro de instalaciones municipales.

Ante la resolución de la CMT, los grupos de la oposición, PSOE e IU, han sido especialmente críticos con el equipo de gobierno del PP. Así, los socialistas lamentan "la torpeza" de los populares en este asunto y denuncian que, "una vez más, el alcalde, Francisco de la Torre, incumpla la legislación vigente con la puesta en marcha de la red Biznaga". Así, ha señalado que la multa de 300.000 euros, "que tendrán que pagar todos los malagueños", era algo que "se veía venir, ya que se advirtió desde la CMT al equipo de gobierno, pero, como siempre, no hizo caso". En este sentido, ha destacado que iniciativas similares llevadas a cabo por otros municipios tuvieron que ser cerradas "por competencia desleal con los operadores de telecomunicacines". "Lo que nos preocupa es, por tanto, que el PP, sabiendo estos antecedentes y vulnerando la legislación vigente, siguiera adelante, obligando a la CMT a imponer una sanción muy grave de 300.000 euros, a la que el Ayuntamiento tendrá que hacer frente en estos momentos de crisis".

Para el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, "el desbarajuste del equipo de gobierno no lo tienen por qué pagar los malagueños, bienvenido el uso gratuito de Internet, pero existen unos requisitos legales que hay que cumplir".

La CMT considera que el Ayuntamiento de Málaga ha cometido una infracción "muy grave", al explotar una red pública de comunicaciones electrónicas y prestar servicio de comunicaciones electrónicas como "proveedor de acceso a Internet" sin antes presentar ante este órgano la notificación pertinente. La ley vigente exige para dar estos servicios una notificación a la CMT y determina que la prestación por parte de las administraciones públicas se realizará con la "debida" separación de las cuentas y con arreglo a los principios de "neutralidad, transparencia y no discriminación".