EE UU anuncia "la mayor ofensiva legal de la historia" contra la "epidemia" de la piratería
Ashcroft apoya la criminalización de los usos más comunes de las redes de intercambio
"El robo de la propiedad intelectual es un peligro claro para nuestra economía y la salud y seguridad del pueblo estadounidense", afirmó ayer el fiscal general de Estados Unidos -equivalente al ministro de Justicia- en una rueda de prensa en la que anunció un endurecimiento de la ofensiva legal contra la piratería de marcas, música y películas, que apunta tanto a falsificadores como a consumidores. John Ashcroft pide nuevas leyes que permitan demandar a quienes produzcan software que induzca a la piratería.
Según las estimaciones hechas públicas por el Fiscal General de EE UU, las compañías de este país pierden cada año 250.000 millones de dólares cada año por culpa de la piratería. Un "robo de los recursos nacionales", según Ashcroft, "que se ha convertido en una epidemia".
El Departamento de Justicia pidió a la comisión especial sobre propiedad intelectual un informe que ofreciese soluciones para acabar con el problema. La comisión ha redactado un texto de 55 páginas que contempla recomendaciones destinadas a proteger la industria del cine y la música. A partir de las medidas contempladas en este informe, "el Departamento de Justicia prepara la mayor ofensiva legal de la historia para luchar contra el crimen relacionado con la propiedad intelectual", anunció ayer Ashcroft en Los Ángeles.
Criminalizar las redes P2P
El informe respalda por ejemplo una ley, la Piracy Deterrence and Education Act, en proceso de aprobación en los órganos legislativos estadounidenses, que supondría la criminalización de los usos más comunes de las redes de intercambio de archivos. También apoya la aprobación de otra norma, la Induce Act, que impondría sanciones penales a aquellas compañías que desarrollen programas, no ya dirigidos específicamente a permitir el pirateo de contenidos protegidos, sino que simplemente "induzcan" a esta por sus características. La introducción de una medida similar en la reforma del código penal que entró en vigor en España el pasado 1 de octubre creó una gran polémica entre la comunidad internauta.
En EE UU, esta ley tampoco agrada a muchos operadores del sector tecnológico. Así, mientras que el informe y el anuncio de Ashcroft han sido aplaudidos por las industrias de cine (MPAA, en sus siglas en inglés) y la música (RIAA), la ley sobre la inducción a la piratería ha sido duramente criticada por compañías como CNET Networks, Bell South, EarthLink, Google, MCI, RadioShack, Panasonic, Red Hat, Sun Microsystems, Verizon Communications y Yahoo.
El estudio de la comisión también rechaza la reforma de la ley que en 1998 impuso duras restricciones tecnológicas, la Digital Millennium Copyright Act, que restringe la producción de programas que permitan saltarse protecciones tecnológicas de contenidos protegidos por la propiedad intelectual.
"Ayudar" a otros países
Siguiendo las recomendaciones de a la comisión, el Gobierno de EE UU, según el anuncio realizado ayer, creará cinco nuevas unidades -que se unirán a las trece existentes- dedicadas a identificar y perseguir a los sospechosos de a los sospechosos de violar la propiedad intelectual.
Además, se enviará a investigadores federales a las embajadas de Hungría y Hong Kong para "ayudar" a estos países a luchar contra la piratería y garantizar que incluyen en sus legislaciones duras sanciones contra este delito.
Contra todos los piratas
La nueva legislación apuntará tanto a los falsificadores que actúen individualmente como a las grandes redes internacionales. La industria del cine y la música son quizás las que más publicidad han dado a este problema, pero las nuevas medidas contra la piratería pretenden también una reducción de la falsificación de bienes de lujo, medicamentos, las baterías de los móviles y otros aparatos electrónicos, así como los alimentos infantiles.
Las industrias relacionadas con la propiedad intelectual representan cerca del seis por ciento del Producto Interno Bruto estadounidense, emplean más de cinco millones de personas y aportan unos 626.000 millones de dólares a la economía del país, según los datos aportados por Ashcroft.
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