España sólo roza el medio millón de firmas electrónicas a los tres años de su aprobación

El Gobierno creó la firma electrónica con un Decreto y por la vía de urgencia en septiembre de 1999. Se presentaba como un programa modélico que iba a situar a España en la vanguardia de la sociedad de la información al permitir actuar en Internet con total garantía de privacidad y seguridad. A primeros de 2004, más de tres años después y tras reformar su regulación por vía de ley ordinaria, tan sólo 446.239 personas físicas o jurídicas han solicitado la firma electrónica a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La cifra de certificados expedidos por el resto de entidades registradoras es muy poco significativo según reconoce el propio Ministerio de Economía.

El subsecretario de Estado de Economía, Miguel Crespo, ha adelantado que su departamento descarta que la cifra aumente de forma exponencial en los próximos años. De hecho, no cree que se llegue a superar el millón de firmas. El motivo para este frenazo es, según Crespo, la creación de DNI electrónico que hará que en 2007 todos los documentos de identidad expedidos cuenten con un chip con los datos personales de su titular. Esta tarjeta servirá para que los ciudadanos se identifiquen con seguridad en la Red.

Aunque el modelo de la firma digital es aplicable tanto en el ámbito público como en el privado, su uso se ha concentrado en la relación de las empresas con la Administración. Por ello, Economía confía que todas las utilidades telemáticas que ha puesto a servicio de las sociedades (que Crespo cifra en más de un centenar) sean el motor principal para la incorporación de las pymes a Internet.

De hecho, este aspecto es uno de los problemas fundamentales en el retraso de España en la incorporación a las nuevas tecnologías: sólo el 36% de las pequeñas y medianas empresas utilizan la Red y el e-mail con normalidad, según cifras de la Confederación de Pymes; en lo que al comercio electrónico se refiere el porcentaje se reduce hasta el 18%.

Crespo, que ha hecho hoy balance de la actuación del Ministerio de Economía en el ámbito de la administración electrónica, ha resaltado también que su departamento ha planteado varias medidas encaminadas a promocionar las posibilidades en la vida privada. En este sentido ha destacado que la Ley de Transparencia de las Sociedades Cotizadas (también conocida como ley Aldama) obliga a que todas las sociedades presentes en la Bolsa ofrezcan ya sus datos en Internet. Sin embargo, un reciente estudio publicado el pasado domingo por EL PAÍS revela que la calificación media de las páginas web de estas compañías no llega al aprobado. Es más, de las 130 que negocias sus acciones en el mercado de valores, sólo aprueban 67, justo la mitad.